Pocos meses atrás y por primera vez en 20 años, Argentina volvió a importar soja desde Estados Unidos. La noticia que produjo un fuerte derrumbe en el precio del cultivo, no resultó inesperada para el sector. La sequía que venía impactando al agro argentino, fue identificada por la Sociedad Rural de Rosario como la peor en los últimos 70 años y las estimaciones demuestran que las pérdidas podrían llegar hasta los 3.436 millones de dólares.

Lo que a su vez, resultaría en una caída de 4.600 dólares en el PBI. Frente a este pronóstico poco alentador y mientras el campo se plantea cómo salir adelante, ciertos proyectos de ley con respecto al uso de agroquímicos están alarmando a los productores.

Ante esta situación extraordinaria de sequía, se generaron todo tipo de respuestas. Sin embargo, algunos proyectos presentados en este contexto alarmaron al sector. Desde Santa Fe, una de las provincias más afectadas por la falta de lluvia, el diputado Fabián Oliver, presentó un proyecto que contempla un aumento del 100% del impuesto inmobiliario rural, para todos aquellos productores que utilicen agroquímicos. A la par, la diputada Victoria Donda, presentó otro proyecto de ley para prohibir las pulverizaciones aéreas con agroquímicos en todo el territorio nacional. Por supuesto, las críticas no tardaron en llegar.

En Buenos Aires, el proyecto de Victoria Donda generó una gran controversia y a su vez cierta sorpresa. La diputada de Libres del Sur, anunció una iniciativa para prohibir las aplicaciones terrestres de agroquímicos a lo largo del país, alegando que el proyecto tiene fines sanitarios. Según los dichos de Donda, los agroquímicos pueden tener consecuencias fatales, como la muerte de una persona. Lo que justificó citando un estudio llevado a cabo por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial para la Salud (OMS), en el que se señala al glifosato, herbicida de mayor uso a nivel mundial, como ‘probablemente cancerígeno’.

Sin embargo, lo que Donda no tuvo en cuenta es que dicho estudio quedó desestimado, cuando la agencia de noticias Reuters, presentó una investigación en la que se reveló que la IARC editó intencionalmente su estudio, eliminando aquellas conclusiones que no encontraron una conexión entre el glifosato y el cáncer o las malformaciones congénitas. Como si fuera poco, el estudio de la IARC es el único que pone en duda la seguridad del glifosato, mientras que otras instituciones como la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, entre otras, respaldaron al glifosato. De hecho, la Unión Europea, tras un largo y serio debate, decidió hacer valer la evidencia científica en torno al caso y extender la autorización del herbicida por cinco años más.

El proyecto del diputado santafesino Oliver, tampoco fue bien recibido en el sector. Mientras en la provincia, los productores siguen resistiendo y utilizando todas las herramientas a su alrededor para paliar la crisis y fomentar la producción, resulta ilógico que alguien proponga la limitación de los recursos. La presentación del diputado santafesino generó una gran preocupación en el sector, lo que obligó a la ministra de Producción de la provincia, Alicia Ciciliani, a salir a contrarrestar los dichos. En esa línea, la ministra afirmó que el énfasis está puesto en producir más y mejor, para que cada hectárea de la provincia sea productiva. Sin embargo, la problemática ya está instalada y parece que va a generar otro interminable debate. Especialmente, considerando las operaciones que constantemente despliegan aquellos que se hacen llamar por ambientalistas, pero que en verdad recurren a sus propias teorías en lugar de a la evidencia científica, para hacer valer sus reclamos, muchas veces ilegítimos.

Evidentemente, los estudios llevados a cabo por instituciones internacionales y la evidencia científica, no resultan suficientes a la hora de avalar la seguridad de los agroquímicos. O por lo menos, no en nuestro país. Desde la capital de la soja, hasta la provincia de Buenos Aires, la idea de prohibir los agroquímicos tomó un gran protagonismo en el último tiempo. A pesar de los intentos, hasta ahora fallidos, del gobierno nacional de regular la utilización de fitosanitarios y promover las buenas prácticas agrícolas, lo cierto es que por el momento, la problemática carece de solución. Lo que fomenta a su vez, la aparición de todo tipo de proyectos que en lugar de estar orientados a mejorar las prácticas, manteniendo el uso de agroquímicos, se orientan directamente a la prohibición de los mismos. Algo que desde el punto de vista científico, resulta ilógico y hasta dañino para la economía del país.

En un momento en el que el campo necesita valerse de todos los recursos posibles para revertir las consecuencias de la sequía, poner en duda las herramientas utilizadas para mejorar la producción, resulta en un debate retrógrado. Si bien algunos quieren justificar sus iniciativas al enmarcarlas en un discurso preestablecido sobre ambientalismo y supuestas tendencias internacionales, la prohibición de herramientas centrales en el esquema productivo del campo, como lo son los agroquímicos, sólo demuestra la falta de conocimiento en el tema. La utilización de esta tecnología debería ser vista como una innovación necesaria y como un motor de desarrollo. Debatir sobre la prohibición de agroquímicos no solo atrasa, sino que además le da pie a los grupos de interés, que se ocultan detrás de colectivos sociales, para instalar sus propias ideologías, en lugar de darle al sustento científico, la garantía que merece.