Luego de tres semanas de calma cambiaria, el Gobierno se ha autoimpuesto la prohibición de dar por cerrada públicamente esa crisis, pero suspiran aliviados y en el fondo así lo estiman. No van a proclamarlo, como bien se cuidó de NO hacerlo el presidente en las varias apariciones públicas que tuvo esta última semana.

Tampoco se puede alardear, pues si bien la corrida pareciera haber concluido, los riesgos subsisten, el mundo sigue siendo volátil y tales circunstancias desnudan la fragilidad de la Argentina, por más apoyo internacional que tengamos. Pero sobre todo porque lo que viene ahora es lo peor de las turbulencias desencadenadas a fines de abril: las consecuencias.

Ya se advirtió en la inflación de junio, con un índice que fue el mayor de los últimos dos años, pero que deja un fuerte arrastre para julio, un mes en el que por cuestiones estacionales -léase vacaciones de invierno- suelen crecer los precios. El “alivio” llegaría en agosto, cuando la inflación bajaría, pero no tanto: el Banco Central estima para el tercer trimestre una inflación mensual promedio del 2%. Para entonces la economía ya estará sufriendo la recesión, consecuencia de los barquinazos de todos estos meses, la inflación tan elevada y las tasas astronómicas. A propósito, el presidente confía en que el Banco Central podrá bajar las tasas en septiembre, tal cual adelantó a los radicales hace dos semanas en Olivos.

Está claro entonces que lo peor no pasó, contradiciendo la frase proclamada por Macri en la Asamblea Legislativa y que aún le reprochan. Eran tiempos en que el optimismo era una bandera innegociable para los que bajan línea en Cambiemos. Lo peor está por venir, es lo que puede augurarse para el común de la gente, aunque a decir verdad más grave sería si no hubiesen podido frenar la corrida cambiaria y el valor del dólar siguiera marcando récords.

Previsiblemente entonces Macri dejó de lado ese tipo de diagnósticos en la conferencia de prensa que brindó en Olivos. Allí no pronunció la palabra crisis, habló de “tormenta”. Convenientemente “coucheado”, en el Gobierno celebraron que no le hubieran entrado las balas: no había pregunta para la que no hubiese sido entrenado. Por eso se animó al día siguiente a atender un nuevo interrogatorio, esta vez de ciudadanos de la red social Instagram: habló de las series de Netflix que le gustan, del Mehari que fue su primer auto, y eligió a las Rhodesia por sobre las Tita… Más allá de los “chivos”, para deleite de Durán Barba el mandatario pudo mostrar su versión “humanizada”.

No todo fue tan liviano: dejó claro que buscará la reelección. “Estoy acá para acompañar el cambio todo el tiempo que ustedes decidan”, señaló, por si quedaba alguna duda.

Eso sí: ni un anuncio hizo, y perdió así una gran oportunidad de darle sustancia a la expectativa que había despertado esa conferencia de prensa anunciada con cinco días de anticipación. ¿Y su rechazo a las retenciones? Fue enfático, pero no tan contundente como para descartar definitivamente que pueda llegar a alterar el cronograma de baja de las retenciones a la soja. En rigor, fue sincero: no está en su espíritu mantener ese impuesto, pero la meta fiscal es “irrenunciable”, tal cual señaló el ministro Dujovne, por lo que si llegado el momento ven que se quedan cortos con el ajuste, tendrán que sacrificar también esa promesa. Mientras tanto avanzan con las provincias para diagramar el presupuesto que a partir del 15 de septiembre deberá definir el Congreso. Rogelio Frigerio y Nicolás Dujovne fueron recibiendo a ministros de Economía para adelantarles las características del ajuste que deberán hacer. Previamente habían dejado trascender la astronómica cifra total del recorte: 300 mil millones de pesos, que en un principio el Gobierno anticipó que deberían compartir en partes iguales con las provincias. Claramente fue un elemento para negociar, pues al final bajaron el 50-50 inicial a un tercio que deberán conceder las provincias. Cien mil millones; tampoco es poco.

Algunos economistas sugieren que el nivel del ajuste está “sobreestimado”, que en lugar de 300 mil millones serían los 200 mil anunciados en un principio, con lo que el ajuste sería al final 50-50. María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta están resignados a que deberán hacerse cargo de los servicios públicos que hasta ahora atiende la Nación. Menos AYSA, y tampoco incluirían al transporte, pero todo indica que Edenor y Edesur pasarán a sus manos; es la prenda de negociación con el interior.

Buenos Aires es la que tendrá que pasar la tijera más grande: 22.852 millones de pesos; la Ciudad deberá recortar 5.147 millones. Santa Fe y Córdoba tendrán que hacer un fuerte ajuste: 8.364 y 8.134 millones, respectivamente. Las negociaciones recién empiezan; los ministros fueron atendidos de a grupos, los gobernadores serán uno a uno. El peronismo federal quería negociar en bloque.

Pese a un panorama tan adverso, el presidente buscó mostrarse con dominio de la situación. Algunos lo interpretaron como una puesta en escena diagramada de cara a la llegada de la directora del Fondo, Christine Lagarde, con quien Macri cenó el viernes en Olivos. Otros, como el inicio formal de la campaña electoral que siempre el oficialismo dijo que sería después del Mundial. Claro que lo anticipaban imaginando otro contexto.

Para el analista Rosendo Fraga, entre “el estadista y el candidato”, Mauricio Macri se decidió esta última semana por el segundo. En cambio, en el mensaje del 9 de Julio el presidente “habló como estadista”, dice Fraga, en referencia a la convocatoria que hizo ese día “a todos, en especial a los dirigentes de este país, a que hagan sus aportes desde la sensatez, la racionalidad y el profesionalismo”.

El Gobierno recuperó el dominio de la agenda los últimos días, cuando los mercados dejaron de marcarle la cancha. Pero no puede dominarlo todo y así creció exponencialmente un conflicto impensado: el escándalo de los aportantes truchos para la campaña bonaerense de Cambiemos del año pasado. Como tantas otras veces, el Gobierno minimizó inicialmente el problema y reaccionó recién cuando la cuestión adquiría una dimensión preocupante. La gobernadora tomó medidas drásticas al echar el miércoles a la titular de la Contaduría General de la provincia, Fernanda Inza, a la que había designado hacía una semana, pero que había sido la responsable de los fondos de la campaña de Cambiemos. Una persona de la máxima confianza de Vidal, al punto tal que venía de ocupar la secretaría de Legal y Técnica bonaerense. Y ya se sabe que los mandatarios no le dan ese lugar a cualquiera.

Vidal anunció también una auditoría para investigar el hecho, despejándole el camino al presidente, que horas después debía encarar a los periodistas con elementos suficientes para cuando le preguntaran sobre el tema. Cuando lo hicieron, Macri le pidió al Congreso una nueva ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. Desde hace más de un año el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, viene trabajando sobre el tema, pero el escándalo precipitó los acontecimientos: al día siguiente difundieron un borrador del proyecto y el viernes entró el texto a la Cámara de Diputados.

Ajustado al libreto, al responder sobre el tema el presidente aclaró que en la investigación está actuando el juez Sebastián Casanello. Cabe aclarar que el magistrado que supo ser caracterizado por el periodista Jorge Lanata por su falta de celeridad no es el único a cargo de esta causa. Por cuerda separada, otro juez federal -pero de la provincia de Buenos Aires-, Ernesto Kreplak, tramita un expediente paralelo. Se trata de un magistrado al que se vincula con el kirchnerismo, pero al que Cambiemos comenzó a ver con buenos ojos cuando llevó adelante la investigación contra el sindicalista Marcelo Balcedo. Ahora tramita la denuncia impulsada nada menos que por la jefa del bloque de senadores kirchneristas en la provincia de Buenos Aires, María Teresa García, quien señala a María Eugenia Vidal como “responsable legal de un partido político sospechado de haber falsificado afiliaciones y recursos en la campaña electoral”.

Ex secretaria parlamentaria del bloque FpV de diputados nacionales durante seis años del gobierno de Cristina Kirchner, la “Tere” es una kirchnerista de paladar negro que tiene por objetivo exprimirle todo el jugo que pueda sacarle a este escándalo. Para ellos también empezó la campaña.