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Barrabravas, castigo y prevención: la seguridad deportiva en cuestión

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Escándalo Copa Libertadores
Escándalo Copa Libertadores

Cada vez que Argentina entra en recesión económica, que se produce un salto inflacionario o que sube la cotización del dólar, los discursos de sentido común explican esos movimientos con un argumento más próximo a la resignación que al esclarecimiento: “este es un país cíclico, donde cada 3 años (o 5, o 10, según el caso) siempre vuelve a pasar lo mismo”.

 

Respecto al tratamiento de la violencia en el fútbol por parte del Estado podemos afirmar algo similar: desde los años 1980 hasta hoy, todos los gobiernos sin excepción vienen sosteniendo que el problema son las barras bravas y que la solución es la creación de nuevas leyes y el incremento de las penas.

Sin embargo, detrás de los discursos cíclicos, la realidad termina siempre por probar la inexactitud de ese diagnóstico y la ineficacia de ese remedio. Así como la inflación no puede explicarse por una única variable, la violencia en el fútbol tampoco puede comprenderse reduciéndola sólo a las barras bravas.

El escándalo de la final de Copa Libertadores volvió a ubicar a la violencia en el fútbol en la agenda social, mediática y política, evidenciando de forma brutal todas las miserias de la maquinaria del fútbol-espectáculo en Argentina. Pero nuevamente las respuestas políticas vuelven a proponer la receta conocida: la sanción de una nueva Ley con penas más duras.

Recordemos que nuestra primera legislación de seguridad deportiva, la Ley 23.184, sancionada en 1985, tuvo como eje la duplicación de las penas que estipulaba el Código Penal para aquellos delitos cometidos dentro de los estadios de fútbol. La inflación punitiva continuó creciendo en las legislaciones posteriores -la Ley 24.192 (de 1993), el Decreto 1466 (de 1997)- e incluso en proyectos de leyes no aprobadas, cuyo último antecedente fue motorizado por Scioli en 2015.

Numerosos estudios del campo del Derecho Penal señalan que el aumento de penas no es una herramienta que por sí sola desaliente a quienes puedan cometer un delito. En este sentido, el castigo no funciona como forma de prevención. De hecho, la violencia alrededor del fútbol no bajó a partir de la sanción de las leyes mencionadas, sino que incluso se incrementó.

A partir de las investigaciones de cientistas sociales como Pablo Alabarces, José Garriga o Verónica Moreira, quienes ya llevan 20 años estudiando el fenómeno, encontramos una hipótesis que habilita otro enfoque de la cuestión. La violencia en el fútbol, lejos de ser la consecuencia de actos “irracionales” o “salvajes” cometidos por un “puñado de estúpidos”, es en realidad el producto de un determinado sistema de creencias, sentidos y valores que compartimos todos los actores del fútbol argentino. El exitismo, el ganar a cualquier precio, el concebir al rival como un enemigo, la humillación del otro, el machismo y la homofobia son sólo algunos de sus rasgos. Vista así, la violencia en el fútbol no es un problema penal, sino un problema cultural.

En un artículo reciente que elaboramos con el Dr. Fernando Segura sobre un relevamiento de hechos de violencia en el fútbol entre 2006 y 2017, observamos que las barras bravas estuvieron involucradas en alrededor del 60% del total de episodios ocurridos en ese período. Esto implica decir que en el restante 40% los participantes fueron otros actores: jugadores, policías, hinchas no barras, etc.

Otro dato sugerente es que las agresiones de hinchas hacia los protagonistas (jugadores, árbitros, dirigentes) -como por ejemplo el que sufrió el micro de Boca en cancha de River-, crecieron abruptamente a partir de la prohibición del público visitante. Esto nos permite afirmar que la violencia no desaparece, sino que muta en su fisonomía y encuentra nuevos canales para manifestarse. Nuevamente evidenciando que se trata de un problema de índole cultural y no sólo policial.

Por eso, frente a la inminencia de nuevos anuncios de leyes anti barras, pensadas como si se fuese a “extirpar un cáncer”, y bajo la idea de que los barrabravas son sujetos enfermos e inadaptados en un entorno saludable, insistimos en la necesidad de construir políticas públicas de largo alcance.

Endurecer las leyes es parte de las mismas recetas que se vienen repitiendo sin éxito. Tal vez es hora de pensar un modelo de seguridad deportiva en Argentina que no se agote en el control y el castigo, sino que incluya esquemas de prevención más amplios.

Diego Murzi
Sociólogo. Vicepresidente en ONG Salvemos al Fútbol.

 

2 comentarios Dejá tu comentario

  1. Creo que hay dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es social o grupal. Muchas veces se habló de las relaciones de los barrabravas con dirigentes futbolísticos, y con dirigentes y partidos políticos. Mientras esta trama no se desarme, no hay cárcel o multa que lo revierta. El segundo es individual: Aplica a un delincuente o a un grupo unificado (en este caso serían los barrabravas, pero aplica también a motochorros, narcos, y demás). La cárcel debe cumplir principalmente tres objetivos: 1- Apartar al delincuente para que no constituya un peligro para el resto de la sociedad. 2- Disuadirlo. Si la cárcel termina siendo un lugar donde el delincuente no se siente castigado (el típico ejemplo es el del delito menor, donde el delincuente es de una clase social baja y cuando está afuera come salteado y la pasa mal) no va a sentir suficiente motivación para evitar una nueva condena. Debe ser disuasiva también para quienes no delinquieron. En los países donde hay pena de muerte, no se trata de disuadir al delincuente sino a quienes potencialmente podrían serlo. 3- Espacio de mejora. El delincuente debe salir de la cárcel mejor de lo que entró. Debe haber pocos lugares en el mundo donde esto suceda, pero es fundamental. Hace poco pasaron durante una entrevista una estadística escalofriante: Cada delincuente que mató a alguien (en este caso creo que encima era menor de edad) ya estuvo frente a la justicia un promedio de cuatro o cinco veces. En resumen: Entró (por un delito menor), salió, volvió a entrar, volvió a salir, ... y así hasta que mató a alguien. Todas esas veces la sociedad falló en "enderezar" a quien arrancó torcido.

  2. ¡Dejemonos de embromar! HACE FALTA VOLUNTAD POLITICA PARA TERMINAR CON LOS BARRAS. Solo basta DESVINCULARLOS DE LA POLITICA Y DEL SINDICALISMO, y TRATARLOS COMO A DELINCUENTES COMUNES y no a sujetos que solo violaron un Código de faltas, para que todo pueda volver a la normalidad. "trapitos o cuidacoches" no es TRABAJO sino una extorsiòn mendicante, esa es la verdad. Lo mismo sucede con los DIRIGENTES DE CLUBES, POLITICOS Y SINDICALISTAS que USAN a estos descerebrados para sus fines espurios, motivo por el que deberìan IR PRESOS por ORGANIZADORES DE BANDAS DELICTIVAS. ¡SI NO QUIEREN MAS PAPELONES INTERNACIONALES CORTEN POR LO SANO.....CON LA LEY EN LA MANO Y CON LAS TIPIFICACIONES CORRECTAS, SIN AMBIGUEDADES PARA QUE DEN LUGAR A "LAS DOS BIBILIOTECAS" Y QUE SOLO SIRVA PARA ENRIQUECER A ABOGADOS.

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