El Comité de Derechos Humanos de la ONU, integrado por 18 expertos independientes nombrados mediante el voto secreto de los Estados que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumento fundador de Naciones Unidas, denunció el “alarmante número de feminicidios” en Paraguay, y pide medidas urgentes para proteger el conjunto de los derechos de la mujer, cuyo atraso se refleja en un documento publicado en Ginebra.

La batería de iniciativas que recomienda la ONU para frenar la ola de asesinatos de mujeres en Paraguay, contemplan que “todos los crímenes sean investigados de manera pronta e imparcial, a través de una formación adecuada de jueces, fiscales y órganos de aplicación de la ley”, uno de los antídotos para hacer frente al “aumento de la violencia doméstica y sexual contra mujeres, niñas y adolescentes”.

A tal efecto, además se incluye “la recolección de datos estadísticos, y asegurar que las instituciones y programas destinados” a luchar contra la violencia en perjuicio de las mujeres, “dispongan de recursos humanos, financieros y técnicos” imprescindibles, toda vez que “las víctimas tengan acceso a asistencia y protección”, y al amparo de “la justicia, incluyendo en zonas rurales y pueblos indígenas”, al tiempo que se eliminen “los estereotipos de género y a evitar la doble victimización de las víctimas”.

Para colmo, la ONU constata “la persistencia de la discriminación contra las mujeres, personas afroparaguayas, indígenas, personas con discapacidad, trabajadoras o trabajadores sexuales, personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) y las personas infectadas por el VIH, especialmente en las áreas de educación, salud y empleo”, tragedia que amerita “una legislación exhaustiva que prohiba la discriminación en todos los ámbitos”, y “un aumento de los programas de formación para agentes del orden y de seguridad y de más campañas de sensibilización que promuevan la tolerancia y el respeto de la diversidad”.

La preocupación de la ONU se extiende a la “criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo, incluido en casos de violación o incesto, cuando el embarazo no sea viable, o cuando la salud de la mujer o niña embarazada corra peligro, lo que obliga a las mujeres y niñas a recurrir a abortos inseguros que ponen en grave peligro su vida y su salud”, criminalización que se extiende a las “madres de niñas embarazadas, así como a profesionales de la salud que realicen abortos ilegales”, en el marco de “la elevada tasa de mortalidad materna, en particular entre niñas y adolescentes”.

Al respecto la ONU exhorta a Paraguay a derogar dos resoluciones del Ministerio de Educación y Ciencias, que prohíben “la difusión y utilización de materiales referentes a la teoría y/o ideología de género”, y “la utilización de la Guía para Docentes sobre Educación Integral de la Sexualidad-Educación Permanente, en instituciones educativas”, y a su vez le pide cuentas sobre la ausencia de razones requeridas oportunamente por la ONU para establecer “un registro civil de defunciones de concebidos no nacidos (art 2, 3, 6, 7, 24 y 26)”.

De seguro, la ONU no iba a desperdiciar la oportunidad para seguir insistiendo en que se investiguen “los casos de violaciones graves de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura (1954-1989) y el período de transición hasta el año 2003”, de modo que “los responsables sean juzgados sin demora, y en su caso, sancionados”, al igual que garantizar “una indemnización y una reparación integral” de las víctimas, “independientemente de cuando se inició el reclamo”, junto a la aceleración de la “búsqueda de las personas desaparecidas e identificación de restos encontrados en el contexto de la investigación de los casos de desaparición forzada”.