El jueves último, circularon en Twitter mensajes que advertían sobre un allanamiento en el canal de televisión C5N, en buena parte con el hashtag #AprieteAC5N. Un usuario publicó un mensaje en la red social –luego eliminado sin seguir las mejores prácticas para detener la difusión de una desinformación-, donde dijo textualmente: “Prefectura y Gendarmería están allanando C5N. El autoritarismo y la connivencia Ejecutivo/Judicial es ENCANDALOSA. Esta gente sabe que pierde y NO SE QUIEREN IR. Ojo gente. Las dictaduras no son solo militares. Hay cosas que NO se pueden tolerar. BASTA DE PERSECUCIÓN”. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, lo desmintió con un mensaje que tuvo más de 2 mil retuits.

Según pudo comprobar Reverso, el tuit inicial es falso: ninguna fuerza federal participó del operativo que hubo en las oficinas del Grupo Indalo, y la denuncia que lo originó no fue realizada por el Gobierno nacional ni por ningún organismo estatal o funcionario que dependa de él.

No, ninguna fuerza federal allanó C5N

El jueves último por la tarde efectivos se presentaron en las oficinas del Grupo Indalo de la calle Olleros 3351, en donde también se ubican los estudios de C5N y la redacción del medio Minuto Uno. Estos últimos son dos de los 124 medios aliados de Reverso. La cuenta de la Comisión Interna de Trabajadores del canal subió a Twitter dos videos (ver acá y acá) donde se puede ver a dos hombres con pecheras celestes de la Policía de la Ciudad -que depende del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- en el lugar.

Según la orden de presentación a la que accedió este medio, los uniformados que se hicieron presentes en el lugar se desempeñan en la División de Delitos, Defraudaciones y Estafas de la fuerza porteña. “Deberá proceder conforme a las disposiciones previstas en el Libro II, Título III, Capítulo III del Código Procesal Penal de la Nación” (que se titula “secuestro” de medios de prueba y no “allanamiento”), señala en forma expresa el documento judicial. Por lo tanto, ninguna fuerza federal que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación -según también confirmaron a este medio desde dicha cartera- intervino: ni Gendarmería Nacional ni la Prefectura Naval, como se señaló en el tuit mencionado, ni tampoco la Policía Federal ni la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y no se trató tampoco técnicamente de un “allanamiento” (porque los efectivos no iban a buscar pruebas y llevarse cualquier cosa que encontraran y pudiera servir para la investigación, sino exclusivamente a retirar determinados libros societarios).

Los policías, según el documento, acudieron allí por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°45 para solicitar “todos los libros societarios obligatorios y los respectivos anexos que se pudieran registrar, a partir del año 2008 hasta la actualidad” de 9 sociedades que forman parte del grupo, entre ellas South Media Investments SA -la sociedad controlante-. Y, además, “de la firma Ideas del Sur SA todos los libros societarios desde el año 2011 a la actualidad”. La orden lleva la firma del juez Javier Sánchez Sarmiento y del secretario Nicolás Coronel. Tiene también el sello del juez Ricardo Farías, quien no firma en este caso, pero es quien subroga habitualmente ese juzgado desde que la jueza María Fontbona de Pombo se jubiló.

En diálogo con Reverso, el director de Contenidos del Grupo Indalo, Carlos Infante, confirmó que “los que estuvieron fueron de la División de Estafas de la Policía de la Ciudad” y, además, contó: “Vinieron a buscar libros de varias sociedades de la parte de los medios del grupo. Estuvieron alrededor de tres horas y no pudieron llevar mucho, porque varios de los libros que querían ya se los habían llevado en 2018”.

La causa del procedimiento

El procedimiento se produjo en el expediente número 62.685/2017 que, como se dijo, se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°45, antes a cargo de Fontbona de Pombo y actualmente de Farías. La decisión que lo originó fue a raíz de una querella de un ex dueño de Ambito Financiero, según pudo reconstruir Reverso al consultar fuentes de Indalo, judiciales y lo que tuiteó el periodista de C5N Raúl Kollmann en su cuenta.

En febrero de 2015, el Grupo Indalo cerró la operación de adquisición del 60% de Editorial AMFIN SA, titular de los diarios Ámbito Financiero y Buenos Aires Herald, ubicados en la Ciudad, y El Ciudadano de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Las nuevas autoridades que asumieron fueron Fabián De Sousa como presidente, y Mariano Frutos, como vice. Según publicó el diario La Nación, “el 40% de la sociedad quedó en manos de Vignatti, socio también del grupo Manzano-Vila en el multimedios La Capital, de Rosario”.

Más de dos años después, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, a cargo del juez Diego Amarante, dispuso el procesamiento de Editorial AMFIN SA como así también de sus autoridades (Fabián De Sousa, Mariano Frutos, Roberto C. Corvi, Orlando Mario Vignatti y Virginia M. Vignatti) por “retención indebida de aportes a la seguridad social” (es decir, jubilatorios y al régimen de obras sociales) de sus empleados. Reverso intentó comunicarse con el apoderado de la empresa, Nelson Rivas, para conocer el estado actual de la causa, pero no obtuvo respuesta hasta la publicación de esta nota.

Esta no es la única causa que involucra al Grupo Indalo. Los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa se encuentran detenidos en el marco de una causa por una deuda de $8 mil millones con la AFIP por no haber pagado el impuesto a la transferencia de combustibles de la empresa Oil Combustibles. El último jueves 18 de julio, la Cámara Federal de Casación Penal -integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa- confirmó el rechazo a la excarcelación que habían solicitado ambos empresarios. Además, el Tribunal Oral Federal N°3, que desde el último 13 de junio lleva adelante el juicio, también rechazó los pedidos de incorporación de prueba que solicitaron los acusados.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo que une a más de 100 medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña.

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