Después de haber piloteado la relación con un Congreso fragmentado y adverso, Mauricio Macri sufrió en cuatro días una ráfaga de derrotas parlamentarias, propinadas por propios, opositores moderados y detractores sin retorno.
La semana negra del Presidente en el Congreso se inició con la decisión de Elisa Carrió de retirarle su apoyo al proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, cuyo objetivo final es la remoción de la Procuradora Alejandra Gils Carbó, líder de un colectivo kirchnerista en el Poder Judicial.
Tras haberse sometido a una angioplastía, Carrió tachó de inconstitucional la iniciativa y pidió avanzar con un juicio político sobre la jefa de los fiscales. El problema para Macri es que no cuenta con los dos tercios requeridos en ambas cámaras del Congreso ni de un clamor popular para conseguirlo.
Esa reforma anti Gils Carbó había sido fruto de un acuerdo con el massimo y empoderado a la diputada Graciela Camaño al frente de una comisión estratégica. El acuerdo voló por los aires.
En palabras de Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, la sucesión de traspiés que sobrevino en los últimos días partió de la rebeldía de la jefa de la Coalición Cívica que dinamitó los puentes con los dialoguistas del PJ.
La tensión pudo percibirse en el lanzamiento de la mesa nacional de Cambiemos, con Macri, Carrió, Ernesto Sanz y otras figuras de la coalición gobernante, pero ante la prensa llamativamente solo hablaron Gabriela Michetti y segundas líneas.
Por otro lado, el Presidente había reclamado la sanción del régimen de Participación Público Privada -pontificada como usina de inversiones- y los alfiles parlamentarios de Cambiemos estuvieron hasta último momento negociando aportes de Sergio Massa y Diego Bossio, garantes del quórum que necesita Cambiemos.
Sin embargo, a la hora de la verdad, el Frente para la Victoria planteó sus diferencias y propuso que el proyecto volviera a comisión, a lo que se plegó inesperadamente el massismo -con disidencias internas-. La votación terminó 105-107.
Ahora, Cambiemos espera tratarlo el martes en comision sin mayores retoques y votarlo el miércoles, pero el massismo sigue pidiendo cambios. Al día siguiente de aquel inesperado revés, se esperaba que el proyecto de Ley de Presupuesto 2017 consiguiera dictamen de comisión, pero también fue postergado.
Voto electromanual
En tanto, nuevos interrogantes surgieron en torno al plan de implementar la Boleta Única Electrónica en las elecciones del año próximo. Después de haber sido aprobado en Diputados, los senadores del FPV-PJ, Juan Manuel Abal Medida y Omar Perotti, presentaron una alternativa para que que el conteo sea manual y que la boleta no tenga chip, por miedo a posibles hackeos.
Si se aprueba, seguirá habiendo terminal electrónica pero el conteo volverá a ser manual. Es difícil que Cambiemos logre prevalecer si hay acuerdo de todo el peronismo.
Puede ser un adelanto de los tiempos que se vienen: el PJ en todas sus vertientes puede complicar a Macri, aun cuando no encuentre caminos electorales que lo unifiquen.
Mientras tanto, Ezequiel Fernández Langan, el funcionario del Ministerio del Interior encargado de poner en marcha la reforma, se come las uñas. La planificación original lleva un mes de retraso y todavía no tiene fecha de salida.
Debe llamar a licitación para comprar las terminales electrónicas, esperar que la Cámara Nacional Electoral homologue el sistema, poner a tono toda la infraestructura nacional y elaborar planes de capacitación para jefes de mesa y electores.
El derrotero de CFK
Este lunes Cristina Kirchner arranca con un nueva pasarela judicial en el juzgado de Julián Ercolini, quien la investiga por el direccionamiento de obra pública durante su gestión a las empresas de Lázaro Báez, presunto socio y testaferro familiar.
A esa causa se les suman las denominadas Hotesur y Los Sauces, por maniobras con sus hoteles y los beneficiarios de la obra pública y la que la tiene procesada por la venta de dólar futuro sobre el final de su gobierno.
La expresidenta tiene una muy alta valoración negativa, pero al mismo tiempo recoge un número privilegiado de adhesiones para una elección legislativa. En consecuencia es una actriz a tener en cuenta en los comicios de 2017, lo mismo que Daniel Scioli, otro de los apuntados por la Justicia a través de sus colaboradores.
En ese marco, Cristina refuerza su estrategia de defensa diciendo que es víctima de un ataque sistemático del Partido Judicial, mientras mueve todas las fichas posibles dentro del esquema de lealtades que dejó en la Justicia.
En total son unas 60 causas las que involucran al kirchnerismo con la corrupción, según el Observatorio de la Corrupción, que acaba de lanzar la Corte Suprema de Justicia para poner una lupa sobre la actuación de los jueces y camaristas federales.
Entre todos los expedientes genera expectativa el que fue archivado por la denuncia que presentó Nisman contra Cristina por presunto encumbrimiento de los autores del atentado a la AMIA.
El archivo de esa causa fue decidido por el juez Daniel Rafecas, ratificado por la Cámara Federal y convalidado por el fiscal ante la Cámara de Casación Javier de Luca. Pero ahora la DAIA planteó una apelación para que le permitan ser querellante y abre el juego a la Cámara de Casación.
La sala I que debe decidir este delicado asunto está integrada por la presidenta de esa Cámara, Ana María Figueroa, y por los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Se descuenta que Figueroa votará a favor de Cristina pero los otros dos quieren que por lo menos se investigue.
El punto es que esos jueces son subrogantes hasta fin de año y la Cámara Federal todavía no remitió la causa. Por eso, la DAIA presentó el viernes un pedido de "pronto despacho" para que pueda intervenir el tribunal superior.
Mientras tanto, trascendió que la defensa de Cristina Kirchner podría impugnar a Borinsky con un argumento polémico: su condición de judío.
En el caso de que se abra la investigación habrá que determinar si interviene el decidido Claudio Bonadio, por conexidad con otra causa, o Rafecas.