Merced a un arriesgado ajuste monetario, el Gobierno consiguió en las últimas dos semanas hacer fluctuar el dólar en torno a los 28 pesos, un valor que nadie puede predecir si se trata de un techo o sólo una tregua en la crisis.

Un cóctel de medidas tomadas en simultáneo por el Banco Central con Luis Caputo a la cabeza y el Ministerio de Hacienda a cargo de Nicolás Dujovne, generó un microclima que permitió estabilizar el tipo de cambio, pero también provocó dudas por las contraindicaciones del plan oficial.

Dos dudas subyacen frente a ese escenario: habrá encontrado el dólar un valor de equilibrio y cuál será el daño colateral que arrastrarán las medidas cambiarias.

Licitación de bonos para aspirar pesos y Lebac, subastas de dólares con precios de oferta, tasas elevadísimas, aumento en los encajes bancarios, es la combinación de medidas que, por ahora, le posibilitó al gobierno tomar un respiro frente a una corrida cambiaria que si continuaba hizo presumir lo peor.

Esta contractiva política monetaria acentuará la caída de los índices de actividad, que ya empezaron a dar muestras de que la Argentina entró desde abril en un proceso recesivo.

Las estratosféricas tasas de interés hacen prácticamente imposible que una empresa solicite un préstamo y aniquila las chances de una reacción económica, a la vez que incentiva un negocio financiero con elevado perjuicio para las arcas públicas.

Para el economista jefe de FIEL, Juan Luis Bour, las tasas de interés, tanto de política monetaria como de las Lebac, "podrían subir todavía un poco más", hasta tanto el Banco Central defina cuál es el valor "que equilibra al mercado".

Como siempre, esta tendencia declinante en los índices de producción terminará agravando las de por sí preocupantes variables sociales: más pobreza, más desocupación, más caos general y más crisis: un círculo destructivo.

Este martes, el Gobierno afrontará otra prueba de fuego con el vencimiento de Lebac por 536.000 millones de pesos, unos u$s 18.500 millones, que de volcarse al mercado podría generar una estampida en el precio del billete verde.

Para ese mismo día, el Central tiene previsto una nueva suba de encajes para absorber los billetes que salgan de la inmanejable montaña de Lebac.

En rigor, en esferas oficiales saben que las decisiones cambiarias sólo serán un paliativo para frenar la escalada del dólar, ya que lo central es el ajuste comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que en el Gobierno estiman podría llegar a 300 mil millones de pesos.

El objetivo es cumplir con el 1,3% de déficit fiscal firmado con el Fondo, una meta muy ambiciosa y de difícil cumplimiento, máxime si se tiene en cuenta que el país se encuentra a pocos meses de entrar en campaña preelectoral.

"Toda la plata del FMI no alcanza. El país necesita esto, cumplir las metas y volver a salir al mercado a buscar financiamiento", afirmó el economista y expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian en una disertación en la ciudad de Resistencia.

Ajuste más o ajuste menos, en lo que empieza a existir consenso es que los desequilibrios internos fueron desencadenante de una crisis cambiaria que empezó en mayo pero se acentuó durante junio y que trajo los peores recuerdos del escenario previo del 2001.

En los últimos días, el presidente Mauricio Macri, junto con los principales referentes de Cambiemos, como el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, salieron en conjunto a advertir que la situación es crítica y que el consenso político será clave para superarla.

En realidad, las declaraciones públicas advirtiendo sobre la gravedad de la crisis buscan generan entre la gente la aceptación de que el ajuste es la única salida.

En este crítico contexto, urge la necesidad de encontrar un equilibrio cambiario y una sensible baja en las tasas de interés en pesos para ir recuperando la confianza perdida entre los inversores.

Por ahora, lo único que puede hacer el Gobierno es tomar medidas de coyuntura para evitar nuevos desbordes cambiarios que generen más presión inflacionaria, en un año que terminará con un aumento generalizado de precios por encima del 30% que impacta directamente en los indicadores de pobreza e indigencia.