El tembladeral que suscitaron los tres decretos que firmó el Gobierno que se suspenden por seis meses la baja en la alícuota de retenciones para aceites y harinas, la eliminación de los reintegros a las exportaciones y hace desaparecer el Fondo sojero, generó un tembladeral en el sector agro industrial.

El temblor comenzó cuando el Ministerio de Hacienda informó el martes 14 que se habían firmado los instrumentos mediante los cuales se generará un ahorro fiscal estimado de 12.500 millones de pesos para lo que resta de 2018 y 53.000 millones de pesos para el 2019.

Por su parte, el presidente de la entidad cooperativista Coninagro, Carlos Iannizzotto, esa misma mañana le dijo a la agencia Noticias Argentinas que el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, lo había llamado a las 7 de la mañana para comunicarle la noticia y que no lo tomara desprevenido.

"De todos modos se trató de una medida inconsulta. Dejó de lado a los actores. El Gobierno había confirmado que no tocaría las retenciones y la eliminación de los reintegros a las exportaciones nos afecta profundamente a las economías regionales, es el 66%, una cifra muy alta", sostuvo el dirigente a esta columna.

El Observatorio Vitivinícola Argentino que sostienen las principales corporaciones del sector que agrupan cooperativas y productores vitícolas había hecho un estudio que arrojó que justamente los reintegros en el vino eran menores a los impuestos que abonan.

Como ejemplo, en el caso de los reintegros a las exportaciones del vino fraccionado (de 6% sobre el valor FOB) se concluyó que el porcentaje de impuestos contenidos en el valor promedio FOB es de 8%, es decir un 2% mayor al reintegro que se recibía y ahora percibirán 66% menos.

Por el lado de las retenciones a los subproductos de la soja, la harina y el aceite y eliminar a partir de marzo el diferencial arancelario de tres puntos porcentuales entre el poroto y los derivados motivó una declaración de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

"Esta medida fiscal causa gran preocupación por los gravísimos efectos que su implementación provocará en la cadena de comercialización de la oleaginosa al no contemplarse aspectos básicos del proceso de ventas al exterior de granos y productos agroindustriales, como los aceites y harinas proteicas, que representan, aproximadamente, un tercio del total de las exportaciones argentinas", señalaron desde la BCR en un comunicado titulado "Dos veces contra la misma piedra".

La única promesa que cumplió la administración Macri fue la de no suspender la baja a las alícuotas a la soja que se vienen reduciendo de forma sostenida, desde el 35% en 2015 para el poroto al 26% actual, previendo su convergencia al 18% en diciembre de 2019.

En cuanto al aceite y las harinas, la alícuota se redujo desde el 32% en 2015 al 23% actual y también convergerá al 18% en diciembre de 2019.

"Los ingresos adicionales para la Nación por esta medida son de $ 1.500 millones en 2018 y $ 12.000 millones en 2019", justificó el Ministerio de Hacienda en un mensaje oficial.

La necesidad de cumplir con las pautas del Fondo Monetario Internacional (FMI) para reducir el déficit fiscal hicieron que el Gobierno avanzara sobre el sector privado.

Pero ocurre que el diferencial arancelario de tres puntos porcentuales en favor de la exportación de productos derivados, se explica en buena medida por el escalonamiento arancelario que aplican los países importadores de soja y derivados, en favor de su industria nacional.

Por ejemplo, China aplica un arancel de importación de un 5,5% más alto para el ingreso de subproductos que de poroto.

La Bolsa de Comercio de Rosario espera que se trate de una medida transitoria, de carácter fiscal.

"Una vez cumplido el plazo establecido para su aplicación, consideramos conveniente retomar el esquema diferencial para evitar mayores consecuencias en la agroindustria", dijo, lo que apoyan los aceiteros.

Con relación a los reintegros de la exportación, la reducción del 66% del monto total es de acuerdo a un esquema diferenciado por producto.

Los reintegros a la exportación justifican su existencia en la vigencia de impuestos indirectos que se acumulan durante el proceso de producción y que no tienen una devolución al exportarse, expresó el ámbito oficial.

La reforma tributaria y el pacto fiscal, que reducen los impuestos al cheque y a los ingresos brutos, "generan el espacio para que dichos reintegros puedan ser reducidos", es la posición del Gobierno.

Sin embargo, las economías regionales necesitan de ese reintegro porque si bien el proceso exportador en la Argentina es un boom, los que estuvieron sin vender afuera deben armar nuevos mercados y eso requiere tiempo y de un apoyo estatal.

Según indicaron, el ahorro fiscal (coparticipable entre Nación y Provincias) de esta medida es de $ 5.000 millones en 2018 y $ 29.000 millones, en 2019.

Más discutible es la eliminación del Fondo a través del cual se transfería a Provincias y Municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación a la soja.

El FFS fue creado en el año 2009, cuando las Provincias sólo recibían la cuarta parte de la recaudación de impuestos nacionales. Ahora ya no es así.

La cuestión es que parte de esos fondos debían derivarse a infraestructura vial e hídrica, tan necesaria como son los caminos rurales para transportar el grano y las obras para atender las inundaciones, faltantes ambos en los territorios rurales del país.

Y ahora ¿quién presionará a los gobiernos provinciales y municipios para que restauren, que bien pueden aducir que no poseen recursos?