Estoy absolutamente convencido que la seguridad democrática es un derecho humano. Vivir, trabajar y estudiar en paz y tranquilidad con nuestras familias y defender la vida, es un reclamo justo y profundamente democrático y republicano.

Estoy seguro que los más perjudicados por la inseguridad son los argentinos más humildes que no tienen recursos para tener rejas, alarmas, o vidrios polarizados en autos que tampoco tienen. A sus hijos les roban la mochila, las zapatillas y hasta una campera sin que puedan hacer nada. Algunos pagan peaje a los patoteros para ir a su casa o a la escuela.

Estoy absolutamente en contra tanto del ex juez kirchnerista Raúl Eugenio Zaffaroni como del flamante presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Ambos son extremos antidemocráticos que coinciden en ideologizar el drama de la inseguridad y en lugar de solucionarlo con decisiones prácticas, lo potencian con sus demagogias populistas de izquierda y de derecha.

Zaffaroni intoxicó con sus teorías a gran parte de las universidades y los tribunales. Es un irracional defensor de los delincuentes porque considera que llegan a esa situación producto del sistema capitalista que los explota y los expulsa hacia la marginalidad. Solo defiende a los victimarios y jamás pone su mirada en la víctima. Es el gran responsable de la llamada “puerta giratoria”, donde muchas veces, un ladrón o un asesino sale en libertad a la velocidad de la luz.

Bolsonaro se siente un sheriff del lejano oeste y su condición de ex militar lo empuja a exigir al parlamento una ley de impunidad para los policías que hayan cometido delitos durante actos de servicio.

Un verdadero despropósito que le da un cheque en blanco a las fuerzas represivas y que los coloca fuera de la igualdad ante la ley. Si el delincuente tiene uniforme policial debería pagar el doble que el delincuente de civil.

Porque un policía tiene un arma que el estado le dió para que defienda a los ciudadanos. Bolsonaro les quiere dar licencia para matar. Eso no es seguridad, eso es legalizar a los escuadrones de la muerte.

Es cierto que en el 2017 hubo 64 mil muertes violentas en Brasil. Pero el remedio de Bolsonaro es peor que la enfermedad. Esta Argentina necesita construir una seguridad democrática con gran nivel de consenso que combata al delito con toda la potencia del estado y que respete la ley como corresponde. Para eso sus leyes, sus doctrinas tienen que estar tan lejos de Zaffaroni como de Bolsonaro.

El gobierno del presidente Macri, a través de una de sus ministras con mayor imagen positiva, Patricia Bullrich, propuso algunas cuestiones muy sensatas en los últimos días. La utilización de pistolas eléctricas que reducen al delincuente en lugar de armas letales en aeropuertos y trenes es un paso adelante.

Es todavía más cuidadoso de la vida de las personas porque evita una masacre en el caso de que se produzca un tiroteo en un lugar donde transita una multitud. ¿Qué puede ser utilizado como picana eléctrica? Por supuesto, como puede ser utilizado un cable pelado para torturar a alguien.

Eso debe tener juicio, castigo y condena ejemplar. Insisto con el concepto que me parece básico. Debemos estar en contra de todos los delitos (no importa quién los cometa) y a favor de respetar las leyes a rajatabla.

Otra propuesta es que alguien que cometa un delito grave y tenga de 15 años para arriba sea perfectamente imputable. También es muy razonable. Un asesinato, un secuestro extorsivo, una violación o un robo a mano armada deben ser castigados duramente.

No puede ser que los adultos utilicen a jóvenes de esta edad para matar o secuestrar a alguien y se aprovechen de que de inmediato quedarían en libertad. Por supuesto que es un tema tan grave y delicado y por eso, también está previsto la creación de un régimen socio educativo y terapéutico para menores.

El objetivo es que el primer delito sea al último que cometen y no que sea el comienzo de una carrera irrefrenable que lo lleve más temprano que tarde a matar o a morir. Le recuerdo que el 7% de los delitos lo cometen menores incitados por parientes o amigos mayores.

Otro tema polémico pero que tenemos que debatir y resolver de una buena vez tiene que ver con los extranjeros que cometen delitos o ingresaron en forma ilegal al país. El 20 % de los presos por cuestiones de narcotráfico, son extranjeros.

Hay 1000 extranjeros que el gobierno quiere deportar cuanto antes. El Preámbulo de la Constitución Nacional les abre las puertas con generosidad a todos los hombres que quieran habitar el suelo patrio.

Insisto y subrayo: que quieran habitar esta tierra y no delinquir en esta tierra. Además no estamos descubriendo nada original. En la mayoría de los países del mundo los extranjeros que cometen delitos, son deportados. Lo único que falta es que el contribuyente argentino tenga que bancar todo lo que cuesta una cárcel y su mantenimiento a alguien que no respetó las leyes.

Para eso se propone endurecer la Ley de Migraciones y crear un Fuero Migratorio. Es algo muy razonable y positivo. Miguel Ángel Pichetto, precandidato a presidente del Partido Justicialista y peronista leal a todos los peronismos de Menem a Cristina, fue brutal cuando lo expresó: “Hay que echar a patadas a los extranjeros que delinquen”.

Sería bueno que quede claro que en mi caso no estoy en contra de los jóvenes ni de los extranjeros. Todo lo contrario, estoy en contra de todos los ladrones, asesinos y violadores. No me importa si son argentinos o extranjeros, uniformados o civiles, curas o laicos o kirchneristas o macristas. El que cometió un delito tiene nombre: delincuente.

Tal vez en el Congreso de la Nación, con el apoyo de los que quieren resolver problemas graves, se puedan lograr las mayorías correspondientes para aprobar las leyes que sean necesarias.

Los narcos y los pistoleros más feroces tiran a matar.

La democracia se tiene que defender con fuerzas de seguridad honradas, bien preparadas y con respaldo social y del estado y con una justicia que deje de actuar con un presunto progresismo zaffaroniano y se dedique a darles respuestas a las víctimas.

¿Está claro? El estado no debe permitir que ningún argentino cometa delitos. Y si tiene uniforme mucho menos. Pero debe apoyar y fomentar que se combata el delito. Es sencillo, lo dijo Perón: dentro de la ley todo, fuera de la ley, nada. Hay que huir del camino que nos lleva a la justicia por mano propia.

Al ojo por ojo que termina con la sociedad ciega. Y a la venganza que es el más primitivo y reaccionario de los sentimientos. No estoy para nada de acuerdo con la pena de muerte. Además es ilegal. No existe en la Argentina. Aunque como dice Rolando Barbano, muchos jueces presuntamente garantistas decretan la pena de muerte de hecho para las víctimas de delitos.

Pero tampoco estoy de acuerdo en que los que roban, violan o matan, entren por una puerta y salgan por la otra muchas veces antes que la familia entierre a su muerto. No estoy de acuerdo con “el viva la pepa” nefasto de las excarcelaciones. Delincuentes peligrosos y reincidentes seriales son liberados con una facilidad criminal.

Necesitamos una policía de manos limpias y de mano justa, no de mano dura y tampoco de brazos caídos. Y el gobierno debe seguir con la depuración de las fuerzas de seguridad.

Scioli y Cristina no hicieron nada. Pactaron con las mafias de uniforme. ¿Se acuerda de Cristina que ignoró el reclamo y dijo que era un problema de los ricos y una bandera de la derecha? ¿O de Aníbal Fernández, cuando no, que rompió el boludómetro y dijo que era una mera sensación térmica.

El combate contra el delito deber ser urgente. Y con las mejores armas. No es tan difícil de entender. Premios a los buenos y castigos a los malos. No hay que apostar al autoritarismo pero tampoco a la anarquía que genera la pasividad. Autoridad es lo que hay que reconstruir. Autoridades policiales y judiciales que apliquen la ley con todo rigor y sin amiguismos.

Para “vivir sin miedo y no convivir con el miedo”. El miedo es el peor veneno de una sociedad y de un individuo. Siempre el pánico nos saca lo peor de nosotros. Hay que ser duro con los delitos duros y duro con las causas que llevaron a esa persona a delinquir? Pero mientras tanto hay que proteger la vida de la gente. Sin Zaffaronis ni Bolsonaros.