La política argentina ha producido en los últimos años resultados contrarios a los que debería apuntar la misma. Esto es, el fortalecimiento de las instituciones.

    Por las “viejas” prácticas, el hacer política y la militancia en la misma se fueron desvirtuando, y los puestos de "dirigente" y de "conductor" fueron ocupados por ambiciosos ciudadanos completando los espacios con distintos profesionales, en su mayoría abogados. La militancia pasó a las clases baja y media.

    Esta nueva estructura política, repetida en los distintos partidos, fue actuando sobre diferentes sectores de la sociedad y sembrando propios en los otros poderes del Estado, se designaron jueces y fiscales por afinidad ideológica o política sin importar la experiencia o la capacidad, bastaba un título, saber sonreír y decir gracias.

    Hoy me voy a ocupar del sector judicial, ese otro poder que en teoría debería resguardar la Ley y hacer respetar la Constitución Nacional, en especial contra los avances del Poder Ejecutivo respecto del cumplimiento de las normas.

    Cualquiera que alguna vez leyó un texto sobre ciencias políticas sabe que quien detenta el poder -sea el sistema político que sea-, intenta avanzar sobre los derechos de los demás para imponer sus intereses, por ello el derecho penal ha ido evolucionando en la historia y se han creado limitaciones al uso indiscriminado del derecho penal como medio de coerción.

    Con esa línea de coherencia jurídica la Argentina se ha transformado en Estado Parte de diferentes Tratados Internacionales he incluso ha incorporado en la reforma constitucional de 1994 a los mismos con jerarquía constitucional.

    Así las cosas, algunas actitudes de miembros del Poder Judicial parecen carecer de esa coherencia al aplicar la teoría en la práctica diaria. Esto podría definirse como una dicotomía entre lo que es y lo que debe parecer, muchas acciones judiciales ocultan en su génesis otros contenidos no escritos, que en la orfandad probatoria revelan de forma tácita otros intereses, que van desde el apriete legal hasta la defensa o la obediencia política.

    En este sentido, hemos experimentado en los últimos años un incremento alarmante de causas “armadas”, donde una crítica periodística o una investigación sobre funcionarios y su desempeño pasan a ser una cuestión de Estado.

    Ningún Juez que se precie de inteligente puede negar que los medios de prensa constituyen un poder no reconocido legalmente pero sí son formadores de opinión, y la opinión es difícil de manejar. Por eso, los medios que no son "afectos" al oficialismo suelen quedarse afuera de las pautas publicitarias.

    De esta forma varios funcionarios han apelado a la querella por calumnias contra distintos periodistas y medios, en esto seguramente el Ministro del Interior encabeza la terna de funcionarios querellantes. Nadie puede negarle el derecho que como todo ciudadano posee de acceso a la Justicia, pero sí es llamativa la diferencia de un ciudadano X en lo que al tratamiento de las querellas respecta, y que estás tengan una celeridad diferente y una persecución judicial implacable, tampoco me quedan claro los fines de las querellas ante una nota periodística incómoda. Uno debe -entiendo- saber ocupar el lugar en el que se desempeña, y si es funcionario público, brindar todas las explicaciones del caso ante denuncias o sospechas sobre delitos o vinculaciones con delincuentes.

    Generalmente cuando alguien molesta como periodista la gran máquina burocrática se pone en marcha y se actúa con tareas de inteligencia sobre el grupo familiar y allegados íntimos. Y si se da la oportunidad se genera o aprovecha cualquier incidente para accionar de forma implacable sobre el ingenuo redactor o medio. A veces las imputaciones son tan vagas y genéricas como los daños reclamados. Se apela a delitos como la calumnia, o la investigación de posibles delitos de acción pública.

    Así, políticos y funcionarios con poder que responden a un sistema corrupto que debe autosostenerse, van por sus detractores. Testigos claves, periodistas críticos, o simples disidentes son atacados con diferentes técnicas pero con un único fin, demostrar quién manda. Así, primero se persigue a la persona, se la acosa, se la acecha, se le trata de cortar los recursos, se la desacredita, se la amenaza, se la intimida o se la trata de vincular a alguna investigación judicial. Y si todo esto no funciona, se intenta encontrar el método para eliminarlo.

    Estas prácticas no son algo privativas de nuestras tierras, son comunes en el mundo, pero en nuestro país se practican de forma habitual y en exceso.

    Ante algunos informes periodísticos, son muchos los colegas querellados, y en esto la Justicia a veces parece abstraerse del sentido común, no siempre la prudencia es sinónimo de verdad ¿Cómo es esto? a veces una palabra mal interpretada o mal utilizada puede poner en problemas al comunicador social, aún cuando el contenido tenga seriedad investigativa y periodística, pero carezca de prudencia.

    Este abusivo recurso de aquellos que no suelen tener razón, ha generado un Poder Judicial cómplice de las mentiras pretendiendo defender un supuesto “honor” de individuos que poco saben lo que esto significa.

    Mientras la doctrina jurídica de las facultades de derecho enseña la "teoría ideal", la práctica profesional va por otros caminos, que se bifurcan, y que se cruzan según el momento político.

    La aplicación de determinadas leyes y su interpretación, son tan discrecionales como oportunistas.

    Para concluir voy a citar un extracto de un interesante informe de la redcom: "John Stuart Mill, (Filósofo Inglés) en su ensayo 'Sobre la libertad' dice: Si toda la especie humana no tuviera más que una opinión y solamente una persona fuera de la opinión contraria, no sería más justo que la humanidad impusiera silencio a ésta sola persona; y que si ésta misma persona, tuviese poder suficiente para hacerlo, lo ejerciera para imponer silencio al resto de la humanidad.

    La información es poder y desde siempre el poder político intentó controlar el acceso a la información. Como una fórmula matemática surge la teoría de que a cada nuevo medio de comunicación, se inventan nuevas formas de controlarlo; y a cada nueva forma de censura, aparecen nuevas maneras de enfrentarse a ella".

    Con esto uno sólo puede concluir en la necesidad de que los periodistas además de informar reclamen se respete la libertad de prensa, que se cumpla la opinión consultiva de la CIDH respecto a la no persecución penal de los periodistas en cuanto al ejercicio de su profesión proponiendo que el ofendido accione civilmente por el daño presunto ocasionado.

    Cito el inciso 10 de la Declaración de la CIDH al respecto, aunque es muy importante la declaración en su totalidad:

    "10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas".

    Como reflexión final, es irónico que los políticos asuman roles de víctimas frente a un particular o un periodista ante una crítica, pero que ellos no puedan ser juzgados por los actos de gobierno. Como vemos, un funcionario puede querellarnos por su honor, a pesar de que muchos de ellos con sus actos nos despojen del honor y la dignidad, sin que sean punibles o al menos renuncien por una cuestión ética, entonces... ¿De qué honor hablamos?

Marcelo Hawrylciw
Editor Diario El Sindical