Duras polémicas desató la nueva ley de Salud Reproductiva o Sexual que fue sancionada bajo el número 25.673, con el decreto 1282/03, a traves de la cual se crea el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable en el ámbito del Ministerio de Salud, con objetivos que van, desde la obtención de un nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable, adopción de decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia, disminución de la mortalidad materno-infantil y prevención de embarazos no deseados, hasta  la posibilidad de brindarle a la población una garantía de acceso a la información, orientación, métodos y prestación de servicios en torno a la educación sexual .
   Así es cómo, a partir del momento que se dió a conocer el texto de esta ley y su aplicación inmediata, surgieron los inconvenientes con la Iglesia Católica, la cual, a través de sus representantes episcopales, mostró públicamente su descontento y disconformidad porque este programa “incita a la lujuria", entre otras expresiones.
   Estas criticas motivaron que los distintos medios periodísticos -ya sea radiales, escritos o televisivos- se hicieran eco de las manifestaciones y provocaran un aluvión de respuestas, con tonos verbales fuertes y lamentables, que sólo conducían a confundir y a no poder entender el alcance de este Programa de Educación Sexual.
   Frente a tal situación, la  Iglesia finalmente dio un paso atrás y disminuyó el tono a la controversia "por la entrega de los preservativos y anticonceptivos hormonales o intrauterinos", con un reparto masivo y gratuito que el ministro de Salud Ginés González García anunció oportunamente como una “campaña antiaborto", advirtiendo que la cúpula del Episcopado “...no quiere quedar enredada en una polémica que estiman agotada ..”.
   Asimismo, los padres de alumnos de 11 y 12 años, a los cuales se les repartió preservativos y anticonceptivos -como ocurrió en la escuela EGB Nº 40 de la capital bonaerense, que asistieron a una clase de educación sexual-, solicitaron explicaciones y el titular de Salud Provincial, Ismael Passaglia, admitió que "Pudo haber sido un error, en estos cursos se hace una demostración de métodos anticonceptivos siendo probable que algunos alumnos se los hayan llevado a sus casas".
    Por otra parte, los especialistas en el tema fueron consultados con relación a la función que deben cumplir la familia, los establecimientos educacionales, la iglesia y el Estado, quien en definitiva es el que lleva a cabo todas las medidas de este programa que fue producto del gran consenso obtenido, tanto a nivel parlamentario, como de las organizaciones no gubernamentales y de grandes sectores de la sociedad en general.
   Es evidente que la implementación de este programa conlleva en su aplicación profundas divergencias sociales que no sólo conmueven a la Iglesia, sino también a los ciudadanos que dudan de su efectividad, de su inmediatez y de las soluciones que pueda aportar frente a concretas situaciones tristemente conocidas y en las cuales sus protagonistas no contaron, en su momento, con la ayuda de programas y contención necesaria frente a embarazos no deseados y porque sus familias tampoco están presentes tratando de comprender lo que sus hijas/os están padeciendo en silencio. Todos ellos viven asustados, agazapados, pudiéndose aplicar aquí la célebre frase: "cuando el lenguaje desaparece en los términos, también desaparece en los contenidos".