Si algún distraído estuvo ajeno al escándalo del protocolo que regula el ejercicio de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), la explicación más honesta es la que narra el hecho de que el flamante exsecretario de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein, actualizó el protocolo de aplicación de la ILE, vigente desde 2015. Tras ello, con el argumento de que el funcionario no había cumplido los pasos administrativos correspondientes, la ministro del área, Carolina Stanley, vetó el acto por estar viciado de nulidad absoluta. Fin de la historia.

Ante tal simple explicación, las preguntas que le surgen al ya no tan distraído son las siguientes:

¿Conocía Stanley la necesidad de poner en práctica este protocolo?

¿Desconocía Rubinstein el correcto procedimiento administrativo?

¿Por qué el tema se convirtió en un escándalo?

Y aquí viene la parte interesante de toda esta historia: la que trata de dar algunas respuestas a ese trípode de incógnitas en los que se sostiene este caso.

Stanley sabe perfectamente que el Código Penal permite la ILE para los casos de peligro para la vida o la salud de la mujer o casos de violación. Para poder llevar a cabo la interrupción, es necesario un protocolo actualizado a los tiempos que corren. Estos son los argumentos correctos que esgrime Rubinstein y Stanley sabe que tiene razón.

En términos simples: la actualización del protocolo era un avance porque hace operativos derechos vigentes, actualiza los criterios a lo que establece el Código Civil y termina con la posibilidad de interpretaciones libres sobre el texto acerca de las causales que autorizan la interrupción legal del embarazo, de modo que no puedan existir dilaciones ni que se judicialicen los casos.

Pero en realidad, Stanley redactó la anulación poniendo su atención en cuestiones que no debaten los beneficios del protocolo. Centra sus argumentos en el procedimiento administrativo nulo, y la falta de oportunidad y conveniencia de su implementación.

Si el argumento de valor fuera el primero -la cuestión administrativa- no sería muy grande el problema. Podría ser subsanado por la misma vía administrativa si esta nulidad fuera relativa y, en caso de ser absoluta –como lo define Stanley-, anularlo e inmediatamente copiar y pegar el texto de Rubinstein en un nuevo reglamento, seguir los pasos correctamente y listo el pollo.

El hecho de que no se haya solucionado de ninguna de las dos formas demuestra que, en realidad, el problema principal no es de índole kafkiano.

Al núcleo duro del Pro –el puro, el que gobernó- no le interesa ni le interesó nunca la agenda pañuelo verde. No sólo la referida a los temas que trataban de cambiar el status quo, sino tampoco, como en este caso, la que trataba temas como reglamentar el ejercicio de los derechos que se habían conseguido hace un siglo.

Pero apareció un radical, que sacudió a su partido dormido cuatro años, básicamente porque no quería quedar pegado a una decisión gubernamental no solo antiprogresista, sino más bien violatoria de los derechos adquiridos. Sin protocolo, la ILE es un derecho casi impracticable.

Por eso Rubinstein “se mandó” a firmar el protocolo a sabiendas de que estaba siguiendo mal todo el procedimiento administrativo. Pero logró así dejar clara su postura y, de paso, dejar en evidencia al Pro. Obviamente el secretario tuvo instancias previas a tal medida política en las que le planteó la cuestión a Stanley, pero el diálogo que pretendía el médico siempre resultaba en un monólogo ante la falta de devolución de la Ministro.

Por último la respuesta que trata de explicar la relevancia del hecho tiene una pequeña historia. Hasta este momento, y durante los casi 4 años de gobierno de Cambiemos, nunca los radicales que ocuparon cargos hicieron una sola crítica de la gestión gubernamental. Si bien se escucharon voces disidentes desde 2015 como la de Ricardo Alfonsín a la que luego se sumaron otras como las de Federico Storani o Adolfo Cornejo, los radicales que participaron activamente en Cambiemos con cargos en Ministerios, Secretarías o como autoridades del Legislativo, no se manifestaron en contra de temas muy sensibles como la dolarización de las tarifas, el nombramiento de jueces de la Corte por decreto, la exención de impuestos a las mineras, el pago a los fondos buitres, y tantos otros.

Rubinstein es el primer radical con un cargo en el gobierno del Pro que se planta. Tarde quizás, pero necesario. Se despegó así de una postura con la que no comulga, se posicionó como un audaz progresista y sumó las adhesiones de los radicales que desde afuera del gobierno plantearon desde hace años otras críticas, y también el apoyo de radicales amarillentos que ya saben que para existir no tienen que reportar más su silencio al Pro.

Rubistein se suma, así, al listado de “más-vale-tarde-que-nunquistas”, que apoyaron la creación de Cambiemos y en algunos casos fueron parte del Gobierno, como Storani (promotor de la alianza en 2015), Emilio Monzó y sus diputados monzonistas, Marcelo Daletto, los dirigentes radicales mendocinos, Daniel Lipovepsky, Peter Robledo (que se fue a China durante la campaña), Rogelio Frigerio, Brenda Austin (quien se cruzó recientemente con Carrió), solo por mencionar algunos y respetando el orden cronológico de su arrepentimiento.

En definitiva, otro ruido adentro de Cambiemos que deja en la superficie las diferencias entre la UCR y el Pro. Algunos podrían creer o decir que las diferencias son ideológicas. Otros pueden decir, considerando el silencio del centenario partido y su reciente despertar, que quizás responde a cuestiones meramente electorales o de oportunidad desprovista de principios y valores.