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El doble estándar de este Gobierno y la doble moral que tienen la mayoría de sus funcionarios, no deja de asombrarnos para mal cada día.
Este Gobierno es el que más casos de funcionarios con denuncias formales de violencia de género ha tenido, y ha hecho caso omiso a los mismos, manteniendo en sus cargos a cada uno de los denunciados, o peor aún defendiendo el Gobernador contra viento y marea, a cada uno de ellos, teniendo que desplazar –posteriormente- contra su voluntad, a alguno de ellos. Es decir, que hubo un momento en el que las mendocinas tuvimos medio Gabinete denunciado por violencia de género sea contra parejas o empleadas públicas.
Desde la ONG PROTECTORA consideramos que esta situación puede mejorarse si limitamos el acceso a cargos de orden público y de rango jerárquico dentro del estado provincial (tres poderes), a todas aquellas personas que tengan sentencia desfavorable en causas de violencia contra la mujer, niños, niñas, adolescentes y/o familiar . El objetivo final es contribuir a la erradicación de la violencia dentro de los ámbitos donde las mujeres desarrollan sus actividades cotidianas. El Estado como garante de los derechos ciudadanos no puede amparar bajo su órbita, funcionarios, empleados o representantes que tengan antecedentes vinculados a la violencia, flagelo que cotidianamente provoca la muerte de una mujer cada treinta horas por el sólo hecho de ser mujer.
El día 18/12/18 nuestro diputado José Luis Ramón, participó en la sesión extraordinaria, en la que se dio tratamiento en el Congreso de la Nación a la llamada Ley Micaela que consiste en la capacitación obligatoria con perspectiva de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Desde nuestro bloque Protectora, se la votó favorablemente, en razón de la urgencia de implementar medidas que atiendan, la grave problemática que venimos padeciendo en nuestro país, fruto de décadas de existencia de un sistema de tipo patriarcal, que ha sometido a la mujer, hasta los más graves avasallamientos a la integridad como ser humano. Los motivos que tenemos a favor de la implementación de la ley son:
No podemos implementar efectivamente los derechos plenos y en igualdad, si los funcionarios no tienen la capacitación adecuada en materia de género: Es un principio básico de cualquier política de implementación de derechos humanos, la necesaria capacitación de los operadores, así como la educación en estos derechos en todos los niveles.
La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (“Belém do Pará”) establece dos aspectos clave que esta ley viene a intentar cumplir y que justifican plenamente que avancemos en este sentido. El artículo 8 en su inciso c) ordena al estado a “fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer”.
El cambio es urgente y las medidas deben ser enérgicas, porque las consecuencias son cotidianas, no sólo en la comunidad en general, si no en los operadores a cargo de evitar la violencia y de defender estos derechos: No hace falta pensar demasiado en las consecuencias de la falta de una visión de género en los funcionarios públicos, estando tan cercana aún la sentencia del Tribunal Oral Criminal Nº1 de Mar del Plata en el caso por el femicidio de Lucía Perez.
Así también, desde PROTECTORA fuerza política, el Diputado Jose L. Ramón solicitó un aumento del Presupuesto destinado para estas actividades, ya que el presupuesto votado hace apenas un mes, incluyó una disminución de las partidas al Instituto Nacional de las Mujeres del 18% en términos reales en relación al año anterior. Más grave aún, el presupuesto 2019 prevée $32.099.395 para la implementación del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Esto implicó una reducción en términos nominales del 39%, mientras que en términos reales implica una pérdida del 55% en el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Ahora estamos cargando al Instituto Nacional de la Mujer con estas tareas, sin asignarle la correspondiente partida para que efectivamente pueda afrontar la implementación efectiva de la ley. Algo muy común de este gobierno, que es vender mucho humo y poca efectividad.
Asimismo, y en este orden de ideas, el Diputado Provincial Mario Vadillo, participó del jury de enjuciamiento que resolvió destituir al juez Gustavo Estrella, acusado de violencia de género por su expareja a partir de un hecho ocurrido en 2014, habiendo votado nuestro legislador, a favor de la destitución del mismo, en razón de las sobradas pruebas que acreditan el perverso proceder de este hombre quien hasta el momento continuaba siendo beneficiado con un sueldo de Magistrado.
Estamos convencidos que no se hubiese tratado este tema sino estuviésemos cursando esta Revolución de la Mujer en nuestro país. Por esta razón es que seguimos instando a las mujeres a que participen en política, y que continúen, pacíficamente defendiendo y haciendo valer sus legítimos derechos.-
Mg. Alicia Barrionuevo
Asesora-coordinadora grupo mujeres PROTECTORA
¿"Antecedentes de violencia de género" nada más?
Veo clartito esta movida, lo primero es el AUMENTO DEL PRESUPUESTO ¿a donde irá a parar el grueso del dinero otorgado?
Al poner justamente sobre la mesa el caso de Lucía Perez, estimada Alicia, todas las buenas intenciones que traía su carta se ven desdibujadas. Lucía Perez murió por exceso de ingesta de cocaína mientras mantenía relaciones sexuales consensuadas con una persona que era su pareja, no fue empalada ni asesinada, el fallo de los tres jueces fue ejemplar, y usted quiero destituirlos, o bien por ignorancia, o por exceso de idealización de género. Cuando personas como yo, que no fuimos educadas por género, como usted considera fundamental, por el simple hecho que nos inculcaron el considerar a todos los seres humanos como iguales con similares derechos y virtudes, más allá de sus órganos genitales, sus decisiones sobre sexualidad o modos de vivir en sociedad, vemos que usted y muchas personas abusan de la victimización para exigir leyes y cursos exclusivos para el sexo masculino, el cual a partir de los mismos quedará siempre en sospecha latente, a la defensiva, y dejando de tener igualdad ante la ley. La violencia está instalada en nuestra sociedad, lamentablemente, pero no es exclusiva de un género en particular, ni siquiera de una clase social, abarca a hombres y mujeres, ricos y pobres, educados y analfabetos. La gran mayoría de los hombres consideramos y respetamos a las mujeres como iguales, formamos familias, tenemos hijos de común acuerdo y en armonía, aún sabiendo que no somos exactamente iguales, que por algo la naturaleza nos impone ciertos límites diferentes en temas donde se destaca claramente la maternidad y la lactancia materna. Yo reformularía su pedido en solicitar que no puedan ser funcionarios públicos además quienes hayan sido denunciados por corrupción y cuenten con fallos de la Justicia donde hayan sido encontrados culpables. No veo la misma preocupación en los colectivos que usted integra por denunciar a los políticos corruptos que se llenaron de dinero en la actividad pública, y destruyeron el equilibrio económico ubicando a cientos de miles de personas a trabajar en las administraciones nacionales, provinciales y municipales, sin concursos, sin idoneidad y muchos de ellos con sueldos astronómicos.
¡Esta denunciante DISCRIMINA! Pues NADIE CON ANTECEDENTES DE VIOLENCIA debería asumir EL SERVICIO PUBLICO. ¿O para ella un tipo como D´Elía o Esteche no son "violentos" y estàn aptos para GOBERNAR AL PUEBLO ARGENTINO? ¿O cree que mujeres como esas que drogan a varones para robarles y que en algunos casos murieron porque se les fuè la mano con la dosis., conocidas como "viudas negras", si están aptas para ocupar cargos pùblicos? ¡NINGUN VIOLENTO SIN DISTINCION DE GENERO!