El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, compuesto por 18 expertos independientes que vigilan el cumplimiento de la Convención Internacional respectiva -existente desde hace 50 años, hoy ratificada por 180 de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas- abogó para que México garantice “la salud sexual y reproductiva de las mujeres indígenas y afrodescendientes con pertinencia cultural”, reveló un documento difundido en Ginebra.

“Preocupado por las múltiples formas de discriminación que afectan”, a estas mujeres, “que comprometen el acceso a la educación, al trabajo, a la salud culturalmente adecuada, así como la participación en la vida pública y toma de decisiones”, los expertos pidieron respeto por sus “diferencias culturales y lingüisticas”, y una especial atención al atropello de las “esterilizaciones involuntarias”, de modo “que los responsables sean enjuiciados y debidamente castigados”.

La ONU se inquieta por denuncias recibidas “de prácticas discriminatorias y de violencia contra mujeres indígenas por parte de personal médico en las instituciones de salud pública al momento de acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, que en algunos casos ha conllevado esterilizaciones sin el consentimiento” de la paciente, haciendo un llamado a México para que realice “campañas de sensibilización entre” los empleados sanitarios, con el propósito “de crear conciencia y de eliminar los actos y prácticas de discriminación racial en el sistema de salud”.

Los expertos pusieron como contexto el urgente pedido de reformas a las definiciones y alcances de la legislación mexicana para combatir la extrema pobreza, particularmente el “alto grado de marginación y exclusión social” que ocasiona la discriminación racial, en indígenas y afromexicanos, a efectos que se “contemple los actos de discriminación directa e indirecta en todas las esferas del derecho y de la vida pública”, y para que “se asegure de que los motivos raciales se consideren como circunstancia agravante en las penas impuestas por un delito”.

La ONU también observó que en México falta el debido respeto a “las exigencias del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, adoptado en 1969, que dispone el consentimiento libre, previo e informado “en consulta” con afrodescendientes e indígenas, tomando en cuenta sus tradiciones y características culturales”, por múltiples contravenciones en su aplicación.

Presuntamente las autoridades mexicanas desdeñarían “las brechas de desigualdad y sus necesidades concretas”, tanto en indígenas como en afrodescendientes “a fin de lograr resultados significativos en la disminución de la pobreza, y de los niveles de desigualdad que les afectan”, pues las consultas se llevarían a cabo “en contextos de amenazas, criminalización y hostigamiento, perjudicando su carácter libre”, y no “de manera previa”, desconociendo “los usos y costumbres”, sin proporcionar “información clara, precisa y culturalmente adecuada”.

La ONU pone como ejemplo de estas violaciones de los estándares internacionales dos casos emblemáticos en México, que son “la ejecución de grandes proyectos de inversión como el tren maya y el corredor transístmico que podrían afectar a las comunidades de los pueblos indígenas”, transgrediendo el Convenio 169 de la OIT, para lo cual haría falta todavía “estudios independientes e imparciales sobre el impacto ambiental y sobre los derechos humanos” en los territorios donde viven comunidades autóctonas.

A todo esto, a México le faltaría aún dotarse, según la ONU, “mecanismos” suficientes “para la protección, preservación, reclamación y restitución de las tierras, territorios y recursos tradicionalmente ocupados por pueblos indígenas” que “ha generado desplazamiento forzoso”, ante lo cual recomienda “instituciones relevantes” que atiendan “la reclamación y restitución de tierras y territorios ancestrales”, asegurando que se dispongan con los imprescindibles “recursos humanos, técnicos y financieros”.

Los expertos de la ONU exhortaron a México a “garantizar la protección de los derechos que tienen los pueblos indígenas a poseer, utilizar, desarrollar y controlar con plena seguridad sus tierras, territorios y recursos, incluso mediante el reconocimiento legal y la protección jurídica necesarios”, e impedir su “desplazamiento forzoso”, a través de “medidas de mitigación, compensación por daños o pérdidas sufridas y de participación en los beneficios”, al igual que un resarcimiento para hacer frente a los “efectos de la crisis climática”, y poner a resguardo “sus formas tradicionales de vida y de subsistencia”.