No cabe otra calificación a la gravísima situación institucional existente en la justicia federal de la ciudad de Mar del Plata. Al escándalo de la causa por la desaparición de más de 74 kilogramos de estupefacientes y dinero secuestrado de la bóveda del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, que ya cuenta con dos funcionarios procesados, uno de ellos aún llamativamente en funciones, y con sus tres magistrados sometidos a investigación en orden a distintos delitos contra la Administración Pública, se suma ahora la apertura de una nueva investigación penal que involucra a los mismos protagonistas en el pago de curiosos “peajes” que debieron efectuar dos meritorios para acceder a distintos interinatos que se producían en la dependencia. Chivos expiatorios, denuncias, traslados de empleados, inadmisibles discrecionalidades  y aprietes en hechos que avergüenzan a todo el Poder Judicial de la Nación, y en los cuales siempre, de una u otra forman, terminan perjudicados los empleados de menor jerarquía. Notoria falta de respuestas.
    Como si fuera poco, además de la bochornosa situación que hoy afronta el Tribunal Oral Penal de Mar del Plata por el faltante de casi un centenar de kilos de estupefacientes y dinero secuestrado de la bóveda del edificio que ocupa y las supuestas maniobras desplegadas para ocultar el mismo (una incineración frustrada, aprietes del ex secretario a dos de los empleados, informes falsos, depósitos irregulares de dinero, etc.), surge ahora una nueva investigación penal que involucra a uno de sus magistrados, al ex Secretario y empleados del Juzgado en maniobras por las cuales dos meritorias, a cambio de ser designadas en cargos que quedaban vacantes interinamente en la dependencia, debían entregar una suma arbitrariamente determinada de su precario salario a otros empleados del Tribunal, mediando abuso de la relación funcional, de las necesidades de unos y de otros, y bajo el pretexto que “esa era la única forma de ingresar al Poder Judicial de la Nación”.  
    Nuevamente, y como de costumbre, no resulta descabezado pensar que de recaer algún tipo de responsabilidad, la misma será exclusivamente de los empleados de menor jerarquía, cuando resulta evidente a los ojos del más ignorante que esto, de comprobarse, no pudo haber ocurrido jamás sin el concurso de un superior que lo digitara y permitiera. Aquellos, sin dudas, son verdaderas víctimas de un sistema cada vez más corrupto y tolerante a semejantes actitudes.
    No llama la atención que el Tribunal Oral Penal Federal de Mar del Plata esté otra vez en el ojo de la tormenta, pues ya en el año 1997 desaparecieron de allí, entre otros efectos, 40.000 dólares, en un hecho nunca resuelto y por el cual se mantuvo suspendido por más de tres años, y sin goce de haberes, a quien por entonces fuera su prosecretario, que aún se encuentra bajo proceso administrativo como supuesto “único” responsable de tamaña fuga de caudales, a pesar de no caberle en razón de su cargo, el deber de custodia de los efectos secuestrados. También es el mismo Tribunal el que se vio involucrado en la investigación por la desaparición de prostitutas en la “zona roja” de la ciudad balnearia, atribuidas al asesino serial llamado “El loco de la ruta”, en razón de que quien fuera su Fiscal, se viera seriamente comprometido en una causa por la desaparición de una de las mujeres, la que hoy se encuentra al borde de la extinción penal por la inacción de la justicia y el amiguismo corporativo.
    Parece mentira, a la par que genera una gran preocupación, que un Tribunal encargado de juzgar los delitos vinculados al narcotráfico, permita con su inaprensiva conducta que la droga que debe custodiar vuelva al mercado de los consumidores y, para peor, en cantidades siderales.
    Es inconcebible que aquellos empleados que colaboraron con la investigación en cumplimiento de sus deberes, ya sea denunciando los hechos o aportando testimonios sinceros, hayan tenido que pedir sus traslados hacia otras dependencias a fin de resguardar la integridad física, psíquica y moral, cediendo siempre ellos el lugar que deberían ocupar;
    Resulta totalmente repugnante que se lleven adelante prácticas aberrantes como las denunciadas por aquellas meritorias;  
    Es intolerable seguir permitiendo que se descargue siempre todo tipo de responsabilidad en los subalternos, invirtiendo de este modo la pirámide de la relación funcional, donde aquella es siempre descendente.
    Preocupa a su vez que hasta el momento tampoco haya dado respuesta como máxima autoridad de Superintendencia de la jurisdicción la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, siendo prueba de ello la aún indefinida situación laboral-administrativa de la única persona a quien se dirigieran todas las imputaciones, no obstante como se señalara, no resultar responsable directo de la custodia de los efectos del T.O.F., mientras que quienes sí revestían tal condición no transitaron por la instancia sumarial dando las debidas explicaciones a más de transcurridos ocho años de cometidas las irregularidades investigadas.  
    Merece reparos también la abusiva discrecionalidad empleada por la Cámara Federal de Mar del Plata para las distintas situaciones que se presentan con relación al personal de la jurisdicción tanto en lo que atañe a la promoción de los mismos, donde prima en la mayoría de los casos los favorecimientos personales y no la intención de dotar a los órganos de éste circuito judicial de los más idóneos a efectos de mejorar la prestación del vapuleado servicio de justicia, como en relación al tratamiento de los recursos y/o planteos administrativos de los empleados, y a la tramitación de las actuaciones sumariales.  
    Testimonio de lo dicho y de las detestables condiciones en la que los compañeros prestan su tarea en la ciudad de Mar del Plata, es el notorio y preocupante incremento de empleados que presentan trastornos y enfermedades derivadas y/o vinculadas a situaciones de estrés laboral, como pueden dar fe de ello los registros de nuestra Obra Social.  
    Los judiciales luchamos con la convicción de que es posible tener un Poder Judicial de la Nación más justo, creíble y honesto. Por eso no podemos permitirnos que quienes son la cara visible y máximos responsables de la administración de justicia, permanezcan impunes a las consecuencias que se generan cuando se incurre en graves conductas incompatibles con sus funciones (ya sean penales, administrativas o simplemente éticas). Ello porque resulta franca y manifiestamente improcedente sostener por un lado aquellos valores y, por el otro, tolerar semejantes actitudes por parte de algunos magistrados que no merecen siquiera llevar la toga. En tal sentido compartimos el ideal de que la función judicial implica una tremenda compostura ética y social, debiendo quienes la ejercen dar a cada paso un ejemplo de vida, conducta y equilibrio.
    Es notorio que la justicia federal en la Ciudad de Mar del Plata es una vergüenza y esto se tiene que terminar cuanto antes. Por nuestros derechos, por la justicia y por la patria.  

Comision Directiva Nacional
Union De Empleados De La Justicia De La Nación