La información sobre las coimas pagadas por la constructora brasileña Odebrecht en la Argentina se hace esperar, pero ya alteró los ánimos de la política nacional y reactivó la guerra entre el Ejecutivo y un sector de la Justicia.

Esa pulseada entre el Gobierno de Mauricio Macri y los soldados que Cristina Kirchner dejó atrincherados en los tribunales de Comodoro Py se libra en superficie y subterránea.

El Presidente lo hizo público durante una entrevista el jueves cuando acusó a la procuradora Alejandra Gils Carbó de "crear cortinas de humo" en torno al caso y "amparar delitos que se cometieron en la época del kirchnerismo".

Macri sonó desbocado cuando advirtió a los miembros de la Justicia Federal que "más vale que nos representen, si no vamos a buscar a otros jueces", al reclamarles que investiguen al ex superministro K Julio De Vido.

El Presidente buscó cubrir varios flancos con la declaración. Se alineó con Elisa Carrió, quien llegó a acusar al Gobierno de proteger a De Vido y buscó despegarse del escándalo del Lava Jato que salpica a dos allegados: el jefe de Inteligencia, Gustavo Arribas, y su primo, Angelo Calcaterra, cuya constructora -la vendió hace poco- es socia de Odebrecht.

El Gobierno lidia con un sector de la Justicia Federal que no oculta su kirchnerismo.

Al asumir, el Presidente pidió que se avanzara en la remoción de la procuradora y de varios jueces federales, pero solo logró la salida de Norberto Oyarbide por gestiones oficiosas de su amigo Daniel Angelici.

Macri le encomendó al ministro de Justicia, Germán Garavano, que corrieran la misma suerte que Oyarbide, el camarista Eduardo Freiler y los jueces Rodolfo Canicoba Corral y Daniel Rafecas, acusados de favorecer a los Kirchner.

El proceso contra Gils Carbó y/o el plan para limitar su mandato avanza y retrocede en el Congreso, mientras que la remoción de Freiler, un camarista muy flojo de papeles, quedó bloqueada esta semana en el Consejo de la Magistratura.

El juego de mayorías cortas en ese cuerpo también escuda a Canicoba y Rafecas. El Gobierno necesita de otra victoria electoral para pasar la escoba.

El peligro es si quiere permear en la Justicia como hizo su antecesora.

La administración macrista buscó mostrarse como la contracara del kirchnerismo en torno a la corrupción y la transparencia, pero algunos hechos empañaron esa proclama. El caso del Correo Argentino es uno de ellos.

Mientras la causa tramita en la Justicia, Macri le pidió la renuncia al procurador del Tesoro, jefe de los abogados del Estado, Carlos Balbín, luego de que emitiera un dictamen contrario a la empresa perteneciente a la familia presidencial.

Garavano también fue destinatario de la impaciencia del jefe de Estado en torno al caso Odebrecht. Le reclamó insistentemente a su ministro un acuerdo con los abogados de la constructora para que entreguen la información sobre los 35 millones de dólares que los ejecutivos de la empresa brasileña dijeron haber pagado en la Argentina entre 2007 y 2014.

Macri no quiere que la bomba la administre Gils Carbó. El problema es que esos acuerdos lucen desprolijos en las manos del Poder Ejecutivo.

Garavano encaró las gestiones con el nuevo procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías y la jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.

Alonso advirtió a su jefe que podía incurrir en negociaciones incompatibles con la función pública y decidió bajarse de la negociación. También Saravia Frías puso reparos y el pacto quedó en stand by.

Otras gestiones

Ese jueves 1 venció el plazo pedido por la empresa para negociar en 11 países la entrega de información a cambio de reducción de penas y la permanencia de Odebrecht en las licitaciones y obras ya adjudicadas en esas naciones.

El viernes cuatro fiscales involucrados en la ramificación local del Lava Jato viajaron a Brasil para solicitar la documentación a la Justicia de ese país, pero al parecer los procuradores brasileños reclaman que la Argentina se comprometa a no perseguir penalmente a los ejecutivos de Odebrecht.

En el país rige desde el año pasado la Ley del Arrepentido que permite otorgar beneficios a delatores, pero no exculparlos.

Paralelamente Garavano buscaba aprovechar un viaje programado a Estados Unidos para solicitar ante el fiscal general, Jeff Sessions, el acceso a la información oculta, debido a que Odebrecht acordó revelar los hechos ilícitos ante la justicia de Brasil, Estados Unidos y Suiza.

¿Irrumpe otro escándalo?

En la Justicia argentina pocos garantizan la independencia del brasileño Sergio Moro, quien gatilló con el Lava Jato una de las causas por corrupción de mayor alcance geográfico, político y económico de la historia.

A miles de kilómetros del juzgado de Moro en Curitiba, Claudio Bonadio sigue sumando expedientes para investigar la corrupción en la era K en Comodoro Py.

Quedó ahora al frente de la causa por la denuncia que efectuó Alberto Nisman cuatro días antes de morir contra la expresidenta y varias figuras de su gobierno por encubrimiento del atentado a la AMIA.

Bonadio es cuestionado desde que fue mencionado por Domingo Cavallo como uno de los que aparecía en la servilleta del entonces ministro Carlos Corach como permeable a los intereses del gobierno menemista.

Cristina aprovechó este y otros flancos del juez y sus superiores para victimizarse.

En medio de estos entramados judiciales la agenda sumó un nuevo foco de atención con un caso de similares características al de Nisman: la sospechosa muerte del financista Aldo Ducler.

Su deceso es más intrigante por el hecho de haber presentado una denuncia contra los Kirchner en la Unidad de Información Financiera (UIF) dos días antes de morir.

En esa presentación, trascendió, estaba dispuesto a dar detalles sobre el manejo de los evaporados fondos de Santa Cruz y de la poco transparente venta del 25 por ciento de las acciones de YPF a la familia Ezkenazi.

Como con Nisman, seguramente la denuncia y la muerte serán ejes de nuevos derroteros judiciales.