En 1971, tres años antes de que lo acribillaran en la puerta de la iglesia donde oficiaría su última misa, Carlos Francisco Sergio Mugica Echagüe ya había aceptado que su ejecución era sólo cuestión de tiempo. El religioso, fundador de la parroquia Cristo Obrero y punta de lanza en el movimiento de los “curas villeros” en Argentina, nunca tuvo la más mínima duda de que el lugar de un sacerdote estaba al lado de los desamparados, como tampoco flaqueó en su certeza de que la lucha armada era inaceptable. Un combo de ideas indigeribles tanto para la Derecha como para la Izquierda de aquellos años violentos, que lo puso en el lugar del mártir más previsible.

“Nada me impedirá servir a Jesucristo y a su iglesia, luchando junto a los pobres por su liberación. Si el Señor me concede el privilegio -que no merezco- de perder la vida en esta empresa, estoy a su disposición”, prometió aquel año en uno de sus sermones.

El momento de ponerle el cuerpo a ese compromiso llegó en la noche del 11 de mayo de 1974. Poco después de las 20.00, tras oficiar la misa de la tarde en la iglesia de San Francisco Solano de Villa Luro, Mugica y varios conocidos salieron a la calle donde fueron sorprendidos por un grupo armado que disparó sobre el sacerdote hiriéndolo a él y a su amigo Ricardo Rubens Capelli.

Mugica llegó al Hospital Juan F. Salaberry con 14 balas encima, alcanzó a dejarle claro al médico que no quería ser operado antes que su amigo, y entró al quirófano con pocas chances de sobrevivir. Falleció dos horas más tarde en la mesa de operaciones.

Cuando se supo la noticia, la opinión pública no tardó en acusar a las filas de Montoneros, que menos de dos meses antes del crimen había incluido a Mugica en la sección “La Cárcel del Pueblo” de su revista Militancia por considerarlo “enemigo de la Revolución”.

Aunque en el pasado habían sido amigos y simpatizantes, Mugica empezó a distanciarse de la agrupación cuando ésta pasó a la lucha armada. En sus últimos días el controvertido sacerdote había criticado a Montoneros con dureza en sus sermones por los asesinatos y secuestros que cometían, y los había definido como “pequeños burgueses intelectuales que aprenden la revolución en un libro y no en la realidad”.

Pero conforme pasó el tiempo, las pruebas fueron inclinando la balanza en contra del secretario de Juan Domingo Perón, José López Rega, y contra la Triple A, el grupo paramilitar que había creado el poderoso funcionario peronista para combatir a todo lo que oliera o se viera como marxista.

Obviamente la Triple A lo negó todo -nunca fue su estilo dar la cara por sus muertos-, y también Montoneros se desligó de cualquier responsabilidad amparándose en su propia fama, porque tampoco era su estilo desconocer sus atentados.

Sin embargo, lo que situó a la Triple A en la escena del crimen de manera inapelable fue el testimonio de Rubens Capelli, el otro herido en el atentado, quien reconoció de inmediato entre los atacantes a Rodolfo Eduardo Almirón, un estrecho colaborador de López Rega en el Ministerio de Desarrollo Social por ese entonces. La presencia de este hombre hacía en extremo difícil conceder el beneficio de la duda al secretario de Perón y hasta hubo quien pensó que la orden siniestra partió del propio General.

Según Miguel Bonasso -que, hay que decirlo, tampoco es un testimonio que uno diga: “¡Uy, qué respetable!”- eso era lo que pensaba Arturo Sampay, el destacado constitucionalista que militó en el peronismo hasta su exilio. Bonasso dijo que Sampay le confesó que creía que el asesinato de Mugica había sido “la respuesta de Perón al retiro de la Plaza” de Mayo de Montoneros, aquel día que el General los llamó “imberbes”. Sampay le dijo a Bonasso que una “operación maquiavélica” como esa, destinada a desorientar y enfrentar entre sí a los militantes, era “demasiado inteligente para que se le haya ocurrido al animal de López Rega”.

Mugica, que siempre fue conciente de que la bala podía venir de muchos lados, había compartido con distintas personas sus temores. El fallecido Antonio Cafiero relató en una ocasión que pocos días antes de ser asesinado, el sacerdote le confesó que temía que Montoneros intentara matarlo pronto.

Asimismo, hay testimonios de conocidos con los que el cura comentó sobre su última entrevista con López Rega, en la que sintió que era factible que el funcionario ordenara su muerte.

Mugica había sido asesor ad honorem en el Ministerio de Desarrollo Social y había tenido buena relación con el gobierno de Perón hasta que su oposición a la violencia y su disconformidad con otros manejos lo distanciaron del poder. Mugica renunció y tuvo que ir un día a la cartera de Desarrollo Social a enfrentar las acusaciones de López Rega y demostrar que había presentado todos los comprobantes de pago por los materiales entregados a las villas. Esa fue la vez que sintió que había dado un muy mal paso y que estaba en riesgo de muerte.

También hubo otros indicios que colocaban a los ideólogos del crimen más cerca de la Triple A que de Montoneros. El doctor Marcelo Larcade, especialista que operó al Padre Mugica, recordó que esa noche en el quirófano había unas 300 personas de uniforme y de civil dando vueltas a su alrededor que no se fueron hasta que escucharon la confirmación de la defunción.“Era lo que buscaban, la certificación de la muerte”, declaró. Larcade también dijo que tanto la historia clínica como el parte quirúrgico desaparecieron. Algo difícil de realizar desde la clandestinidad, pero muy sencillo si se está del lado de un Estado cómplice.

También está el testimonio de Rubens Capelli, quien mientras se recuperaba de las heridas recibió la inquietante visita en el hospital del yerno de López Rega, Jorge Conti. Para Capelli, la presencia de Conti era una clara advertencia y desde ese momento fue perseguido por el Estado y hasta estuvo desaparecido.

Después de años de acusaciones cruzadas, Almirón fue extraditado desde España en el marco de una megacausa de crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A aunque muy pronto el ex colaborador de López Rega logró el beneficio del arresto domiciliario hasta su muerte, en 2009.

En 2012 un fallo del juez Norberto Oyrbide formalizó la acusación contra otros miembros de la Triple A específicamente por el asesinato del padre Mugica, y en 2016 la jueza María Servini condenó y procesó por el crimen a cinco ex miembros de la Triple A, entre ellos el yerno de López Rega, cerrando un caso que atravesó 42 años de teorías conspirativas en torno a la cuenta regresiva que le puso fin a los días del primer cura villero del país. Silvia Martínez