Andorra, el pequeño país pirenaico de habla catalana, de solamente 468 kilómetros cuadrados, fundado en 1278, con una población de 78.264 habitantes, según el censo de 2016, lo que determina una densidad de 167,23 por km2, desde el próximo primero de enero de 2018 dejará de ser un paraíso fiscal para los evasores extranjeros y terrenal para su población, cuando pase a informar a los demás estados miembros de la Unión Europa (UE) el estado de las cuentas bancarias en su territorio.

A pesar de su pequeñez, Andorra, cuya moneda es el euro, con un Producto Interno Bruto por Poder de Compra equivalente a 3.327 millones de dólares estadounidenses, tiene uno de los PIB per cápita más elevados del mundo, con nada menos que u$s 49.900 (Alemania 48.400, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 42.400, Francia 42.300, Italia 36.800), mientras su endeudamiento está como porcentaje del producto en el lugar 118 en el planeta en tanto su inflación se sitúa en el 0,9 por ciento anual.

De acuerdo con una resolución adoptada por el gobierno en diciembre de 2016, los bancos, cuya imponencia deslumbra en la ciudad capital, Andorra la Vieja, debieron comenzar a informar desde el primero de enero del ya avanzado 2017 a las autoridades nacionales del estado de las cuentas de cada uno de sus clientes, cosa que se venía manteniendo en secreto desde hace muchas décadas, y esos datos, recopilados, se enviarán regularmente al conjunto de la UE.

Apenas adoptada esa decisión en diciembre de 2016 las entidades financieras que funcionan en ese país, el Crédit Andorrá, el Banc Sabadell d'Andorra, el Andbank, el Bankinter y el Morabanc pasaron a informar a sus clientes señalándoles que debían regularizar su situación fiscal antes del fin de ese año, particularmente en la vecina España, incluida la vecina independentista Cataluña con la que comparte idioma y frontera, de donde proviene la mayor parte de los fondos, o en defecto cancelar sus cuentas para evitarse problemas.

Ello hizo que muchos clientes optaran por remitir sus fondos directamente hacia otros paraísos fiscales entre los que se destacó Delaware, en los Estados Unidos de América, aunque no faltó una cantidad que optase por cerrar sus cuentas y depositar el efectivo, transitoriamente, en cajas de seguridad alquiladas al efecto, hasta llegado el momento, de decidirse oportunamente, hacia donde enviar esos dineros.

Las dineros operados rondaban los u$s 80.000 millones, y las cuentas detectadas, en el caso español, implican sancionen económicas que van desde el 70 al 120% de la sumas no declaradas aunque existe la posibilidad de argumentar que esos fondos corresponden a operaciones realizadas, a más tardar en 2012 ya que existe una prescripción legal para las irregularidades fiscales anteriores a los últimos cinco años o sea previas a 2013.

Los servicios, fundamentalmente los financieros aunque con un importante aporte del turismo, representaban por entonces el 54,5% del producto andorrano correspondiendo a la industria el 33,6 y a la agricultura el 11,9, mientras su fuerza laboral alcanzaba a las 39.750 personas, es decir el 50,8% de la población total, pero de esa cifra el 95,1% operaba en el área de servicios, el 4,4 en la industria y el 0,4 en la agricultura mientras el desempleo llegaba al 3,7.

Resta preguntarse cuáles serán los números cuando todos los fondos ilegales allí depositados tomen otros destinos dada su muy improbable legalización.