¿El gobierno de verdad quiere llegar a un acuerdo con la oposición? ¿Esta propuesta de diálogo es genuina o es una mano de truco, plagada de señas y gestos destinados a engañar a los demás jugadores y al público que los eligió?

¿La oposición quiere un acuerdo con el gobierno? Hasta ahora, son muchas más las dudas que las certezas. Para contestar algunas de estas preguntas es necesario remontarse al pasado cercano.

En apenas un mes el gobierno accedió a llevar adelante una serie de medidas contrarias a todo lo que venía haciendo, a todo lo que venía predicando. Los controles de precios, el congelamiento de tarifas y la eliminación de la flotación cambiaria parecen concesiones no ya a sus aliados radicales, sino una claudicación ante el peronismo.

Este paquete de medidas, que puede gustarnos o no, es percibido por los mercados como la entrega de las últimas banderas culturales. Han adoptado hasta las palabras del kirchnerismo: “Precios cuidados”, “Ahora doce” y “Procrear” tienen el copyright del oponente.

Por otra parte, el gobierno siempre se negó a ampliar la base de Cambiemos. Incluso antes de que fuera gobierno, con buenas razones, se negó a establecer un acuerdo con Sergio Massa. El tiempo y los resultados electorales le dieron la razón. Pero la oportunidad para ampliar la base de sustentación era el momento de fortaleza, como muchos le sugirieron, luego del triunfo de 2017, y no en un momento acuciante como el actual.

Pero existe una cuestión central: ¿un pacto debe ser indiscriminado? ¿Es sensato acordar con alguien que jamás se ha mostrado dispuesto a aceptar las reglas del juego democrático, con alguien que no cree en la democracia ni en la Constitución Nacional?

¿Se le puede pedir a la izquierda revolucionaria, tal como pide Sergio Massa, que firme un acuerdo para respetar las bases del “Estado burgués y reaccionario”, según sus palabras, que quieren tumbar? De eso se trata la esencia de la izquierda revolucionaria. De hacer la revolución. Es decir de suprimir la Constitución y eliminar los pactos republicanos constitucionales. Si no no serían de izquierda revolucionaria.

Con la misma lógica, ¿se le puede pedir al chavo-kirchnerismo el respeto de las instituciones de la república que se propone disolver? Lo ha dicho la propia ex presidenta: “Hay que abolir esta constitución y hacer una nueva”, tal como se ha hecho en Venezuela.

Una vez más: Cristina Kirchner carga con once procesamientos, cinco pedidos de prisión preventiva y cinco causas elevadas a juicio oral. La única razón por la que aún está en libertad es la complicidad del Senado de la Nación que ha decidido sostenerle los fueros que no han sido concebidos para mantener la impunidad ante un delito.

Máximo Kirchner, que lanza ironías en respuesta al pacto, está muy bien comido y, por cierto, está cubierto por la protección que le otorgan los fueros como diputado. Pero está procesado por por el presunto lavado de 80 millones de pesos y acumula tres expedientes judiciales en su contra. En dos de ellos, el caso Los Sauces y Hotesur, tiene procesamiento efectivo.

¿Qué pacto se puede hacer con alguien que no cumple siquiera con la ley? En estos últimos días Rogelio Frigerio dijo que “no hay que contaminar” la iniciativa con cuestiones político-partidarias. “Son discusiones que tienen que ir por cuerdas separadas”, subrayó.

¿Por qué? ¿Por qué utilizar el término “contaminar”? El componente más saludable, legítimo y elemental de la democracia es el electoral. ¿Hay que recordar que el voto es la esencia misma de la democracia? Los políticos se refieren a “lo electoral” como si se tratara de un acto espurio y vergonzante. Durante muchos años se nos ha dicho a los argentinos que la urnas estaban bien guardadas.

Tal vez la base de un acuerdo debiera ser electoral: que todos los sectores auténticamente democráticos funcionen como anticuerpo de aquellos que quieren terminar con la democracia. Esos mismos sectores que se han apoderado de Venezuela y no la quieren soltar hasta exterminarla. El pacto que debe estar sobre todos los demás es uno que ya existe y se llama Constitución Nacional.