La Argentina real seguía en y con sus “realidades” la semana pasada mientras
la música y las luces de los ingleses Rolling Stones entretenía a muchos, se
verificaba en las zonas aledañas al concierto que algunas de las miserias de la
exclusión económica, social y cultural se convertían en vandalismo y que la
policía realizaba justamente lo que menos sabe hacer, la prevención;
reconvirtiendo la agresión en represión indiscriminada.
La
“honorable” Cámara de Diputados de la Nación convertía en ley la
modificación del Consejo de la Magistratura que aún, pese a las mentiras del
oficialismo kirchnerista y “neo-chequera-kirchnerista” establece un
retroceso institucional y la bandera de largada de una nueva colonización de la
justicia vernácula.
El
Gobierno Nacional anuncia, con bombos y platillos ante la atenta mirada y
complacencia de los dirigentes gremiales que lo consideran “memorable”, que
el salario mínimo para los docentes de todo el país será de 840 pesos por mes
y que ello hará posible que “ningún docente estará por debajo de la línea
de pobreza” según el presidente Néstor Carlos Kirchner. Toda una política
de Estado que reniega de considerar que la buena y correcta remuneración de los
trabajadores de la educación es un elemento esencial e indispensable para
conseguir la excelencia de la instrucción abandonada desde hace décadas en el
país.
La
Confederación General del Trabajo -capitaneada por personajes impresentables
como Moyano, Barrionuevo, Lingeri, Viviani, Zanola, Genta, Martínez, Palacios,
Baldassini, Rodríguez y Piumato entre otros- tiene su “única” preocupación
fijada en la modificación del mínimo no imponible del impuesto a las
ganancias. El motivo está a la vista y tiende a sacar del tema de discusión a
la cuestión salarial y la imprescindible convocatoria a las paritarias, para
dejar a los trabajadores sumergidos en la indefección y desesperación de no
poder establecer remuneraciones y condiciones dignas de trabajo.
El
conflicto generado por la instalación de las plantas de pasta de celulosa en la
República Oriental del Uruguay está muy lejos de resolverse dentro del marco
de la buena voluntad y amistad entre dos pueblos que están unidos, justamente
unidos, por una historia común de luchas por las independencias nacionales y la
solidaridad y confraternidad entre hermanos demostrada en los momentos difíciles
de dictaduras y exilios. Hoy sus respectivos gobiernos se empecinan en no rendir
honor a esos lazos que unen a sus pueblos, dejando que los negocios se lleven
adelante a cualquier costo, aún el ecológico, o bien para dejar en manos de
organismos internacionales el entendimiento debido y obligado entro nosotros. De
no arribar a una solución inmediata, justa y equilibrada las consecuencias serán
nefastas y así otra vez, como si no conociéramos las contradicciones de los
conflictos con los pueblos hermanos, los pueblos serán arrastrados a disputas
estériles e innecesarias.
En
tema del juicio político al jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra sigue
transitando y transformándose cada día que avanza en una obra teatral que podrá
terminar con cualquier resultado. Menos, claro está, el que debería resultar
de una herramienta institucional tan útil como es la de juzgar mal desempeño
de los funcionarios. Prebendas, aprietes, marchas, dineros y demás yerbas
reemplazan el debate en la sala juzgadora que debe respetar la contradicción y
la defensa según lo ordena la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Las
políticas económicas internas del Ejecutivo Nacional se entregan diariamente a
ligeros e inmediatos acuerdos sobre precios con las empresas monopólicas y
oligopólicas, nacionales y extranjeras, de productos y servicios básicos que
para el ciudadano no se traducen en una mejora en su nivel de vida. Las políticas
de obras públicas siguen el camino de los “retornos” y las “licitaciones
a medida” según las necesidades de los funcionales cajeros. Ni las unas, ni
las otras están siendo diseñadas para reconstruir todo lo que el
neoliberalismo ha avasallado y destruido, porque en definitiva el sistema y
modelo aplicados no está siendo cuestionado en su concepción, implementación
y consecución.
La
autonomía institucional, política, económica, financiera y fiscal de las
provincias argentinas y de sus municipios está siendo vulnerada a diario por la
acción del Gobierno Nacional que en forma hegemónica y autoritaria, con la
asistencia de sus abultadas reservas, se inmiscuye en los asuntos internos de
sus territorios. Indudablemente que cualquier acción se le está permitida
dentro del juego político que tiene como horizonte el enquistamiento y la
perpetuación de Kirchner, su familia, allegados y de quienes el pueblo exigió
“que se vayan todos” pero que la politiquería y las listas sábanas
hicieron posible “que se queden todos”, en y con el poder.
La
tan mentada nueva política, la transparencia e independencia de las
instituciones, la participación ciudadana en la vida democrática, la
recuperación de los recursos, rentas y trabajo nacionales y demás mendaces
propuestas de todo el arco político sigue ausente. Únicamente se puede
advertir como se pasan de los sitiales del poder los políticos para conservar
los beneficios que el sistema democrático representativo les otorga y como
abandonan las ideologías y principios según las necesidades personales los
gobernadores, intendentes, senadores, diputados y concejales.
La
protesta social y obrera sigue siendo intimidada con las armadas fuerzas de
seguridad en todo el país, los líderes perseguidos y los luchadores
descalificados, amedrentados y judicializados. Los funcionarios encargados de
los ministerios claves -trabajo, interior, justicia, desarrollo social, economía
y planeamiento- no desarrollan ninguna actividad “activa” sino que
simplemente se limitan a demorar las cuestiones de fondo, para que una vez
llegado al insoportable límite de las injusticias y las barbaridades permitidas
aparezca la figura presidencial, cual salvadora y comprometida con los más
altos intereses de la Patria.
Los
políticos que tanto se preocupan de aumentar sus poderes y dominios, los
legisladores que entregan sus votos y convicciones por unos cuantos pesos para
sus provincias -en el mejor de los casos- y la justicia que pareciera estar diseñada
para investigar y fallar hacia lo justo en otro planeta no tienen en cuenta la
imprescindible necesidad de entregar a los empleados y obreros, organizados de
diferentes formas, las fábricas recuperadas, administradas y puestas en
actividad por sus trabajadores. Cada día el sistema diseñado demuestra su
perversidad de forma palmaria, elocuente y clara, no permitiendo la tranquilidad
de un futuro asegurado para aquellos que han tomado a su cargo el mismísimo
derecho al trabajo y la dignidad proletaria.
Estas
son algunas de las cosas en las que anda la Argentina.
Hugo Alberto de Pedro