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La modalidad de interrumpir por la fuerza las sesiones de los poderes legislativos no es otra cosa que una forma de golpismo, razón por la cual, el Estado no sólo está habilitado, sino que está obligado al uso de la fuerza pública para repeler este tipo de agresiones.
En el contexto de este ejercicio legítimo del monopolio de la fuerza, se ha visto ayer a diputados opositores interponerse entre la gendarmería y los manifestantes violentos para proteger a estos últimos. El resultado no puede ser más negativo para la institucionalidad: señores a los que le pagamos un sueldo para que hagan leyes, legitimando a grupos autoritarios que apuestan al caos y a la violencia como forma de hacer política.
Más aún, el comportamiento de algunos diputados dentro del recinto dejó expuesta la esencia violenta y autoritaria del kirchnerismo. En esa esencia radica hoy el poder K, sostenido cada vez menos en los votos y cada vez más en su capacidad para presentarse como víctimas de la represión que ellos mismos provocan, a partir de su accionar criminal.
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Frente a esto, liberar la zona para que operen los violentos sería el principio del fin de la democracia. Desde ya que nunca es agradable la violencia. Ni siquiera cuando es legal y proviene del Estado. Pero más desagradable sería que los poderes legislativos votaran leyes sólo cuando las patotas de una oposición fascista lo permiten. Si esa fuera la conducta a seguir, todos los argentinos quedaríamos sometidos a la violencia de unos pocos.
El gobierno pensó ayer en la posibilidad de reemplazar el trámite parlamentario de la reforma previsional por la lapicera presidencial, firmando un decreto de necesidad y urgencia que hubiese sido desastroso para la república. No sólo por la inconstitucionalidad del mismo, sino porque ese hecho hubiera significado la capitulación del Poder Legislativo frente a los violentos. Y porque, además, el propio gobierno se hubiese situado en el lugar de autoritario en el que lo quiere poner la oposición salvaje, cuando en realidad, el proyecto de reforma previsional había sido el resultado de un acuerdo entre el oficialismo y los sectores menos irresponsables de la oposición.
