El dato es todo un escándalo y fue investigado por las colegas Rocío Malla Hilal y Agustina Blanco en su momento. Los detalles merecen ser recordados, porque quedaron registrados en un video que Tribuna de Periodistas subió a su cuenta de YouTube.

Tiene que ver con el gobierno de Córdoba, que dejó de contratar un seguro para los móviles de la policía de esa provincia desde mayo de 2012.

De hecho, lo reemplazó por un fondo propio “porque nada es más sólido que el Estado”. Pero la Superintendencia sostiene que no hay datos que avalen ese sistema. Ante un accidente, la gente está obligada a litigar y a esperar años.

En su momento, el colega Marcos Jure lo describió con gran claridad. Así reveló la trama:

Una recomendación para todo automovilista que recorra el territorio de Córdoba: si ve un patrullero policial haga todo lo posible para salir de su camino. Aléjese sin prisa pero sin pausa. Porque ese móvil que se usa para resguardar el orden y la legalidad circula sin la póliza obligatoria establecida por ley, ya que la Provincia decidió reemplazarla por un “autoseguro” que, según la autoridad nacional de aplicación, no está reconocido ni homologado oficialmente.

Si choca, podrá verse obligado a peregrinar por oficinas gubernamentales para tratar de que le paguen las roturas. Ese es el calvario que tiene que vivir actualmente un remisero de Córdoba capital. El 29 de julio, Carlos Brito sufrió un día desastroso por partida doble. Tuvo la desgracia de chocar el auto que es su herramienta de trabajo y único sostén de su familia. Pero, además, el otro protagonista del accidente fue un patrullero de la Policía. Hasta hoy, al chofer no ha recibido un peso y tuvo que presentar una demanda judicial para tratar de que le cubran los 44 mil pesos que cuesta el arreglo de su auto.

Ricardo Fonseca, legislador del Frente Cívico y vicepresidente segundo de la Legislatura, señaló que el gobierno de José Manuel de la Sota contrató a la empresa Provincia Seguros hasta mayo de 2012 pero que, desde entonces, creó un sistema de “autoseguro” que está reflejado en la partida de Seguro de Vida e Incapacidad y Resguardo del Automotor, que tiene un presupuesto de 143,5 millones de pesos. De ese total, hasta mediados de año sólo se habían pagado 22,1 millones.

La existencia del sistema de “autoseguro” fue admitida por el propio gobierno provincial. Ante una consulta de este diario, la respuesta que llegó desde la Casa de Gobierno es que no hay ninguna aseguradora más solvente que el propio Estado y que, por lo tanto, si hay un accidente es la Provincia la que cubre los gastos.

Los problemas de esta contestación son dos: por un lado, si está admitido o no el autoseguro que inventó la Provincia y, por otro lado, qué pasa con quien se accidenta. Fonseca declaró que si un ciudadano choca contra un móvil policial, va a estar obligado a iniciar una demanda judicial y a esperar el pago durante años.

La agente penitenciaria Adriana Rearte, quien dirige el Sindicato de Policías y Penitenciarios de Córdoba (aún no reconocido oficialmente pero con un fallo judicial a favor), confirmó que la policía no tiene ni seguro ni ART. “El seguro que teóricamente cubre a los móviles no está reconocido por la Superintendencia. Lo más grave es que si sufre un choque, el policía tiene que terminar arreglando el móvil con su sueldo. Tenemos compañeros que han tenido que sacar préstamos personales para arreglar el auto. No solamente te perjudican con un sumario administrativo sino también monetariamente porque tenés que pagar el móvil”, dijo Rearte.

- ¿Y qué le pasa al ciudadano que sufre un accidente contra un patrullero?, se le preguntó.

- Y... Si le hacés juicio a la Provincia, tal vez dentro de 10 o 15 años le cobrés algo. Si no, demandá al policía.

Córdoba no adhirió a la ley nacional de tránsito; en cambio, aprobó su propia normativa, la 9.169. En dos artículos, el 40 y el 106, está detallada la obligación de circular con el comprobante de seguro obligatorio, que tendrá que contratarse con una “entidad autorizada para operar en el ramo”.

Cuando dos conductores chocan, lo primero que hacen es intercambiar los números de sus pólizas. En el caso del remisero Brito, jamás logró que los policías con los que chocó le detallaran esa información. Incluso hoy, los datos no aparecen.

Sencillamente porque no existen. Hernán Perazzone es el abogado de Brito. “Lo que la Provincia dice es que cubre los siniestros a través de un fondo y también de Asecor, que es una empresa del propio Estado. Pero cuando nosotros pedimos un informe nos dijeron que ese fondo y la compañía Asecor no cumplirían con los requisitos para ser considerados estrictamente un seguro. Otro problema es que ese fondo provincial no cubre todas las contingencias de un seguro; por ejemplo, sólo arregla las roturas de los autos. Pero no paga lucro cesante ni gastos médicos. En todo caso, la Provincia estaría incumpliendo con la ley de tránsito que obliga a todo el mundo a circular con seguro”, indicó el letrado.

Perazzone agregó que la única propuesta que obtuvieron del gobierno fue que firmaran un formulario para recibir una respuesta a los 120 días hábiles. “Mi cliente vive del remís. Ese fondo dilata los tiempos. Cuando nosotros denunciamos nuestro caso, aparecieron taxistas que tuvieron siniestros con autos del gobierno cordobés y hace más de un año que están esperando”, declaró.

“Ellos no tienen póliza, directamente. Con el agravante de que, en el caso de mi cliente, los funcionarios policiales que llegaron al lugar del accidente se dedicaron a asistir al patrullero y no a Brito, que había quedado lesionado a 188 metros del auto”, manifestó.

¿Está contemplado que los autos del Estado puedan circular sin seguro y que lo reemplacen por un fondo propio? Cristian García es el titular de la Superintendencia de Seguros en Córdoba. Ese organismo nacional es el que interviene cuando hay conflictos entre aseguradoras y damnificados.

García dijo que están recopilando datos con respecto al caso Córdoba. “Hay un inconveniente. Nosotros intervenimos cuando hay un seguro, una póliza. Pero, hasta ahora, en la situación específica de Brito, no ha aparecido ni siquiera un número de póliza ni ningún tipo de información por el estilo. Como no hay seguro, no tenemos un caso en el que actuar, ni para emitir opinión ni nada”, señaló el funcionario nacional.

- ¿Pero se puede sustituir un seguro contratado en el mercado por un autoseguro propio?

- Eso es como si un día decidieras que no vas a pagar más el seguro y ponés la plata en una latita. Por ahí salís a la calle y no te controlan nunca. Tenés que saber que estás incumpliendo con la ley de tránsito. Hay mucha confusión con esta situación. Y me parece que el gobierno tampoco se está preocupando mucho por aclararlo.

El titular de la Superintendencia manifestó además que el autoseguro del Estado cordobés deja indefensos a los damnificados porque impide que el organismo nacional intervenga. “No podemos actuar porque no hay un seguro de por medio. Nosotros estamos para defender al más débil pero cuando existe una póliza. En todo caso, el damnificado tendrá que iniciar un camino contencioso administrativo. Lo empuja a ir a la Justicia, con lo cual los tiempos de cobro y espera son mucho mayores. Hoy, un juicio te puede llevar años y años porque los abogados del Estado están obligados a llegar hasta las últimas instancias”, dijo García.

Cada cordobés sabe que si en la ruta lo detienen en un control de la Policía Caminera, tendrá que aportar, entre otra documentación, la tarjeta que certifica que su auto está asegurado. Si, sólo por curiosidad, el conductor le pidiera la misma información a los agentes que tienen el patrullero esperando en la banquina, seguramente se encontrará con el silencio. O con una respuesta menos diplomática. El Estado puede darse lujos que están vedados para el ciudadano común.