El domingo 16 del corriente y mientras caminaba por la costanera montevideana una bala de alto calibre rozaba la cabeza del juez Gustavo Mirabal, quien además de haber tenido el expediente del caso Berríos tiene a su cargo varios juicios por detenidos desaparecidos durante la dictadura militar incluído el caso de María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman.
    Aunque no fue una metralleta lo que se utilizó para intimidar al magistrado -según la policía se realizó con un arma tan poderosa como una pistola nueve milímetros- la presución más fuerte de los investigadores es que se utilizó un caño con silenciador.
    El martes 18 de abril el Hécules C.130 de la Fuerza Aérea uruguaya levantó vuelo de la base de Carrasco y puso rumbo a Chile a los coroneles Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Waldemar Sarli (aún en actividad) acusados de participar en el secuestro y posterior asesinato del químico chileno y ex agente de la DINA de ese país Eugenio Berríos.
    Según la denuncia presentada por la Suprema Corte de Justicia ante el Ministerio del Interior y que ahora es parte del expediente penal, el juez Mirabal habría accedido a mantener un encuentro con el abogado Dr. Guillot Eula, luego de que este insistiera reiteradamente en brindar información muy importante para su persona. El jurista le contó al juez Mirabal que en una reunión de amigos a la que había asistido, surgió una discusión sobre el tema de las violaciones a los derechos humanos. El abogado precisó que en la reunión había militares y que la misma derivó en la persona del mencionado juez. El Dr. Guillot afirmó que conocía a Mirabal y que le parecía "muy buena persona", tras lo cual un militar habría dicho "¿Mirabal? Mirabal es un objetivo militar inminente, si es su amigo dígale que se cuide".
    Hasta el momento el magistrado sostiene que las cosas no fueron de esa forma. Gustavo Mirabal fue el juez que concedió la extradición en primera instancia y su fallo fue ratificado por el Tribunal de Apelaciones. Tras lo ocurrido al magistrado, el presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, ordenó en forma inmediata extraditar a Chile a los tres militares uruguayos que cumplían con su detención en una unidad militar de Montevideo.


Las distintas reacciones

    Auque en cada fuerza las reacciones fueron diferentes -ya que los tres involucrados pertenecen al Ejército-, el clima general fue no sólo de acatamiento, sino de cierta indolencia. En las Fuerzas Armadas la gran mayoría de la oficialidad está más preocupada por el día a día y los temas profesionales que por este caso cuyo detalles realmente desconocen.
    El presidente del  Círculo Militar, general (R) Ricardo Galarza, criticó duramente al presidente Vázquez y al Minsitro de Educación y Cultura, Jorge Brovetto, por lo que definió como "presiones a magistrados", especialmente al fiscal Enrique Moller, quien solicitó el archivo de las actuaciones del caso de la nuera del poeta Juan Gelman. Para el ex director de Inteligencia de la dictadura, general (R) Iván Paulós, el presidente Vázquez debió poner en práctica el artículo 7 del tratado de extradición con Chile e impedir el envío de los tres militares, ya que el 24 de agosto de 1994 el mandatario actuó de manera opuesta: encabezó una asonada frente al  Hospital Filtro para evitar un pronunciamiento de la justicia en el caso de los vascos acusados de terrorismo y que fueron extraditados a España.
    El Gral. Paulós, recordemos, viene desde el año 2005 arremetiendo y amenazando al poder político en torno a los temas vinculados con la pasada dictadura.


La izquierda tambien polemiza

    El senador frenteamplista y ex líder del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros Eleuterio Fernández Huidobro entiende que el asesinato ocurrió en Uruguay y debe ser investigado en este país. Y, como los ahora procesados en ese momento eran subalternos, quienes deben responder son los superiores de ese momento. manifestando de esta forma su clara disconformidad con el pedido de extradición. En este sentido salió a su cruce el senador frenteamplista Enrique Rubio quién polemizó duramente sobre este tema con su colega Fernández Huidobro.
    Para la mayoría de los legisladores del gobierno la situación es simple: la decisión de la justicia es un avance en un sistema democrático. Los tupamaros siguen sostendiendo que esta extradición es ceder parte de la soberanía, alinéandose de esta forma con los sectores militares y políticos más conservadores.
    Pero los legisladores tupamaros enfocan sus batería en contra del ex presidente Lacalle, de su ministro del Interior Juan Andrés Ramírez y de Defensa Nacional Mariano Britos, dado que fue durante su mandato que se produjo el asesinato de Berríos.


A escondidas

    El caso de la extradición de los tres militares permitió conocer una especie de "Plan Condor" pero en democracia. En 1990 no solo Berríos fue ocultado en Uruguay en un operativo ilegal y coordinado con militares chilenos. También fueron escondidos el mayor chileno Carlos Herrera -quién ofició de custodia de Berríos en un apartamento del barrio Pocitos de Montevideo que era a la vez reclamado por la justicia chilena- y el hoy preso capitán Arturo Sanhuezza acusado del asesinato del periodista chileno José Carrasco.
    También se refugió en Uruguay uno de los hijos de Pinochet, Augusto Pinochet Iriart acusado en su país por delitos económicos. Al cierre de esta nota miércoles 26 de abril. en la Cámara de Diputados es interpelada la Ministra de Defensa Azucena Berrutti, comparecencia solicitada por el diputado colorado Daniel García Pintos, quien anunció que poseía información comprometodora en contra de la ministra y respecto a la extradición de los militares.
    Los episodios ocurridos en 1993 aún no están claros, el tema merece una investigación más profunda ya sea a cargo del propio parlamento y por la justicia uruguaya.
    Esto no es menor, pues estamos hablando de operaciones clandestinas en plena democracia.

Santiago Tricanico
Montevideo-Uruguay