El anuncio del presidente Mauricio Macri de que la jurista Inés Weinberg de Roca era su candidata a procuradora general de la Nación coincidió con el inicio de las tensiones con el Poder Judicial y no tuvo en cuenta la relación entre el Senado y el statu quo del mundo judicial.

En apariencia, el Gobierno confió en la hasta ahora fructífera sociedad que entabló con el bloque de senadores justicialistas que coordina el rionegrino Miguel Pichetto con la venia de los gobernadores peronistas, aunque todavía no envió el pliego de Weinberg de Roca al Senado.

Luego de que Pichetto dijera públicamente que la jueza porteña tendrá que mostrar "solidez para el cargo" en la audiencia pública que debe organizar la Comisión de Acuerdos del Senado (presidida por el justicialista Rodolfo Urtubey, mano derecha del rionegrino), Macri lo invitó a almorzar para conversar pero no consiguió garantías para su candidata.

La versión de que el justicialismo le pone la condición de quedarse con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Penitenciaria y algunos Juzgados para los suyos fue parcialmente negada en ese bloque ante una consulta de la agencia Noticias Argentinas.

Es decir: no lo exigen, aunque todo se puede conversar.

No es ése el principal obstáculo a la iniciativa de Macri sino (paradójicamente) aquello que el Presidente percibió como una ventaja a la hora de elegir a Weinberg de Roca: que se trata de una "outsider", ajena a las tradiciones del ámbito judicial que el Senado, y particularmente el peronismo, respeta.

Pichetto y Urtubey tienen contacto frecuente con miembros de la Corte Suprema como Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, así como con diversos jueces y fiscales de Comodoro Py.

¿Será por eso que el Gobierno filtró semanas atrás su teoría de una "conspiración peronista" entre el Senado y la Corte para anular el sorteo de los jueces que le tocarían a Cristina Kirchner? Los contactos se pueden justificar, si se quiere, en el hecho de que el Senado tiene el rol institucional de aprobar o rechazar las designaciones de jueces y fiscales, pero aún así en la relación entre el peronismo de la Cámara alta y la Justicia hay algo de mímesis.

El PJ no rechaza a Weinberg de Roca, pero no quiere garantizarle a Macri la aprobación de una procuradora general extraña para el statu quo judicial, generalmente protegido por la Corte y Comodoro Py, y menos en un contexto de tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial por la evidente intención del Gobierno de hacer algunos cambios en el fuero federal.

Fuentes parlamentarias con experiencia en este tipo de intrigas señalaron a NA que si Macri hubiera elegido otro nombre para la Procuración General, más familiar para quienes están "en la rosca", la recepción por parte del justicialismo -cuyos votos son imprescindibles para este tema- hubiera sido distinta.

A lo mejor -evalúan- Pichetto y Urtubey hubieran elogiado anticipadamente las aptitudes del o la elegida por el Presidente, en lugar de advertir sobre la "solidez" y la "idoneidad" que deberá mostrar para lograr la mayoría de dos tercios que se requiere para aprobar este tipo de nombramientos.

La falta de garantías no sólo tiene que ver con esto sino también con que Pichetto no puede asegurar los 23 votos que el oficialismo necesita por parte de su bloque de 25.

Gobernadores influyentes

El interbloque del PJ no es monolítico y Pichetto es más un coordinador que un jefe capaz de direccionar los votos de los senadores que integran la bancada.

Es la consecuencia de no contar con un peronista en la Presidencia de la Nación.

Los gobernadores peronistas son los que apadrinan al rionegrino como jefe de la bancada y los verdaderos líderes de la mayoría de los senadores que la integran.

Según supo agencia NA, las negociaciones en torno a la designación de Weinberg de Roca hasta ahora son entre la Rosada y Pichetto, pero a medida que se acerque el momento definitorio, algunos mandatarios provinciales empezarán a tallar en esa discusión.

En ese plano, se deben seguir de cerca los chispazos que empezaron a saltar entre la Casa Rosada y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, por un lado, y el de La Pampa, Carlos Verna, por otro.

Los intendentes agrupados en Unión por Córdoba (el partido de Schiaretti) protestan por supuesta discriminación del Gobierno nacional en la asignación de obras, mientras Verna -un peronista indomable que tiene con Macri tantas quejas como tuvo con Cristina Kirchner- se bajó del Pacto Fiscal.

Schiaretti y Verna tienen mucha influencia sobre el interbloque de Pichetto: el pampeano fue uno de los que sepultó la reforma electoral y el cordobés es un hombre de consulta constante del rionegrino por tratarse del peronista con mayor poder territorial.

De hecho, el respeto y la importancia asignada a Schiaretti se vio reflejado este año cuando Pichetto eligió como su vicepresidente en el bloque a Carlos Caserio, punto del gobernador.

En tanto, se rumorea sobre un posible "efecto contagio" que llevaría a otros mandatarios peronistas a salirse del Pacto Fiscal.