Alberto Fernández todavía no exhibió, en un sentido orgánico, un plan económico. Por ahora, ofrece un relato económico. Los términos sobresalientes de esa narración son conocidos. El gobierno de Cambiemos dejó tierra arrasada, debido a que solo supo tomar créditos de los que se apropiaron “los amigos de Macri” a través del sistema financiero o de leoninos contratos de energía.

El resultado de esa perversidad es una sociedad diezmada, con niveles de pobreza e indigencia intolerables y una situación fiscal de default, solo disimulada por los préstamos del Fondo Monetario Internacional.

A Fernández le agrada repetir que esas penurias se parecen a las que encontró él en 2003, cuando asumió el poder secundando a Néstor Kirchner. La comparación agravia a Macri, pero mucho más a Eduardo Duhalde. Porque Kirchner recibió una economía con superávit fiscal y comercial, con un dólar muy competitivo, y un mercado de trabajo que ya se estaba reanimando. Pero el Presidente insiste con uno de los grandes trucos políticos del kirchnerismo: identificar la recuperación de 2003, apenas perceptible, con el colapso de 2001.

En este contexto narrativo el oficialismo justifica un ajuste sobre los contribuyentes que equivale a 1,28 puntos del PBI. Es decir, alrededor de 6500 millones de dólares. Esta transferencia de dinero del sector privado al sector público es la respuesta solidaria que exige aquel cuadro doloroso.

Esta presentación de los hechos tiene algunos aspectos indiscutibles. Es verdad que Mauricio Macri dejó una situación social muy deteriorada. Sobre todo debido a una estrategia económica muy recesiva que le era reprochada, mientras se estaba ejecutando, por dirigentes políticos de su propia coalición. También es cierto que, a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Macri llevó adelante un ajuste fiscal sin antecedentes, que deterioró muchas prestaciones del Estado. En cambio, es muy controvertido que la gestión de Cambiemos sea, en solo cuatro años, la única responsable de la inquietante tendencia a la exclusión que se verifica en la Argentina. Y es un rudimentario argumento de campaña que las miserias que saldaron la gestión de Macri se deban a una malformación moral deliberada.

Así como el diagnóstico del Presidente está sesgado, también la terapia que él propone es problemática. Eso se debe a que todavía no se conocen los grados relativos de solidaridad que se van a exigir para aliviar a los que peor la están pasando. Expertos en cuentas públicas han calculado de manera provisional que los afectados por las retenciones harán el 30% de ese esfuerzo. Las empresas, a las que se les piden mayores contribuciones patronales, cargarán con el 20%. Es mucho más difícil determinar el aporte de los que insistan en ahorrar o gastar en moneda extranjera. Pero estas especulaciones lo sitúan en 27%. Los que pagan Bienes Personales se harán cargo del 14% del sacrificio total.

Más allá de estos grupos, que son los que más deben contribuir, aparecen incógnitas importantísimas. Son las que impiden conocer la proporción de cooperación que se exige a cada franja social. Solo cuando se las despeje se sabrá si la nueva ley es, además de solidaria, equitativa.

El primer enigma que debe despejarse es cuánto deberán resignar los jubilados. Por ahora solo se conoce quiénes serán los beneficiarios. Quienes cobran hasta 19.067 pesos de haber recibirán mañana un bono de 5000 pesos, que es el equivalente aproximado de lo que se va a recaudar de más por Bienes Personales. Y está confirmado que habrá un bono de 2000 pesos para los que reciben la Asignación Universal por Hijo.

Se ignora, en cambio, cuál será el efecto del cambio de fórmula para actualizar las jubilaciones sobre los ingresos del sector pasivo. Fernández ya anunció que, por seis meses, él decidirá cuándo y cómo se irán ajustando esos haberes. ¿Cuál será el criterio después de ese período? Se sospecha que se fijará un porcentaje sobre la jubilación mínima a partir de parámetros todavía inciertos y que ese aumento se otorgará como suma fija al resto del sistema. Para saber a cuánto tuvieron que renunciar los jubilados de lo que, en teoría, pensaban percibir habrá que esperar a fin de 2020.

Este recorte es inexorable. Si se toma en cuenta la proporción de población envejecida, la Argentina es uno de los países con mayor gasto previsional del mundo. El 11% de la población argentina supera los 65 años. Y el Estado gasta en jubilaciones 11% del PBI. En Japón, el 27% de la población tiene más de 65 años, pero el gasto previsional es de 10,2% del PBI. Australia tiene al 15% de su población por encima de los 65 años, y gasta en previsión 4,3% del PBI.

El Presidente explica, indignado, que está obligado a pagar menos de lo que los jubilados esperaban porque Macri estableció un método de actualización que suponía una baja dramática de la inflación. Y sucedió lo contrario. Es verdad. Pero también es cierto que el problema previsional adquirió dimensiones inmanejables debido a la irresponsable moratoria dispuesta en 2006 por Néstor Kirchner, con el propio Fernández como jefe de Gabinete y Sergio Massa como titular de la Anses. Por culpa de esa decisión, el gasto público se incrementó en 2006 un 50% nominal, cuando la inflación era del 18%. Raúl Rigo, el actual secretario de Hacienda, debe recordarlo bien. En aquel momento era director de Presupuesto.

La incógnita más importante acerca de los niveles de sacrificio que se pedirán frente a la crisis tiene que ver con el sector financiero. Es decir, con la negociación de la deuda. El panorama es muy incierto. Por ejemplo: el martes próximo el Tesoro debe pagar 225 millones de dólares por los intereses de un bono regido por ley local, y 194 millones por otro regido por ley extranjera. El mercado suponía hasta el lunes que se cumplirá con los dos compromisos. Aun cuando las LETE en dólares, que están reguladas por la legislación local, fueron reprogramados hasta agosto del año que viene. Sin embargo, en las últimas 48 horas comenzó a circular entre inversores la versión de que los 225 millones de dólares de ley local podrían “reperfilarse”. Fue a raíz de comentarios informales divulgados en Punta del Este, daikiri va, martini viene, por un famoso empresario cercano a Sergio Massa. Así se instaló la duda acerca de si el Gobierno tratará del mismo modo a los bonistas protegidos por los tribunales de Nueva York que a los “protegidos” por los tribunales argentinos. Duda razonable: se tratará distinto a los que generen dólares en Vaca Muerta que a los que lo hagan en otra actividad, o a los que tengan un bono en el país que a los que lo tengan en el extranjero.

La negociación con el Fondo

En medio de esta bruma se dibuja, borrosa, una premisa. Martín Guzmán preferiría renegociar cuanto antes los compromisos con los bonistas y dejar para más adelante, tal vez para agosto, la discusión sobre los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional. La premura por el acuerdo con los acreedores privados se debe a que el Tesoro debe realizar desembolsos en dólares en los primeros meses de 2020. Llegan a 2168 millones entre abril y mayo. Y hay un pago en ese último mes al Club de París, por 2000 millones de dólares.

Bajo esta dinámica, es probable que los bonistas consigan un arreglo muy favorable. Como suele suceder con cualquier acreedor que se enfrenta a un deudor urgido. El profesor Guzmán tiene, sin embargo, un en esta estrategia: sus propios papers sobre reestructuraciones de deuda. Más allá de este detalle, el discurso oficial referido a los acreedores privados es neutral, casi amigable. Y en este gobierno la retórica es un predictor bastante confiable.

El interrogante que algunos economistas se plantean al examinar este itinerario tiene que ver con la relación con el Fondo. En 2021 vencerán 18.360 millones de dólares. Ese pago se podría reprogramar. Pero ¿Kristalina Georgieva aceptaría hacerlo sin nuevos condicionamientos fiscales? Uno de los acertijos del programa de solidaridad se refiere a las metas del Tesoro. No se conocen. O tal vez no estén siquiera definidas. Si se aceptara la contabilidad de Macri, es decir, que entregó un déficit primario de 0,5% del PBI, Fernández podría llegar a fin del año próximo con un superávit de 0,7%, tres décimas por debajo de lo pactado con Macri. Eso sí: el gasto durante 2020 debería ser cero en términos reales, es decir, no aumentar por encima de la inflación.

Es un objetivo inconcebible. Entre otras cosas porque, debido al enorme gasto previsional, las prestaciones del Estado sufren una crisis de financiación quizás inédita. Macri llevó, obligado por el Fondo y estimulado por sus propias inclinaciones, un recorte severísimo del gasto. Fernández no tiene ningún incentivo en esa dirección. Más bien todo lo contrario.

El Gobierno tiene una palanca envidiable en la negociación con el Fondo: debe demasiado. La sola amenaza de incumplimiento insinuaría, para Georgieva, una catástrofe. Fernández también tiene otro frente en el cual recortar: el sector energético. Con los números actuales, en 2020 habría que subsidiar a los generadores con unos 4500 millones de dólares. Es la consecuencia de otro error de cálculo de Macri. Así como, en el caso de las jubilaciones, apostó a una inflación descendente, en el caso de los contratos eléctricos supuso un dólar estable. Por eso los nominó en esa moneda, lo que exige un fenomenal aumento de tarifas. El Presidente tiene varias razones para no querer hacerlo. Una se llama convulsión social en Chile. Otra, derrota electoral de Juntos por el Cambio. El problema tarifario ha sido un factor de ambos fenómenos. Este camino lleva a una pregunta: ¿cuál será el grado de solidaridad que se exigirá a las empresas productoras de energía, sobre todo las de generación eólica y solar?

Hay una sola llave para salir de este laberinto: una reactivación consistente, que sea más que un rebote. Con el ajuste fiscal que se dispuso, es una opción muy ambiciosa. Por eso algunos economistas aconsejan una negociación durísima con los bonistas. O, incluso, asumir los costos de un default. Suponen que, de lo contrario, cuando se retomen las tratativas con el FMI, habrá que renegociar de nuevo lo que se pacte con los acreedores en los próximos meses. El dilema podría simplificarse en estos términos: ¿cuál será la “soja” del nuevo presidente? ¿El dinero de los bonistas o el de los contribuyentes? Según la respuesta será el grado de recesión.

Grandes incógnitas de la solidaridad. Todavía no se sabe cuánto deberán sacrificarse los tenedores de bonos y los generadores eléctricos. “Los amigos de Macri”, que, por ahora, parecen ser amigos de Fernández (diario La Nación).