Después de mucho andar -cuando las noticias sacudieron con las muertes de varios bebes y chicos golpeados por sus padres o parientes y todos aquellos que fueron abandonados por sus madres biológicas tanto en la Capital Federal como en el interior del país, se aprobó el miércoles 28 de septiembre en el Congreso la Ley de Protección Integral a la Niñez, que derogó la Ley de Patronatos.
    El proyecto fue convertido en ley sin debate alguno, dentro del marco de una sesión especial de la Cámara de Diputados, en la que el duhaldismo y la oposición lograron aprobar con un ajustado quórum -129 legisladores y sin presencia del oficialismo- esta normativa legal que otorga responsabilidad prioritaria a la familia para asegurar el cuidado de los niños mientras que los organismos del Estado deben asegurar políticas y programas de asistencia apropiados para que la familia pueda asumir esta actitud teniendo en cuenta la opinión de los niños y adolescentes.
    Tiene como fin primordial la creación de la figura del Defensor de los Derechos del niño y apunta a la descentralización de los organismos de aplicación de las distintas políticas de protección a los derechos para garantizar mayor autonomía, agilidad, y eficacia de esas medidas.
    Este Defensor tendrá a su cargo velar por la protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
    UNICEF de Argentina, que participará en el abrazo simbólico al Congreso por la sanción de esta ley, destacó a través de sus máximas autoridades que “esta norma cambia la relación entre el Estado y los niños, porque es la mejor noticia del año relacionada con la niñez”.
   Sólo resta esperar que la misma sea aplicada y que, junto con la Convención de los Derechos del Niño, se pueda proteger y regular todas las situaciones en las cuales se involucran niños que ven peligrar su vida, su integridad y libertad tanto física como emocional frente a actos de violencia ejercidos por adultos que logran quedar libres de culpa y cargo como si nada pasara, y se cobran la vida de una criatura indefensa.
   Por ello, es necesario que las declaraciones de la presidente de la Comisión de Familia de la Camara Baja -Dra Silvia Martìnez- respecto a que "se trata de un concepto muy importante en derechos humanos" y cuya exigibilidad "permita respetar los derechos de los niños y adolescentes", no queden en un simple discurso político sino que sean válidas y ciertas, con el compromiso de que, con posterioridad a la sanción de esta ley, los resultados de la misma serán efectivos y no quedarán en el simple espíritu de la letra de una ley que resulta adecuada, pero imposible de aplicar por quedar "dormida" como tantas otras.

Graciela Catalán Álvarez