En las últimas horas, el juez federal Sebastián Casanello decidió abrir una investigación judicial a raíz de la denuncia sobre aportantes falsos de Cambiemos a la campaña de candidatos legislativos bonaerenses en 2017.

El magistrado hizo lugar al pedido del fiscal Carlos Stornelli, quien propuso una batería de medidas de prueba a raíz de la denuncia de la organización "La Alameda" por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

La investigación reveló 476 nombres de beneficiarios de planes sociales y de trabajo que viven en villas del conurbano y supuestamente habían hecho aportes a la campaña de Cambiemos por 1.160.000 pesos pero que, sin embargo, aseguran nunca haber participado financieramente de ella.

El fiscal Stornelli apuntó la investigación al tesorero y a los responsables económicos y financieros de la campaña de Cambiemos de 2017 y mencionó puntualmente en su requerimiento a Carla Silvia Chabán y a Alfredo Irigoin.

En un principio, "La Alameda" había denunciado a los legisladores Gladys González, Esteban Bullrich, Graciela Ocaña y Héctor "Toty" Flores, quienes fueron los candidatos legislativos en la Provincia por Cambiemos en 2017.

Por otra parte, y de manera paralela, el fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello lleva adelante una investigación preliminar sobre el caso y ya pidió informes a la Cámara Electoral.

Entre otras cosas, Di Lello solicitó a la Gendarmería Nacional que constate si los domicilios de los aportantes son reales y cuáles son las condiciones socioeconómicas de dichas personas, que también fueron afiliadas al PRO en la provincia de Buenos Aires.

La investigación consistió en cruzar la base de datos de beneficiarios de "Argentina Trabaja" y "Ellas Hacen" correspondientes al Ministerio de Desarrollo Social, con el informe remitido ante la Justicia Electoral por parte de la alianza Cambiemos y ahí se encontraron una enorme cantidad de coincidencias de documentos y personas.

Según el informe, "todos aportaron a la campaña de Bullrich y de Ocaña por separado, con pequeñas sumas de dinero, que van desde los 300 pesos a los 1.500 pesos", para ocultar a los aportantes reales.

Lo mismo que investigó la justicia hace 10 años… pero respecto de los aportantes de Cristina Kirchner en 2007.