La “igualdad de remuneración por trabajo igual” entre hombres y mujeres fue reconocida en Ginebra por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a través de una resolución adoptada por consenso. La auparon un bloque de Estados europeos y latinoamericanos, Japón, Corea del Sur, Fiji, Thailandia, Sudáfrica, Gambia y Botswana, pero bajo el silencio de China, Rusia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, y de los países árabes e islámicos, menos Turquía.

El documento, denso y pormenorizado, recoge el compromiso de Naciones Unidas por “el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad”, en el marco de “la igualdad de remuneración por trabajo de igual remuneración”. Estima también que la “desigualdad salarial constituye un obstáculo para el logro de la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres y las niñas y para el pleno ejercicio de sus derechos humanos”.

El máximo órgano de la ONU en la materia, integrado por 47 Estados nombrados por el voto secreto de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se van rotando anualmente, pidió se reconozca “la parte desproporcionada que asumen las mujeres y las niñas en los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado”.

Solicitó que se dispongan “leyes, políticas y servicios que respondan a las necesidades de la familia, como planes de licencia parental compartida”, y “sistemas de protección social inclusivos que tengan en cuenta el género y fijen unos niveles mínimos, a fin de garantizar el pleno acceso de todas las personas, sin discriminación de ningún tipo, a la protección social”.

La ONU reclamó “medidas apropiadas para hacer frente a la disparidad y la reducción salariales que sufren muchas mujeres cuando tienen hijos, por ejemplo promoviendo la licencia de paternidad y la utilización de esta por los hombres, entre otras formas mediante la licencia remunerada y no transferible asignada específicamente al padre, así como garantizando que dicha licencia esté vinculada a la disponibilidad de servicios e instalaciones de guarda de niños asequibles, accesibles, inclusivos y de calidad”.

Este Consejo preconizó la eliminación de “la segregación ocupacional basada en obstáculos estructurales, los estereotipos de género y las normas sociales negativas, promoviendo la igualdad de acceso de la mujer a los mercados de trabajo, la educación y la capacitación, así como su participación en ellos”, apoyándolas “con el fin de diversificar sus opciones educativas y ocupacionales en nuevos ámbitos y sectores económicos en crecimiento, como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas y la tecnología de la información y las comunicaciones, y reconociendo el valor de los sectores que tienen un elevado número de mujeres trabajadoras”.

Al propio tiempo instó a erradicar “las disparidades de género en el goce efectivo del derecho a la educación a todos los niveles” y a ofrecer “a todos, sin discriminación, la participación plena en condiciones de igualdad en una educación de calidad y su finalización, incluida la formación profesional y técnica libre de estereotipos de género”, y paralelamente disponer “lugares de trabajo … libres de discriminación y explotación, violencia y acoso sexual e intimidación”, y el acceso a “prácticas de contratación, ascensos, retención y rescisión, como medio para superar los estereotipos de género”.

Con ello, la ONU propuso alentar “oportunidades de aprendizaje permanente para todas las mujeres y las niñas” y combatir el “analfabetismo”, y “la brecha digital de género, entre otras cosas mediante la formación, contratación y retención de docentes de calidad en las zonas rurales”, en el contexto de “entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos y faciliten una transición efectiva de la educación o el desempleo a un trabajo decente”.

Al sector privado se le recomendó que exija “cuentas a los empleadores de todos los sectores que no respeten las leyes y los reglamentos en materia de igualdad de remuneración” y a todos los actores involucrados, los llamó a remover “los obstáculos”, inclusive “los basados en interpretaciones culturales y religiosas, que impiden que la mujer participe de manera plena, efectiva e igualitaria en la adopción de decisiones políticas, económicas y de otra índole y ocupe puestos en las instancias decisorias”.