En una nota anterior referida al abuso sexual a niños en todo el mundo, se hacía mención a la indiferencia pero muchas veces, también, a la complicidad de importantes estamentos de un país como lo son la Justicia, los organismos policiales y hasta el periodismo, y que en muchos casos todo se vuelve en contra de los acusadores pasando a ser éstos los acusados. El ejemplo más patente de ello acaba de ser puesto en evidencia en México.
    Este país es uno de los “mercados” importantes en el tráfico sexual de niños en todas sus formas: utilización de ellos para todo tipo de prácticas aberrantes; secuestro y traslado a otros países, en primer lugar al vecino Estados Unidos; filmaciones de las torturas y actos sexuales a que son sometidos para la elaboración de los videos llamados “snuff films”, altamente cotizados entre la abundante clientela de pervertidos que los consumen; fotografía de sus cuerpos desnudos para que circulen a través de internet por las redes dedicadas a la pedofilia; etc.  En el caso mexicano el problema afecta a unos 16.000 niños, y este fenómeno es especialmente más pronunciado en el Distrito Federal, en ciudades fronterizas como Ciudad Juárez y Tijuana en el norte –frontera con Estados Unidos- y Tapachula en el sur, y en concurridos puertos turísticos como Acapulco y Cancún.
    La periodista mexicana Lydia Cacho Ribeiro publicó en febrero del año último un libro titulado “Los Demonios del Edén”, fruto de sus investigaciones sobre el tema y de los testimonios de varios menores, víctimas de adultos que habían  abusado de ellos y vendían a través de Internet las imágenes de esas prácticas, hechos ocurridos precisamente en la zona de Cancún, donde reside la periodista. En el libro surge el nombre de Kamel Nacif Borge, un acaudalado empresario conocido en México como “el rey de la mezclilla” (material con el que se confecciona la tela para jeans), de ascendencia libanesa y radicado en la ciudad de Puebla, en el centro del país. Los niños que testimoniaron en el libro de Lydia y otras fuentes sindican a Nacif como protector y amigo del empresario hotelero Jean Succar Kuri, quien huyó de México en 2003 tras descubrirse que lideraba una banda de pederastas en Cancún y manejaba una red de prostitución de niñas y niños de entre 5 y 18 años de edad. Los testimonios señalan que Succar buscaba a los menores entre familias pobres de las afueras de Cancún y los atraía con promesas de comida, albergue y educación. Pero en los hechos, este pervertido mantenía relaciones sexuales con los niños, luego los “pasaba” a otros adultos y los filmaba y fotografiaba, para vender posteriormente las imágenes a “clientes” de Estados Unidos. Tras ser detenido al año siguiente en ese país, Jean Succar Kuri aguarda desde entonces un juicio de extradición.
    Los problemas para Lydia Cacho Ribeiro comenzaron a poco de aparecer su libro. Las amenazas de muerte no se hicieron esperar, pese a lo cual ella prosiguió denunciando las redes de pornografía infantil en las páginas de un diario de Cancún donde tiene su columna. Hasta que el empresario Kamel Nacif Borge presentó una acusación por “difamación” en su contra y recurrió a su amigo, el gobernador del estado de Puebla, Mario Marín Torres, pidiéndole ayuda para que la periodista “recibiera un escarmiento”, según declaró él mismo. El 16 de diciembre último Lydia fue arrestada y acusada de difamación, trasladada a Puebla –aunque ella reside en Cancún y el libro se publicó en la capital de México-, donde permaneció detenida durante treinta horas bajo “condiciones insultantes”, y luego fue liberada, pero una semana después recibió una orden de encarcelamiento que pudo eludir pagando una fianza de 7.000 dólares. Lydia aguarda ahora la sustanciación del proceso, mientras Amnistía Internacional, la Sociedad Interamericana de Prensa, intelectuales, organizaciones no gubernamentales y parlamentarios europeos vienen expresando su solidaridad con la periodista.
    El caso de Lydia Cacho Ribeiro es uno de los que muestra bien a las claras lo que se indicaba al comienzo de esta nota: de cómo los acusadores de quienes trafican con la vida y la dignidad de los niños se transforman en acusados, gracias a los poderes que encubren el aberrante delito del abuso sexual de niños y la pornografía infantil. El gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, incluso pretendió censurar y presionar a los medios de prensa locales para que no dieran a conocer este tema. Para Lydia, “el que me detuvo, el que me está juzgando por difamación, es el poder que está detrás de la pornografía infantil” , dijo en declaraciones a la agencia IPS.  Y es así, aunque parece que el viejo dicho “Tiene razón pero marche preso” nunca tuvo mejor aplicación que en este caso.
    Lo cierto es que el de Lydia Cacho Ribeiro y de otros que entablan una batalla desigual contra los miles de pervertidos y abusadores de niños diseminados por el mundo, son un  ejemplo a seguir. Aunque cueste hacerse oir, aunque deban sufrirse los embates de protegidos y protectores de esa infamia. Y aunque muchos gobiernos, buena parte del periodismo y algunos sectores de la sociedad sigan dormidos o mirando hacia otro lado respecto de este tema.

Carlos Machado

* Para solidarizarse con Lydia Cacho Ribeiro: cimac@laneta.apc.org