Lo expresado por el presidente Alberto Ángel Fernández acerca de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, el territorio antártico y el mar adyacente en su discurso inaugural ante el Congreso de la Nación tiene particular importancia en el retomar de un claro derecho de los intereses nacionales, abandonados durante la pasada gestión de Mauricio Macri.

Las Malvinas fueron ocupadas por el ahora Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte el 3 de enero de 1833, 187 años atrás, y desde entonces los gobiernos nacionales mantuvieron posturas oscilantes, entre los que plantearon con firmeza los derechos argentinos y aquellos que, como el mencionado, aceptaron de hecho la permanencia de los usurpadores.

Entre las posturas más firmes y trascendentes se contó, a comienzos de 2010, hace una década, la decisión de controlar los viajes desde y hacia las Malvinas, apuntando a los negocios de los ocupantes y sus socios, en especial a la explotación hidrocarburífera impulsada por la banca Barclays como accionista de la firma Desire Petroleum,

La decisión del gobierno argentino de controlar los viajes de y hacia las Islas Malvinas constituyó un golpe de importancia en el camino a restablecer los derechos sobre una vasta zona del Atlántico Sur que excede, incluso, el territorio propio de ese archipiélago irredento al que el Reino Unido pretendió incluir en la Constitución de la Unión Europea, con el aval cómplice de otros gobiernos como área extra continental de esa comunidad de naciones.

Ya antes, casi un año atrás, el reclamo de la entonces presidenta argentina Cristina Elisabet Fernández y del también entonces canciller Jorge Enrique Taiana en la mismísima Londres, la capital del Reino Unido, por la usurpación de las Islas Malvinas representó un nuevo giro en la política argentina frente a la herencia menemista de las “relaciones carnales” y la desarticulación del estado. La trascendencia de esa decisión es que apunta a fuentes claves de los negocios malvineros, en especial a la pretendida explotación hidrocarburífera ya mencionada.

Los acuerdos del ex canciller menemista Guido Di Tella con el gobierno del RU que por entonces encabezaba la conservadora Margaret Hilda Roberts Thatcher en febrero de 1990 en el “Tratado de Madrid”, instrumentados sobre todo a partir de 1995, ya con la gestión del también conservador John Major, fueron parte de los negocios de la época, de la liquidación de las empresas del estado, la destrucción del aparato económico y la pérdida del control sobre las reservas naturales. Allí no se habló de soberanía sino de convivencia para hacer negocios. Algo que el RU ya había comenzado a impulsar unilateralmente desde 1987, ampliando, en forma progresiva, lo que consideraba su soberanía marítima, equivalente a más o menos un décimo de todo el territorio argentino.

Por entonces se dio todo tipo de concesiones pesqueras en el Mar Argentino, lo que dio lugar a una tremenda depredación de los recursos de peces y moluscos (se calcula que sólo los langostineros capturan y devuelven al mar muertos a aproximadamente un millón de peces al día). Años más tarde, ante el cuestionamiento al respecto de la industria pesquera local, el actual canciller Felipe Solá admitió que debe reverse esa postura. Cabe señalar que no faltaron informaciones que señalaran al entonces ministro del interior, Carlos Vladimiro Corach, devenido en Francia en especialista en antiterrorismo, como el operador de esos negocios pesqueros.

El gobierno del premier laborista, el escocés James Gordon Brown, y el de su antecesor, el también escocés Anthony Charles Lynton (Tony) Blair tomaron en su momento los reclamos argentinos como una suerte de ritual inocuo, similar al que hace España por el enclave de Gibraltar “para la gilada” (los tontos), como solía llamar a esos gestos un viejo diputado conservador, Francisco Falabella, impulsor del desarrollo genético de esos caballitos de miniatura para sacarse fotos y subir bebés.

Pero se trata de dos temas claramente diferentes. Gibraltar, como Belice y otras posesiones españolas pasaron a la entonces Inglaterra como consecuencia de una guerra (1700-1713) en la que Francia por un lado y Austria e Inglaterra por el otro se disputaron la corona de España vacante. Al final el monarca francés Luis XIV logró coronar a su nieto, el futuro Felipe V, como el primer rey Borbón ibérico.

Inglaterra, como contrapartida, con el “Tratado de Utrecht” (Países Bajos), de 1715, firmado por España, se quedó con la puerta entre el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico. Un pequeño estrecho que un buen deportista puede cruzar a nado y por el cual pasó en el 722 el gobernador de Tánger, Djeb El-Tarik (de ahí Gibraltar), para crear un reino musulmán de 770 años hasta su liquidación en 1492.

La ocupación de Malvinas también tuvo un objeto estratégico de control del extremo sur atlántico y de la unión interoceánica. Del mismo modo que tres siglos y medio antes, poco antes de la llegada de Cristóbal Colón a Centroamérica, había pasado por el lugar, según algunas investigaciones, una expedición china la cual, al parecer, dejó allí perros que se reprodujeron, tomando en cuenta parecidos genéticos. Pero mientras lo de Gibraltar, degradado su interés militar, es una cuestión eminentemente simbólica, en las Malvinas, donde no hubo una cesión consentida sino una acto de piratería militar, la cuestión de los recursos naturales ha pasado a ser un tema esencial.

Ya por los años 1970 se sabía que existía un gran potencial hidrocarburífero en el llamado Banco Burwood, al sur de las islas. Luego se detectaron otras reservas importantes en la plataforma marina occidental de las islas y, finalmente, no faltan buenas perspectivas en la meseta malvinera. En los últimos años el gobierno isleño ha convocado a licitaciones para hacer prospecciones en esas zonas. A ello hay que agregar la proyección antártica que se reclama desde Londres, también basada en la explotación de recursos de ese territorio. Reclamo que se superpone con los de la Argentina. De todos modos el gobierno del RU ha avanzado sin atender razones y se apresta a llevar adelante la extracción de hidrocarburos estimándose que las exportaciones de petróleo desde las Malvinas comenzarán en 2022.

En tanto se desarrolló una importantísima actividad pesquera depredatoria que pasó a constituirse en la base de la actividad económica de ese archipiélago constituido por dos grandes islas y un par de centenar de islotes. Sólo las licencias pesqueras, amén de otros ingresos adicionales, representan más de 40 millones de dólares estadounidenses al año, más los negocios que se generan luego, suficientes para sostener la salud, la educación y el sistema de bienestar de los 3.398 (cifra al 2016).

Ya en 2002, a 20 años de la Guerra de las Malvinas el Producto Interno Bruto (PIB) del archipiélago llegaba a u$s 105,1 millones, lo que daba lugar a un PIB per cápita de u$s 35.400 anuales. Varios años después, en 2017, en el Reino Unido, el PIB per cápita del RU es de u$s 44.300 anuales y en las Malvinas, en 2015, de u$s 70.000, el decimosegundo en el mundo. La conclusión es que los ingresos de los isleños son superiores a los de la metrópoli si se tienen en cuenta una serie de añadiduras como ventajas impositivas y otras.

El “democrático” argumento de los gobernantes del RU es que son aproximadamente tres mil pobladores los que deben decidir si se aceptan o no las decisiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre si sentarse a o no a discutir la soberanía, pero mientras tanto pretendió incluirlos en la Constitución de la UE, como se ha señalado. Pobladores originalmente llevados desde las islas británicas a partir de su ocupación en 1833, de habla inglesa, mayoritariamente anglicanos y vinculados a la metrópoli por diversas razones. Pero fundamentalmente beneficiarios de una realidad que surge de una industria pesquera (desarrollada básicamente de los acuerdos con la Argentina desde el “Tratado de Madrid”). Además ya en 2001 el ecoturismo generaba más de 30.000 visitas anuales que se han ido incrementando, es decir alrededor de diez turistas al año por cada habitante. Ahora los barcos que los transporten estuvieron sometidos a controles argentinos según la norma mencionada que seguramente será restablecida teniendo en cuenta el referido discurso del presidente Fernández.

Preguntar a esa población, al menos hoy, qué quiere hacer en materia de soberanía resulta grotesco cuando goza de un estado de bienestar que no existe en su metrópoli, con cero desocupación, un PIB per cápita que triplica la media mundial, que produce más de un millón de kilowatios hora de lo que consume y que tiene un superávit comercial de unos u$s 160 millones según con importaciones por u$s 98 millones y exportaciones por u$s 257,3 millones, a lo que hay que sumar los intereses que el gobierno isleño percibe por las colocaciones bancarias de sus excedentes y por la presencia de una base militar metropolitana, amén de las perspectivas hidrocarburíferas, ahora casi a la vista, para extraer 500.000 barriles (94,5 millones de litros) diarios de petróleo y de otros minerales, todo potenciado por su proyección antártica. Demasiadas razones de peso, o más bien de pesos. La evolución de la Bolsa de Londres en el marco de la “Guerra de las Malvinas”, más de un cuarto de siglo atrás, ya dio pautas de todo esto.

Obviamente las Malvinas y su mar adyacente no son el peñón de Gibraltar y la decisión adoptada en 2010 por la ahora vicepresidenta argentina, continuidad de la ya planteada en Londres en abril de 2009, se compadece con esa realidad que no es meramente un reclamo justo pero simbólico de soberanía sobre un pedazo de tierra sin mayor valor que eso, como pretenden el imperio colonialista y sus beneficiarios. El libro “Malvinización y desmentirización”, del cual soy coautor y compilador, aporta numerosa documentación acerca de todo ello.