El objetivo que se trazaron Cambiemos y el PJ Federal de aislar al kirchnerismo se cumplió, como ya se nota en el Congreso, y ahora el Gobierno aceita el vínculo con los caciques peronistas de cara a una pelea más compleja, que se libra en el ámbito judicial.

"Después hablame de unidad, la puta que los parió", se la escuchó decir a la diputada del FPV Cristina Álvarez Rodríguez en el medio del griterío de sus compañeros de bloque, cuando los otros peronistas, los de Argentina Federal, se retiraban del recinto junto a Cambiemos y dejaban la sesión sin quórum.

El ala del PJ que responde a los gobernadores ayudó así al oficialismo a impedir que se votara la derogación del "mega DNU" empujada por el kirchnerismo y el massismo, que se quedaron denunciando el "bochorno" ante un recinto semi vacío, y bautizando en los pasillos como "Argentina Satelital" al resto del peronismo. El hecho coronó el cumplimiento del objetivo en común.

Poco antes, en el Senado, bajo la coordinación de Miguel Pichetto, el PJ federal tomó las riendas de la Comisión Bicameral que investigará la desaparición del ARA San Juan y blindó la vicepresidencia para Cambiemos frente a una avanzada K por "respeto a los acuerdos políticos", según Pichetto.

También se quedó con la presidencia de la Bicameral de Control de la Deuda Externa y reservó la mayoría de los lugares para los representantes más directos de los gobernadores y varios oficialistas, relegando al FPV.

El Gobierno de Mauricio Macri necesitaba al kirchnerismo aislado en el Congreso para evitar obstrucciones insuperables a su agenda política y económica; y activo afuera, para confrontar en fondo y forma, mientras que el PJ federal de los mandatarios provinciales lo necesitaba neutralizado, para librar la pelea grande del peronismo.

Ayudados por el recambio parlamentario de 2017, el Gobierno y el PJ federal que conducen colegiadamente los gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta), Juan Schiaretti (Córdoba), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Uñac (San Juan), José Manzur (Tucumán) y Gildo Insfran (Formosa), se repartieron el poder en el Congreso.

Suenan tambores

Pasada la tormenta parlamentaria de diciembre y vista la tregua en el inicio de este año, el Gobierno se prepara ahora para entablar un nuevo diálogo con el PJ Federal, al que necesitará esta vez para meterse en el campo minado del Poder Judicial, con el que hay tensión.

El Gobierno encara un avance sobre el poderoso fuero federal que podría contrarrestar la influencia de algunos jueces y camaristas a los que reprueba, y el Congreso tendrá un lugar en esa historia.

El 3 de abril todos los jefes de bloque del Senado almorzarán con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la Casa Rosada y conversarán, principalmente, sobre la candidata de Macri para la Procuración General, Inés Weinberg de Roca, supo la agencia Noticias Argentinas.

Si bien la propuesta fue inconsulta con el Senado, que debe tomarle examen y votar su nombramiento, hasta el momento nadie presenta objeciones, ni siquiera Pichetto, que vio a su amigo personal y hombre de consulta, el fiscal Raúl Pleé, fuera de la carrera.

No obstante, Macri necesitará un consenso muy grande en el Senado (dos tercios de los presentes) para aprobar el nombramiento de Weinberg, a menos que antes se apruebe la ley de reforma del Ministerio Público Fiscal, que baja ese requisito a una votación por mayoría simple y que está congelada, precisamente, en el Senado, por los cambios que le hizo el PJ y Cambiemos rechazó.

Si consigue pasar el filtro del Senado, Macri ubicará a una jueza ajena a los usos y costumbres de Comodoro Py, extraña para los poderosos jueces federales, como jefa de los fiscales, en momentos en que está pendiente la aplicación del nuevo Código Procesal, que le quita a los jueces la facultad de liderar las investigaciones y se las da a los fiscales. Otro tema de conversación para el almuerzo.

Luego está la reforma del Consejo de la Magistratura, tema sobre el que conversaron esta semana el ministro de Justicia, Germán Garavano, y un grupo de diputados de Cambiemos encabezados por Pablo Tonelli, que tendrá la misión de avanzar con el tratamiento de este proyecto.

La reforma no sólo permitirá una reelección de los consejeros (que deben ir a elecciones en noviembre) si no que bajará el número de votos requerido para activar un jury contra un juez sin necesitar aprovecharse de una mayoría muy circunstancial, como ocurrió con el ahora ex camarista Eduardo Freiler.

En la mira está ahora el juez Jorge Ballestero, por el cambio de carátula de la causa contra Cristóbal López por fraude al Estado.

También para aprobar esa reforma el Gobierno necesitará del PJ federal en Diputados y en el Senado, donde el peronismo hasta le sugirió una solución para concretar la transformación de tribunales ordinarios en federales: un acuerdo entre el Ejecutivo y el Senado, donde la llave la tienen los gobernadores.

La sociedad de Macri y los gobernadores se consolida hasta próximo aviso.