La CIA (Central Intelligence Agency o Cocaine Import Agency para otros) ha respaldado por mucho tiempo a sus aliados anticomunistas quienes, durante su relación con la CIA o después, han traficado drogas. Esto no es sorprendente. Desde los primeros años '60, los manuales militares estadounidenses sugirieron que los agentes de la inteligencia se aliaran con "contrabandistas" y con "operadores del mercado negro" para derrotar a los insurgentes comunistas, como reportó Michael McClintock en su libro "Los instrumentos de la formación del Estado" (Instruments of Statecraft). La CIA hizo precisamente eso, por ejemplo en el Sudeste de Asia.

    Después, durante la misma década, la CIA se alió con los Hmong en Laos, entre otros, quienes según el historiador Alfred W. McCoy, traficaban con opio.Note1 Otro ejemplo es Afganistán donde, en los años ochenta, la CIA apoyó a los Mujahedeen en su lucha contra la Unión Soviética. Durante los años noventa, según Tim Weiner (The New York Times), los mismos Mujahedeen llegan a controlar hasta la tercera parte del opio (materia prima de la heroína) que llega a los Estado Unidos.

    En nuestros días, el ejemplo de Colombia es aún más claro. Además de sufrir tasas desenfrenadas de criminalidad común, Colombia es un país lisiado por dos campañas de órden político en marcha; una es la guerra que, desde hace tres décadas, enfrenta a los militares colombianos (respaldados por la CIA) y sus aliados paramilitares, contra los grupos guerrilleros de la izquierda, anteriormente primero pro-Moscú y luego pro-Habana. La otra campaña es la guerra contra las drogas, con un campo de batalla mucho menos claro. Todos estos grupos tienen elementos involucrados en el narcotráfico colombiano que cubre aproximadamente el 80 por ciento de la producción mundial de cocaína, la materia prima del crack.

    La CIA no es la excepción en Colombia. Desde 1995, un equipo de élite antinarcóticos, dirigido -en actitud progresista- por una mujer y conformado mayormente por tecnócratas jóvenes y competentes, tuvo una participación decisiva en la captura de los siete capos del Cártel de Cali. Pero en 1991 hubo un otro equipo de la CIA que jugó un papel diferente. Más interesados en apoyar a la guerra sucia contra la insurrección que a los esfuerzos antidrogas, éste equipo ayudó a forjar y financiar una alianza secreta anticomunista de los militares colombianos y grupos paramilitares ilegales, muchos de los cuales hoy en día trafican drogas.
    ¿Por qué fue secreta esta alianza? Dos años antes, en 1989, luego de que una investigación del gobierno colombiano descubrió que el Cártel de Medellín (encabezado por Pablo Escobar) se había apoderado de estos mismos grupos paramilitares, Colombia los había prohibido. En aquel tiempo, Escobar y sus socios estaban resistiendo ferozmente la presión de los EE.UU. para la aprobación en Colombia de leyes de extradición que permitieran su procesamiento en los EE.UU. por cargos de narcotráfico. Así, Escobar y sus socios empezaron a controlar a los grupos paramilitares más fuertes de Colombia, para utilizarlos en una lucha terrorista contra el Estado. Estos paramilitares, con sede en el Valle de Magdalena Medio, fueron los responsables de una ola de crímenes violentos, incluyendo la destrucción por bomba del vuelo HK-180 de la aerolínea Avianca en 1989, que causó la muerte de 111 personas. Investigadores concluyeron que la bomba fue detonada por un altímetro y que los autores del atentado fueron capacitados por mercenarios israelitas, británicos y otros, encabezados por un teniente coronel de la reserva del ejército israelita, Yair Klein. Los militares colombianos habían ayudado a proteger los entrenamientosNote2 y Escobar cancelaba los honorarios de los mercenarios.
    La CIA ignoró estos hechos cuando, dos años más tarde, decidió renovar en secreto la alianza entre los militares colombianos y los grupos paramilitares. Los grupos insurgentes de la izquierda permanecían relativamente fuertes, a pesar de que había finalizado la Guerra Fría y la ayuda económica del bloque de Europa Oriental. Muchos sindicatos, grupos de estudiantes, campesinos y otros, les proveían con apoyo político y hasta logístico. Los agentes de la CIA sabían que los paramilitares -civiles generalmente comandados por oficiales retirados de las Fuerzas Armadas- podían ofrecer a los militares colombianos pretextos plausibles para negar su participación en asesinatos de izquierdistas sospechosos y en otros crímenes de esa índole. En palabras de Javier Giraldo, sacerdote jesuita y fundador de la Comisión Intercongregacional por la Justicia y la Paz en Colombia: "Una enorme red de civiles armados empezó a reemplazar, por los menos en parte, a soldados y policías quienes podían ser fácilmente identificados. Estos grupos irregulares empezaron a emplear métodos cuidadosamente diseñados para mantener en secreto sus actividades y generar confusión." Pero ni la CIA ni ninguna otra agencia estadounidense admitió que seguía apoyando a la campaña contra-insurgente en Colombia.
    En cambio, los oficiales estadounidenses afirman que, desde 1989, todo el apoyo de su país a Colombia ha sido planificado en función de la guerra a las drogas. "Hubo un debate muy grande (sobre la mejor distribución del) dinero para las operaciones anti-narcóticos en Colombia", afirmó el coronel (retirado) de Ejército estadounidense, James S. Roach (hijo), en ese entonces el agregado militar de más alto rango y enlace de la DIA (Defense Intelligence Agency) en Bogotá; "EE.UU. estaba buscando una manera de ayudar, pero si no estás dispuesto a combatir con tropas propias, hay que buscar una salida".
    Así hicieron. Primero, un equipo interagencial (que incluyó a representantes del Grupo de Asesores Militares de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá; del Comando Sur en Panamá; de la DIA en Washington; y de la CIA en Langley, estado de Virginia), formuló recomendaciones para hacer una reestructuración general de las redes colombianas de inteligencia militar. Después, la CIA financió independientemente la incorporación de fuerzas paramilitares a esas redes. No le importó a la CIA que estas fuerzas paramilitares en ese momento fueran ilegales en Colombia; ni tampoco le importó que fueran explícitamente prohibidas, debido a la creciente influencia de Pablo Escobar y su Cártel de Medellín en la dirección de estos grupos.
    Además del tráfico de drogas, los nefastos paramilitares colombianos han sido implicados en muchos abusos de los derechos humanos. Este hecho llevó a que, entre otros, el Departamento de Defensa norteamericano recomendara que las Fuerzas Armadas colombianas no los incorporaran en sus nuevas redes de inteligencia. "La intención fue no ser relacionados con los paramilitares", dijo el coronel Roach, quién mantuvo contactos frecuentes con agentes de la CIA en Bogotá, quienes, según él, tenían otra estrategia. "La CIA organizó las redes clandestinas por su cuenta; tenía bastante dinero, fue más o menos como si llegara Papá Noel". Mark Mansfield, portavoz de la CIA, se negó a brindar cualquier comentario al respecto.
    Noticias de estas redes clandestinas de inteligencia salieron por primera vez a luz pública a través de Human Rights Watch, cuando ésta organización privada publicó, en noviembre de 1996, documentos de las FF.AA. (estadounidenses y colombianas), así como testimonios orales, que demuestran que ambos, el Departamento de Defensa (EE.UU.) y la CIA, persuadieron a Colombia para reorganizar por completo su sistema de inteligencia militar. En mayo de 1991, Colombia conformó 41 nuevas redes de inteligencia en todo el país; según la orden colombiana que las estableció: "con base en las recomendaciones de la comisión de asesores militares de los EE.UU.". Más tarde, cuatro ex-integrantes colombianos de una red en el Valle de Magdalena Medio, declararon que la red tenía incorporados a grupos paramilitares ilegales, pagados tanto por el acopio de información de inteligencia como por el asesinato de personas sospechosos de ser izquierdistas.
    Aunque oficiales estadounidenses sostienen que apoyan la reestructuración del sistema de inteligencia como parte de los esfuerzos antidrogas, la mencionada orden colombiana instruye a las nuevas redes a luchar solamente contra "la subversión armada" o la guerrilla izquierdista. De hecho, la mayoría de la guerrilla izquierdista colombiana -especialmente las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas)- está también involucrada con el narcotráfico. Sin embargo, un reciente estudio interagencial, encomendado por Myles Frechette, embajador de los EE.UU. en Bogotá, concluye que el papel de las guerrillas en el narcotráfico se limita principalmente a la protección de plantaciones de materia prima, y en menor grado, a las operaciones de procesamiento de droga. En cambio, de acuerdo a las autoridades de orden colombianas así como de inteligencia estadounidenses, los paramilitares derechistas (en alianza con los militares) protegen mayormente los laboratorios de droga y las rutas internas de transporte. Es más, según un informe de las fuerzas de orden colombianas, el narcotráfico ha vuelto a ser el "eje central" de financiamiento de los paramilitares.
    Asimismo, un informe de 1995 sobre el Valle de Magdalena y preparado por investigadores de la Policía Judicial colombiana, sostiene que los militares y paramilitares en esta zona permanecen aliados: "no exclusivamente para la lucha anti-subversiva, sino también para beneficiarse económicamente y abrir el paso a los narcotraficantes". El informe nombra como paramilitar sospechoso a "el conocido narcotraficante Víctor Carranza". Carranza, contemporáneo de Pablo Escobar, en un principio cobró fama al alcanzar la cumbre del rentable negocio de esmeraldas en las montañas de Boyaca, eliminando a la vez al númeroso frente guerrillero de esa región. Poco después, Carranza también llegó a ser un terrateniente de importancia, comprando enormes terrenos en los llanos orientales de Meta, una provincia plagada de cultivos para la droga así como de laboratorios para su procesamiento. Hoy en día, la policía colombiana identifica a Carranza como traficante de múltiples toneladas de droga, y como uno de los líderes principales de los abundantes grupos paramilitares colombianos, como por ejemplo, en Meta, el infame Serpiente Negra. Organizaciones de derechos humanos han acusado a Carranza de ser el autor intelectual de tanto asesinatos como masacres.
    No existen evidencias de que Carranza haya sido, en algún momento, un informante o colaborador de la CIA pero tiene credenciales anticomunistas impecables y mantiene contactos frecuentes con los militares. Testigos militares han dado cuenta de una reunión con oficiales en su hotel "Los Llanos" en Villavicencio (Meta). También los oficiales estadounidenses saben mucho de él: "Carranza aparece a menudo en los informes de inteligencia", según un experto. Don Víctor, como lo conocen sus hombres, es un líder chapado a la antigua. Continúa frecuentando sus minas de esmeraldas para disfrutar la primacía en la selección de las piedras más grandes y de las mejores vetas descubiertas.
    Carranza es un hombre intocable. En 1995, uno de sus supuestos lugartenientes, Arnulfo (Rasguño) Castillo Agudelo, fue detenido, a consecuencia de la exhumación (en 1989) de aproximadamente cuarenta cadáveres en una de las haciendas de Carranza en Meta. Rasguño se negó a ser entrevistado en la prisión Modelo de Bogotá. Tampoco Carranza, quien normalmente evita la publicidad, quiso dar comentarios.
    En años recientes, Carranza ha ampliado sus operaciones en Colombia central a través del Valle de Magdalena. El mencionado informe policial señala que: "Carranza está planeando adquirir Hacienda Bella Cruz (allá) para usarla como una base para sus actividades, (y) traer a 200 soldados paramilitares de Meta". Testigos sostienen que ahora el lugar está sumamente concurrido por hombres armados, quienes han desterrado a centenares de campesinos del lugar. Según Jamie Prieto Amaya, obispo católico de la región, Carranza y otros sospechosos de narcotráfico han comprado cerca de 45.000 acres (18 mil hectáreas) de terreno a través del Valle de Magdalena.Note3
    Otro personaje paramilitar sospechoso es Henry Loaiza (El Alacrán), detenido en 1995 con ayuda de la CIA bajo sospecho de ser uno de los siete capos del Cártel de Cali. Como Carranza, el Alacrán se encuentra implicado en varias masacres de civiles y supuestos izquierdistas, llevadas a cabo conjuntamente por fuerzas militares y paramilitares. Entre ellas está la masacre de Trujillo cerca de la ciudad de Cali, que se caracterizó por el uso de motosierras.
    La policía colombiana identificó a otros (ex-)oficiales militares como sospechosos de narcotráfico, como es el caso del Mayor Jorge Alberto Lázaro, acusado de ordenar a los paramilitares en el Valle de Magdalena en la ejecución de masacres. Hoy día este valle, que se extiende por una distancia de 400 millas hacia los puertos caribeños en el norte, es uno de los corredores principales para el tráfico de drogas procesadas y de precursores químicos.
    Más de un año después de la caída del muro de Berlín, La CIA ayudó a posibilitar una colaboración oscura entre los militares y los paramilitares colombianos. De este modo, la CIA ha facilitado crímenes, en el ámbito de los derechos humanos y del narcotráfico. Si ésta clase de comportamiento fue reprensible durante la Guerra Fría, ahora es completamente indefendible.

Frank Smyth
(Texto original en inglés, traducción: Kathy Ledebur.)

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Notas

Note1 MCCOY, Alfred W. "The Politics of Heroin: The CIA Complicity in the Global Drug Trade", Laurence Hill Books, Chicago, Illinois, 1991.

Note2 Se estableció que los militares colombianos habían mantenido contacto por radio con la base de entrenamiento de los paramilitares.

Note3 Prieto Amaya fue citado en la revista Cambio-16 de Bogotá.
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Frank Smyth: Periodista independiente de nacionalidad estadounidense. Ha publicado sobre narcotráfico y políticas antidrogas en 'The Village Voice', 'The Washington Post', 'The Wall Street Journal' (Estados Unidos) y otros.