La fiscal Ana María Tellechea se pronunció a favor de conceder la extradición a la Justicia argentina de los seis oficiales uruguayos acusados de formar parte del Plan Cóndor. El juez penal de 1er. turno va a enviar al país vecino una serie de preguntas vinculadas con el caso, pero todo apunta a que realmente el pedido de extradición se concrete.

    La representante del Ministerio Público (en Uruguay Fiscal) elevó al juez penal Juan Fernández Lecchini su pronunciamiento sobre el pedido formulado por el magistrado argentino Guillermo Montenegro. Según se pudo saber, Tellechea dio el visto bueno por entender que la solicitud cumple todos los requisitos formales establecidos por ambos países en esa materia.

    La fiscal, que en este caso cumple la tarea de asistente técnica del magistrado, desechó los descargos formulados por las defensas de los oficiales que se oponen a la extradición sobre la base de la ley de Caducidad y la prescripción de los delitos.
    Según Tellechea, estos argumentos no son válidos para negar la extradición, ya que el criterio de la prescripción se debe considerar de acuerdo con legislación del país requirente, en este caso Argentina, al igual que la normativa a aplicar.

    Fernández Lechini deberá resolver ahora si hace lugar o no a las pruebas solicitadas por la defensa de los oficiales para, posteriormente, dedicarse al análisis del asunto. Hasta el momento, el magistrado optó por enviar a su par argentino una serie de preguntas sobre el caso.

    El pedido de extradición incluye al teniente coronel retirado José Nino Gavazzo, a los coroneles (r) Gilberto Vázquez, Ernesto Rama y Jorge Silveira, al policía Ricardo Medina y al militar en situación de reforma Ricardo Arab. Todos estos oficiales permanecen detenidos desde hace un mes -algunos en unidades militares y otros en la cárcel central ubicada en la Jefatura de Policía de Montevideo.

    El pedido mencionado fue entregado el pasado 7 de mayo por el embajador argentino Hermán Patiño Meyer al canciller Reinaldo Gargano. Ese mismo día, el gobierno anunció que respetará la decisión que adopte la Justicia.


Videla y demás socios

   La solicitud del gobierno argentino se realiza en el marco del expediente ¨Videla Jorge Rafael y otros, privación  ilegal de libertad personal¨ que investiga el Plan Cóndor.

    Los delitos por los cuales se requiere a estos oficiales son asociación ilícita agravada en concurso real con privación ilegal de libertad, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 210 bis y 144 bis del Código Penal argentino.

    La investigación de Montenegro está dirigida a esclarecer la concertación de un acuerdo criminal, denominado Plan Cóndor, por el cual se avalaban ilícitos como la desaparición forzada de personas.

    En su exhorto deja en claro que la indagatoria se centra en las actuaciones que en el marco de esta organización criminal se habrían perpetrado total o parcialmente en suelo argentino y en los cuales habrían intervenido fuerzas de seguridad, policial o militar de más de dos Estados.

    Montenegro afirma que existe semiplena prueba de su actuación en Automotores Orletti y su responsabilidad en la desaparición de 12 personas tanto uruguayas como argentinas, entre ellos se encuentra María Claudia García de Gelman.


La ley de caducidad no se deroga

   El presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, anunció en su último Consejo de Ministros que la ley de Caducidad no será derogada, a pesar de la solicitud promovida por algunos sectores políticos integrantes del Frente Amplio, como es el caso del senador Rafael Michelini, hijo del senador uruguayo Zelmar Michelini asesinado en Buenos Aires en el año 1976.

Santiago Tricanico
Montevideo-Uruguay