Desde que en marzo del año pasado se sancionó la Ley 27.401, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las pymes pueden ser imputadas por delitos de corrupción al igual que las grandes empresas.

La norma también extiende la responsabilidad si algún tercero utiliza el nombre de la pyme para sobornar, en la medida que esta última no pueda demostrar que cuenta con los mecanismos para prevenir la corrupción en el seno de sus operaciones y entorno.

La diferencia respecto de grandes empresas radica principalmente en los recursos que puede destinar una pyme para crear un programa de integridad adecuado, según los términos de la ley, de forma tal de no sólo dar cumplimiento, sino combatir la corrupción de manera eficaz.

Por eso, la Oficina Anticorrupción propone en esta resolución una guía con herramientas prácticas: definiciones, ejemplos, resúmenes, modelos, explicaciones, “checklists” matrices y una variedad de recursos para facilitar la implementación de un programa adecuado, que responda a los riesgos propios de la organización de acuerdo a su tamaño y capacidad económica.

El documento indica que las micro, pequeñas y medianas firmas representan el 99% de las empresas del país y emplean al 70% del trabajo registrado, de modo que concientizar sobre la prevención de la corrupción en este ámbito, podría generar un gran impacto de magnitud y capilaridad.

El texto incluye un glosario de definiciones sobre conceptos relacionados a la corrupción. En efecto, existen prácticas de negocios arraigadas que distan de ser entendidas como prohibidas, deshonestas o ilegales.

Además se remarca que la corrupción, a los fines de las sanciones para las empresas, implica siempre la existencia de un funcionario público representando al Estado en alguno de sus poderes o entidades y el uso indebido del poder para lograr beneficios ilícitos.

En ese marco, los pasos para la implementación de un programa de integridad son: compromiso de los máximos referentes de la empresa; evaluación de riesgos inicial para identificar la exposición a hechos de corrupción; definición de etapas para desarrollar un plan de acción; implementación de procedimientos y herramientas específicas de prevención; medición y mejora periódica para conocer la efectividad de las medidas adoptadas; comunicación a todos los colaboradores y terceros significativos de la pyme.

El empresario pyme debe encontrar así un programa de integridad con más beneficios que el mero cumplimiento legal. Ante igualdad de condiciones de calidad, económicas y financieras, la pyme que posea medidas anticorrupción debería ser la elegida.

Es cada vez más extendido que las empresas de mayor envergadura exijan a su cadena de valor la adhesión a sus normas de ética empresarial y programas de integridad. Poseerlo será así un galardón que las diferencie de otras compañías en igualdad de condiciones.

Para continuar este camino, los desafíos principales seguirán siendo la capacitación y concientización del significado y efectos de la corrupción entre los colaboradores.