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La presencia de dirigentes políticos en colegios secundarios, y en el marco de la campaña electoral, ha despertado quejas en un importante sector de la ciudadanía, en torno a la utilización partidaria de establecimientos públicos. Establecimientos que son financiados con los impuestos de todos los argentinos.
Sin embargo, también debe considerarse que los estudiantes secundarios votan a los 16 años, razón por la cual, el conocimiento sobre las cuestiones cívicas y políticas, no debiera estar ajeno a ese ámbito educativo.
Entonces, la cuestión pasa por cómo compatibilizar ambas necesidades: la de preservar lo que es de todos para que no sea utilizado en beneficio de una parcialidad, y la de permitir el acceso de lo cívico y lo político, como parte de la formación de jóvenes que votan a una temprana edad.
En mi opinión, se trata de proteger, en primer lugar, la equidad de las distintas parcialidades políticas cuando se introducen en el ámbito educativo y, en segundo lugar, la finalidad educativa, como centro de dichas intervenciones.
En efecto, lo que hoy prevalece es la irrupción de candidatos en los colegios, que normalmente corresponden a una sola parcialidad política, que hablan para un séquito de alumnos aplaudidores o hinchas, y que se limitan a escuchar la línea que se les baja, sin posibilidad de preguntar y, mucho menos, de repreguntar.
Este esquema de ningún modo respeta el principio de equidad electoral, ni preserva lo que es de todos, del aprovechamiento faccioso. Esta metodología, lamentablemente, se consolida sobre la base de un nulo o poco profesional involucramiento de la autoridad educativa, en esta materia.
Y esto es así, porque para generar un ámbito de acceso a lo cívico y a lo político, orientado al conocimiento, resulta imprescindible una autoridad educativa que convoque y vincule a los candidatos con los estudiantes, desde una posición institucional. Es necesaria una autoridad que funcione como árbitro de los diferentes sectores políticos que concurran, de las discusiones que puedan plantear entre sí, y de un libre intercambio de ideas entre los políticos, y quienes son el fin último de la actividad educativa: los estudiantes. Y es necesario, finalmente, que esa misma autoridad educativa garantice una tarea posterior: incentivar a los estudiantes la investigación sobre las cuestiones controvertidas e interesantes del debate, de modo de fomentar una visión crítica de la realidad, sustentada en datos y conocimiento.
Contrariamente a lo que aquí se propone, la autoridad educativa, hoy, se desentiende de esta cuestión. Deja en manos de sindicatos y centros de estudiantes la introducción de la campaña electoral en los colegios. Lo hace a sabiendas de que esas organizaciones, muchas veces están conducidas por dirigentes que no actúan en función de todos sus representados, sino de sus preferencias partidarias. De este modo, sólo acceden a las instituciones educativas los candidatos que ellos quieren, y bajo una modalidad meramente proselitista. Con un agravante: en tanto que las autoridades educativas mantengan la “zona liberada”, los autoritarios siempre estarán dispuestos a insultar, agraviar e impedir la libertad de expresión, dentro de los colegios, a cualquiera que no piense como ellos. Así, sea que se trate de candidatos, o de héroes que combatieron contra el colonialismo británico en Malvinas, el monopolio educativo del discurso único, seguirá en manos de fascistas.