Se trata del mismo impuesto que introdujo Jorge Capitanich cuando era jefe de Gabinete de Cristina Fernández, presentado como un gravamen a los vehículos suntuarios.

La cuestión es que una vez que el gravamen se logró imponer, nunca más salió, y lo peor es que no se actualizó debidamente el mínimo no imponible, de modo una gran cantidad de modelos fabricados en el país quedaron afectados.

Según un decreto publicado en el Boletín Oficial, se dispone llevar el mínimo no imponible del gravamen de los actuales $900.000 a $1.400.000. Con un aumento del 55%. De alguna manera el gobierno empieza a reconocer inflación “atrasada”. Las motos pasaron de $140.000 a $380.000 y las embarcaciones de $800.000 a $1.200.000.

“La magnitud del reordenamiento que experimentaron las principales variables macroeconómicas durante el segundo semestre de 2018 y el cambio en los precios relativos torna necesario realizar ciertas adecuaciones a los valores establecidos en el artículo 39 de la referida ley, de modo que los segmentos de mercado objetivo sobre los cuales se aplique el tributo guarden una mayor relación, para los bienes comprendidos en los incisos a) a e) de su artículo 38, con los que se encontraban alcanzados a enero de 2018”, fundamenta el decreto.

La norma agrega que “asimismo, funda la adopción de esta medida la fuerte incidencia de componentes importados en los precios de venta de los bienes referidos y los costos de producción involucrados”.