Nicholas Wintentor, parlamentario británico, miembro en su ámbito de la Comisión sobre Malvinas, ha expresado que "la Argentina quedó con la nariz ensangrentada hace 25 años y, en forma similar, le recomendaría que no lo intente de nuevo", refiriéndose, por supuesto, a la guerra de 1982.
    Cuando mis hijos eran chicos y quedaban con la nariz ensangrentada, era porque algún insolente les "había insultado a la madre". Mostraban su sangre como un verdadero trofeo que los elevaba ante sus pares. Su orgullo subía hasta sus ojos en lágrimas de rabia y confianza, amargas y dulces. Entre el reto y el amor, el dolor era lo de menos. La ofensa había sido reparada.
    Si para el señor Wintentor, hace 25 años la Argentina salió con la nariz ensangrentada, fue porque su patria fue ultrajada durante los 150 años precedentes al 82. Esa nariz ensangrentada son, ni más ni menos, que los 649 muertos argentinos que ofrecimos como sacrificada ofrenda a un mundo admirado.
    Ahora los Kelpers avanzaron más y vendieron licencias de pesca a 25 años a empresarios que operan en Argentina y Malvinas violando pristinamente la ley de Sociedades.
    Argentina en los foros internacionales eleva sus reclamos valederos, pero “dentro de casa” nada cambia. El Consejo Federal Pesquero emitió una tibia resolución al respecto, sabiendo que ellos son quienes deben actuar firmemente en defensa de la soberanía argentina y sus recursos pesqueros.
    El doble mensaje es simple de explicar: los integrantes del consejo Federal Pesquero son los lobystas de esas mismas empresas, esperar de ellos que haya un pedido de revocación de licencias por las ilegalidades que incoa este acto de doble captura es utópico.
    Argentina debe revocarles tantas licencias de pesca como buques tengan las empresas pescando en Malvinas, ya que son todas extranjeras, europeas y asiáticas. De las autoridades pesqueras no podemos esperar ningún acto fehaciente por detener esta “violación” dado que a la fecha nada ha hecho.
   Lo peor es qur tenemos herramientas legales de sobra para revocar licencias de pesca de las empresas que además de pescar en Malvinas también lo hacen aquí e ilegalmente, con permisos de pesca ilegales con dictámenes de nulidad de la UBA-SIGEN -PTN-AGN.

    No sería improcedente reclamar a las empresas que paguen además la proporción de lo que hayan pescado, capturado y exportado de Malvinas, pues este finalmente es parte de su cupo otorgado anualmente en Argentina, dado que las especies que allí habitan son "transzonales" y altamente migratorias.
    El Lloyd´s Register ha sido designado por la Organización Marítima Internacional para asignar un número de identificación a cada armador y a cada buque, y en este caso la legislación podría establecer que, en caso de que en la historia de un buque que obtiene licencia de los ocupantes británicos de Malvinas aparezca la casa matríz de una empresa radicada en Argentina, ello significará la caducidad inmediata y sumarísima de todos los permisos de sus buques, con un plazo de un mes para exhibir las pruebas en contrario. Es decir que habría que invertir la carga de la prueba.
   La ONG Oceana exige a España que se investigue la pesca ilegal destacando el caso de Argentina. Esta ONG con sede europea en Madrid reclamó a la Audiencia Nacional de España que inicie investigaciones por el tema de la pesca ilegal.

    En tal sentido, Oceana explica que hay un buen número de ciudadanos españoles y empresas con capital español, que llevan a cabo actos ilegales de pesca, tanto en aguas internacionales como en zonas económicas exclusivas. Las recientes detenciones de buques españoles en aguas bajo jurisdicción de Argentina, Noruega e Irlanda son la punta de un Iceberg de actividades ilegales muy bien conocidas por el sector.

    Oceana afirma que la pesca ilegal debe ser considerada un asunto de Estado y que las autoridades gubernamentales y la justicia deben intervenir para poner fin a la misma.
   La dualidad de estos grupos depredadores, extranjeros y piratas -empresas radicadas en Argentina-, al igual que la de sus colegas Pereyra, Freiremar y Pescanova (Argenova), desató un huracán de críticas en todas las provincias argentinas con litoral marítimo. Los diarios El Chubut y La Capital (Mar del Plata), sitios de Internet como La Red – Noticias (CeDePesca) y entidades de empresarios y de trabajadores y líderes políticos expresaron su malestar y vienen demandando que se anulen los permisos de pesca de estas empresas en territorio nacional.

    Es llamativo que algo tan caro para los argentinos sea olvidado tan rápidamente. Si bien iniciamos acciones internacionales para evitar el abuso Kelper, no se aplica la legislación a las empresas que allí operan.
    Los argentinos llevamos el estigma de la masacre urdida a nuestros hombres -héroes casi anónimos- en el crucero General Belgrano. Repetimos cada año las hazañas de nuestros pilotos y sus actos de heroísmo en TV y escuchamos los relatos de los ex combatientes, así como su anterior sufrimiento y actual padecimiento.

     Hablamos muy bien en su memoria en las plazas de cada sitio del país, llevamos coronas de flores en cada aniversario y no hacemos nada más que hablar, cuando hay tanto por hacer en defensa de recursos pesqueros que son patrimonio inclaudicable de nuestra Argentina.
    Los señores diputados y senadores, además de hablar para la televisión, deberían estar de acuerdo en sancionar por este acto y de forma inmediata a quienes nos depredan, demostrando al mundo que de la misma forma que no olvidamos Las Malvinas ni nuestros muertos, tenemos presente esta injusticia. 

    La misma pasión que desata la selección en el fervor nacional es lo que deberíamos sentir por Malvinas y no debemos ni podemos permitir esta afrenta que es como una nueva "invasión impune". No podemos permitir que se rían de nosotros gracias a la genuflexión de funcionarios “impulsados” por un grupo de Lobystas de empresas identificadas, que recorren pasillos para que nada cambie. 
    Munidos en la idea natural de que Malvinas es sinónimo de Argentina, debemos echar del mar Argentino a esta clase empresaria "buitre" y apátrida sin temor a crear desocupación alguna, pues los permisos que se les revoquen a estas se les otorgarán a empresas argentinas de acuerdo al Art. 1 de la ley Federal de Pesca 24.922.
    Señores basta de verso, aquí juegan ustedes representándonos a nosotros y atrás tienen una buena hinchada.
    El mundo debe saber que Argentina va por todo y con la ley.

Roberto V Maturana
Oficial de Marina mercante-investigador
DNI-10.675.751

ANEXO: VAMOS POR LA IMPUNIDAD Y EL DAÑO AMBIENTAL

A fojas 89- Solicita REPSOL-YPF en su presentación. En el punto II expresa:
    “Habida cuenta de la cantidad de documentación solicitada y la complejidad de la cuestión tratada como demandada se encuentra impedida de desarrollar los argumentos que hagan a su defensa en los plazos dispuesto por VE.”
    Es menester recordar que lo que se solicitó a YPF-SA es nada más que documentación que debe tener en su poder si efectuó fehacientemente los controles que las medidas ISO 9000. No obstante ello, YPF SA anuncia estar bajo medidas ISO 14000 que son pautas que la empresa adopta por su requerimiento y voluntad, no así las ISO 9000 que son de cumplimiento efectivo.
    A Fojas 89 Vlta YPF da como ejemplo el punto 23: “Se le ordene a REPSOL-a efectuar análisis de suelo en presencia de autoridades judiciales y administrativas alrededor del Tanque 1 y demás tanques”.
    Esto para YPF es colocarla en estado de indefensión.
    Cabe señalar que la empresa tiene al lado de cada tanque un freometro, el cual se debe analizar 1 vez al mes para saber cómo está la tierra o el suelo. Esas lecturas las hace una Universidad y se vuelcan en libros rubricados. Cuál sería el problema que encuentran para no presentar los documentos si, además, YPF-SA responde a las medidas ISO 9000 e ISO14000. Es algo que debería tener a mano sin problema alguno.
YPF SA acentúa las garantías constitucionales de la empresa
    Yo pregunto ¿cuáles son las garantías constitucionales de las personas? ¿Qué sucede con la contaminación de napas freáticas? ¿Y con el colosal daño ambiental? 
    El mantener en servicio un parque de tanques sin tanque de agua para incendio, lo cual viola la ley 13660, es óbice demostrativo de que se violan también las medidas ISO 9000 e ISO 14000.
    Mantener un muelle "inflamable" sin una bomba de cebado automático, sin tener manguerotes de repuesto para cargas y descargas (con sus correspondientes vencimientos gravados en el lomo), no tener una batea de contención acorde a las normas, ¿estará admitido por las medidas ISO que enarbolan?
    Todo lo que se le pidió a YPF.SA es documentación que debe tener en libros rubricados si es que cumple con la legislación y las normas vigentes.
    El Juez de la causa Dr Arbizu resolvió a fojas 101 desestimar revocatoria –no dar curso al planteo subsidiario de inconstitucionalidad de la ley 11723.
    El Consorcio portuario niega responsabilidad sobre las manchas de hidrocarburos que se encuentran en las rocas de las escolleras y del puerto.
    Expone que el Consorcio es un ente a cargo de explotación y administración, por ende, es responsable del cumplimiento de las leyes y el cuidado ambiental, ”Ratificando que todos sus permisionarios cumplen las normas establecidas”. Niega el consorcio que la “caterva” de fotografías presentadas evidencien un daño ambiental.
    A fojas 131 el Juez Dr Arbizu desestima la revocatoria planteada por el peticionante. Concede un recurso de apelación para elevar a alzada.
    La expendedora de combustibles en el predio portuario “zona común” también es denunciada. Acompaña un escrito legal y una cantidad de normas y procedimientos que se deben llevar a cabo y una muestra en fotos de lo que ocurre.
    Este es el estado actual de la medida cautelar.

RM