Desde el peronismo se viene sosteniendo que el gobierno de cambiemos manipula la Justicia. Esta afirmación, viniendo de quienes siempre han intentado someterla, solo pretende igualar para abajo, en un desesperado intento por demostrar que, en materia institucional, Macri es Cristina.
No se pretende en esta nota argumentar la perfección del gobierno de Cambiemos en materia institucional. Sí se pretende poner en claro que, si bien ha habido claudicaciones, también se obtuvieron grandes logros. Logros de una sociedad que reclama y logros de un gobierno que, en general, se contiene a la hora de presionar a los jueces. Logros de un gobierno que supo dotar a los magistrados de un instrumento moderno y eficaz, como la ley del arrepentido. Logros de un gobierno que no persigue a la prensa y que hasta es criticado, por permitir que miserables personajes, autodenominados defensores de los derechos humanos, insulten al oficialismo desde el canal estatal.
¿Alguien recuerda un momento de nuestra historia en el que se haya llevado a los tribunales y hasta detenido, por causas de corrupción, a tantos burócratas sindicales?
¿Alguien recuerda un momento de nuestra historia en el que se haya llevado a los tribunales y hasta detenido, por causas de corrupción, a importantísimos empresarios?
¿Alguien recuerda un momento de nuestra historia en el que los fiscales hayan abierto causas al propio Presidente en ejercicio, prácticamente al inicio de su mandato?
¿Alguien recuerda un momento de nuestra historia en el que se llevara a los tribunales a los parientes del Presidente de la Nación, en ejercicio, por causas de corrupción?
¿Alguien recuerda tantos ex funcionarios procesados y presos por causas de corrupción, y al mismo tiempo?
Pareciera que en nuestro país comienzan a romperse los lazos de complicidad que aún hoy sostienen la histórica corrupción estructural argentina. Lazos de complicidad que pretenden hoy reconstituirse, a partir de un pacto empresarial/sindical, celebrado en ojotas y con las medias puestas.
Se dice desde la oposición que algunos personajes del oficialismo, como el empresario del juego Daniel Angelici, influyen en el Poder Judicial. Pero esa es una acusación que partió desde dentro de Cambiemos, a partir de la cual, se pueden sacar las siguientes conclusiones: a) Carrió logró contener las supuestas operaciones de Angelici en el Poder Judicial; b) Angelici es muy torpe para realizar operaciones en defensa de amigos, parientes y empresarios allegados al Presidente; o, c) La influencia de Angelici en el Poder Judicial de la Nación no alcanza ni a un 5% de la que supieron ejercer los operadores kirchneristas.
Cualquiera sea el caso, está claro que los jueces y fiscales que durante el kirchnerismo y durante el menemismo se escondían debajo de la mesa, o pedían licencia para irse a trabajar con Scioli a la Provincia, hoy tienen la presión que surge del reclamo social, y la libertad suficiente para trabajar en pos de obtener Justicia. A lo cual deben agregarse algunas nuevas herramientas legales que favorecen el curso de los procesos, como la ley del arrepentido, ya mencionada, y el reciente DNU de extinción de dominio. Esta última, resistida por la expresión política del crimen organizado (léase, el peronismo en su conjunto).
Lo que hay que entender, no obstante, es que los jueces y fiscales de Comodoro Py y del resto de la Justicia Federal en materia penal, fueron designados, en su mayoría, durante el menemismo y el kirchnerismo. Es decir, provienen casi todos del peronismo y, no obstante la celeridad y la eficacia de algunas de sus recientes investigaciones, son susceptibles de quedar sometidos a la interna del movimiento fundado por el General Perón. Interna que jamás se ha detenido frente al cumplimiento de los más elementales principios republicanos, y, en otras épocas, ni siquiera ante los más elementales derechos humanos. Internas de las que todos los argentinos terminamos siendo rehenes.
Esta pertenencia política de muchos jueces y fiscales, mientras se acerca la campaña electoral, deriva en que un Juez de Justicia Legítima, bancado por la kirchnerista organización Madres de Plaza de Mayo, acusa a un Fiscal que proviene del menemismo y lo cita a indagatoria. Mientras que el Fiscal que proviene del menemismo y que fue funcionario del ex menemista, ex duhaldista y kirchnerista Scioli, pretende recursar al Juez. En este contexto, el peronismo íntegramente responsabiliza al gobierno de Cambiemos de un supuesto intento por frenar la causa “D´Alessio”, cuando todos los protagonistas de esa causa son hijos políticos del General Perón.
Resulta extraño que un gobierno que se ha bancado cada causa en la que se lo investigó, hoy tenga interés en perseguir al Juez Ramos Padilla, por un expediente que, en realidad, no afecta a integrantes de Cambiemos. Más aún, cuando la supuesta “persecución” es por el hecho de haber pedido su juzgamiento en el Consejo de la Magistratura. Los motivos, relacionados con la manera irresponsable en la que ventiló con lujo de detalles el caso “D´alessio” en el Congreso, son atendibles desde el punto de vista jurídico. ¿Y las otras causas, las que afectan a los K, no se ventilan acaso? Dirán algunos. Y es cierto, pero la diferencia, en este caso, es que acá está probado quién fue el funcionario que lo hizo. Porque lo vimos todos por televisión.
Para concluir, debemos recordar que Ramos Padilla tal vez sea juzgado por excederse en sus dichos frente a una comisión del Poder Legislativo, mientras que un fiscal que, como él, quiso ir al Congreso, a exponer un caso de extrema gravedad institucional, terminó con un balazo en la cabeza, un día antes de concretar su deseo.
Y no. Macri no es Cristina.