La actual disputa entre María Eugenia Vidal y los gobernadores de provincias por el Fondo del Conurbano y las transferencias por coparticipación, no resulta ser novedosa en absoluto. Esta batalla, producto de un sistema tributario excesivamente centralista y discrecional, deja a las provincias con una capacidad de maniobra verdaderamente reducida, menguando sobremanera tanto sus ingresos, independencia y ulteriores responsabilidades como así también al tan vapuleado federalismo.

Este litigio, que en teoría tendría que haber sido solucionado con una nueva Ley de Coparticipación Federal, la cual debía sancionarse dentro del año posterior de la Reforma Constitucional de 1994, se mantiene todavía vigente. El principal motor del mismo es la imposibilidad que presentan los gobiernos provinciales de financiar, con recursos propios, su abultado nivel de gasto. 


En un informe realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, se manifiesta un desbalance entre las potestades tributarias y las responsabilidades de gasto. Mientras la Nación recauda aproximadamente un 76% de los ingresos totales, ésta solo debe responder por el 57% de los gastos. Por otro lado, las provincias cuentan con solo un 24% de la totalidad de los recursos pero deben hacer frente ante un 43% de los desembolsos. ¿Qué significa esto? Que el Estado nacional recauda más de lo que gasta, mientras que la realidad de las provincias es la opuesta. Este desfasaje entre ingresos y gastos permite a la nación jugar como prestamista de ultima instancia, realizando transferencias a las provincias para que éstas puedan hacer cerrar sus números. Sin embargo, en la practica, dichas transferencias resultan ser discrecionales, por lo que siempre han existido provincias premiadas o castigadas dependiendo del signo político de los gobiernos de turno.

Esta discrecionalidad en el reparto de transferencias ha perpetrado por mucho tiempo la existencia de gobiernos provinciales increíblemente ineficientes, con Estados sobredimensionados para sus capacidades de financiamiento. De esta manera, las autoridades locales nunca se vieron en la necesidad de ajustar el tamaño de sus administraciones, debido a que siempre podían contar con las “ayudas” del Estado nacional. Así las cosas, el informe del IARAF establece que las cinco provincias más beneficiadas en transferencias por coparticipación, en términos per cápita, fueron Tierra del Fuego, Catamarca, Formosa, La Rioja y La Pampa, las cuales históricamente han presentado un tamaño de su sector publico mayor al del promedio del país. Por otro lado, aquellas jurisdicciones que fueron menos favorecidas por las arbitrariedades del gobierno central fueron la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Chubut. Estas últimas históricamente han concentrado la mayor parte del sector productivo nacional y aportan una porción mayúscula de los ingresos de la nación.

Resulta imposible no detenerse a pensar un momento sobre la paradoja de la estructura del Estado argentino. ¿Existe realmente un sistema de premios y castigos para los gobiernos provinciales? Y si la respuesta fuera negativa, ¿Cómo podemos conseguirlo?

Para lograr este último objetivo será necesaria una verdadera reforma tributaria, en donde se modifiquen radicalmente los roles de la nación y de las provincias. Estas últimas deben tomar las riendas de su propio destino, dejando de lado el rol marginal que ocupan actualmente, volviéndose plenamente merecedoras de sus éxitos y responsables por sus fracasos. Es esencial generar un verdadero sistema de autogobierno, con mayor independencia, autarquía y por supuesto, obligaciones. De esta manera, sin un Estado nacional que las tome de rehenes, las provincias no podrán posponer por más tiempo los desafíos que tienen por delante. Precisamente, aquellas jurisdicciones realmente productivas y que cuenten con una administración adecuada, florecerán. Por otro lado, aquellas que hayan caído en el clientelismo y la corruptela de un Estado megalómano y sobredimensionado, no tendrán otra opción que un drástico cambio de rumbo.