“El misterio político más grande del Siglo XX es el fracaso de Argentina como Nación”. Robert D. Crassweller

A Alberto Fernández, que sueña con transformarse en el nuevo refundador de la Argentina, los papeles se le están quemando rápidamente, incluso en el ámbito externo, que ayer se complicó en serio. Forzado por la innegable influencia de su compañera de fórmula en el diseño de la política, está cayendo rápidamente en las mismas contradicciones que tanto nos perjudicaron.

Nos pide que dejemos de pensar en dólares pero, desde que asumió hace menos de un mes, ya imprimió un 12% más de pesos que, necesariamente, darán nuevos aires a la monumental inflación que padecemos.

Pretende pagar llegar a un rápido arreglo con los acreedores y el FMI para evitar caer una vez más en default, pero parece ignorar que la voluntad de los Estados Unidos es determinante en el organismo. El ataque en Bagdad con misiles, que produjo la muerte de un jerarca del régimen iraní, Qassem Soleimani, demuestra que Donald Trump no bromea cuando se trata de combatir a su “eje del mal”.

Ya el día anterior, la Casa Blanca había advertido que la posición de la Argentina con respecto a Evo Morales y el notorio reacercamiento con Venezuela y Cuba tendría graves consecuencias en la relación bilateral. Sin embargo, inexplicablemente se autorizó a una línea aérea, que cubre la ruta Caracas-Teherán, a llegar a Buenos Aires; y lo digo porque, en la medida en que no parece racional desde el punto de vista comercial, falta conocer las verdaderas razones que la motivaron.

El Presidente declaró que Argentina sólo podrá hacer frente a sus compromisos externos cuando vuelva a crecer, y ha centrado sus expectativas en Vaca Muerta, que nos ha hecho recuperar la autosuficiencia energética, y en el artificial y populista impulso al consumo interno. Para que el yacimiento se transforme en un verdadero motor de ese necesario crecimiento, se requieren gigantescas inversiones internacionales para financiar su expansión; sin embargo, para que se concreten resultan esenciales tres condiciones: claras e inamovibles reglas de juego, rentabilidad y confianza, sobre todo en la Justicia.

Pero ninguna de ellas se da. Demostrando que padece una grave bipolaridad, el Gobierno interviene en el mercado energético, congela tarifas y modifica arbitrariamente esas reglas, mientras el impuestazo de la ley de “solidaridad y reactivación” deprime el consumo y destruye toda rentabilidad de las empresas. El ajuste sólo afecta al sector privado, ya que el gasto del Estado –incluyendo a los tres millones de jubilados sin aportes incorporados por Cristina Fernández al sistema- en todos sus niveles se ha incrementado de modo perverso. Con observar qué sucedió cuando se atrasaron demagógicamente los precios, resulta fácil predecir el futuro: más déficit fiscal, más cortes de suministro, más despilfarro, menos producción, más negociados, etc..

En la medida en que, como se ve, ninguna de las condiciones esenciales se cumple, los inversores escapan de la Argentina como de la peste y se van a buscar otros horizontes más amigables, con la improbable excepción de las siempre soñadas de China. La maraña de impuestos y costos agregados inviabilizan cualquier proyecto productivo y, así, el futuro de nuestra economía se percibe como cada vez más negro, y enterrará las aspiraciones personales de Alberto.

Y nadie desconoce el dominio que Cristina Fernández ha adquirido sobre la Justicia (con Carlos Zannini, Procurador del Tesoro y jefe de los abogados del Estado; Daniel Rafecas, Procurador General y cabeza de los fiscales; Juan Martín Mena, Secretario de Justicia; Gerónimo Ustarroz, Consejero de la Magistratura; Sabina Fréderic, Ministro de Seguridad; Félix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción; Sergio Berni, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires; etc.) con todo lo que ello implica en materia de inseguridad jurídica.

Nótese que ya Fréderic, el Gobernador Axel Kiciloff y hasta el propio Presidente calificaron a los juicios por corrupción que afectan a tantos funcionarios kirchneristas y empresarios como persecuciones políticas, y han llegado al gravísimo extremo de criticar las pericias que determinaron que Alberto Nisman fue asesinado y que Santiago Maldonado se ahogó.

Si Cristina Fernández sueña con la impunidad, al menos para sí misma y sus hijos, lo cierto es que no resultará posible; la ciudadanía movilizada no tolerará que esa ilusión se concrete y, si se intentara, produciría un verdadero estallido social. Pero aún si consiguiera aquí algo por el estilo, tampoco podrá moverse por el mundo, ya que hay causas instruidas en el extranjero, motivadas por los raros movimientos financieros realizados por nuestros ladrones en otros países, que no se cerrarán fácilmente y que le dificultarán esos desplazamientos.