“No insistan con mandar más leyes, no las necesitan; gobiernen con las que tienen”. Esa fue, palabras más, palabras menos, la recomendación que Miguel Angel Pichetto le dio al oficialismo a principios de 2018 luego de que Cambiemos hubiera conseguido con gran dificultad y la colaboración del entonces todavía opositor senador rionegrino la aprobación pírrica de la reforma previsional y la tributaria. Al gobierno de entonces le había quedado pendiente la reforma laboral y había anunciado que la trataría en febrero, pero después de tanto desgaste y la sugerencia de Pichetto el gobierno de Macri suspendió el nuevo llamado a extraordinarias.

Faltaba más de un año para que Pichetto se sumara a ese oficialismo en dificultades; por entonces era opositor, y su sugerencia sincera. No se entendía a veces la insistencia de un gobierno en minoría por mandar leyes que le insumían complejas negociaciones con la oposición y un desgaste extremo.

El gobierno de Cambiemos anunció también innumerables proyectos que no pudo aprobar, pero sobre todo muchos que jamás envió al Parlamento. El albertismo parece transitar ese camino, con permanentes anuncios de iniciativas que promete remitir al Congreso, pero con un agregado curioso: todo pareciera querer tratarlo en extraordinarias, como si en marzo, en lugar de arrancar el trabajo parlamentario fuerte, se apagara su impulso.

Ahí se diferencia del macrismo, que conforme su condición minoritaria en ambas cámaras, aprovechaba los recesos legislativos para emitir decretos, que en muchos casos luego debía retrotraer. El gobierno actual, en cambio, pareciera querer debatir todos los proyectos que se propone durante este verano. Por eso anunció oportunamente que habría dos sesiones en el mes de enero, despertando dudas en quienes recuerdan que desde 2002 el Congreso no funciona en enero. Y por más que muchos se esmeren en comparar la actualidad con esa crisis, lo cierto es que hay diferencias notorias.

Sorprende también que entre esas iniciativas que anticipan tratarán este verano aparezcan normas muy complejas, que ameritan un profundo debate en comisión, que no es lo que sucede con las leyes que se tratan en extraordinarias. La reforma judicial, por citar un caso, vale como botón de muestra.

La realidad marca otra cosa: las dos sesiones anunciadas para enero se redujeron a una, que finalmente se postergó para el 5 de febrero. Aunque finalmente esa sesión terminará haciéndose el último miércoles del primer mes del año. Y esa tardía premura que embarga al oficialismo tiene que ver con las urgencias que le asisten, pues ningún problema perturba más al gobierno que el de la deuda externa.

Por eso fue que el lunes de la semana pasada el ministro de Economía, Martín Guzmán, apareció anunciando el envío al Congreso de un proyecto de ley para reestructurar la deuda externa, razón suficiente para terminar con los fuegos de artificio y enviar ese mismo día el proyecto a la Cámara de Diputados. Porque dicho sea de paso, de tantos proyectos anticipados este verano, ningún otro llegó a alguna de las dos cámaras. Eso sí, en todos los casos se remarca que ya están listos…

En tren de trazar parangones con el gobierno de Cambiemos, también aquel arrancó con la deuda: el primer proyecto tratado fue el que habilitó el pago a los holdouts. Fue además una primera prueba de fuego para esa administración. Y la ley que permitió luego arreglar con los bonistas dio aire a ese nuevo gobierno al que se le quemaban los papeles si no superaba esa prueba.

Para el gobierno de Alberto Fernández el tema de la deuda es también crucial. Cuando se les pregunta a los funcionarios cuál es el plan económico, suelen responder con evasivas, o bien los más sinceros aclaran que el mismo dependerá del tipo de acuerdo que se logre con los acreedores. Si es que se alcanza, para ser más claros. Por eso es que el gobierno del Frente de Todos demora el envío del Presupuesto 2020 al Congreso. Ese proyecto está en stand by hasta que se dilucide cómo sigue la negociación, tanto con los bonistas privados, como con el Fondo.

Venía haciendo buena letra el gobierno, pero se le desperfiló la negociación los últimos días, con un riesgo país que se ubicó en los 2.068 puntos básicos, el más alto en un mes; la Bolsa porteña cayendo, igual que las acciones de empresas argentinas en Nueva York y los bonos argentinos cotizando en baja. Todo como consecuencia del anuncio de la provincia de Buenos Aires de postergar los pagos de su deuda y una estrategia agresiva de la administración Kicillof que hasta ahora no le ha dado resultados.

El gobierno bonaerense no encontró el 75% de aceptación de los bonistas que necesitaba la propuesta y debió postergar el plazo para que los tenedores del bono que Kicillof anunció que no puede pagar den el consentimiento a diferir el pago de capital hasta el 1° de mayo. Con tono de ultimátum, postergó el plazo de aceptación hasta el 5 de febrero.

Esa situación, previsible, genera inquietud en el exterior por las consecuencias que pueda tener con relación a la deuda que tiene la Nación. Por eso es que no son pocos los que sospechan que, aunque el gobierno ha dejado trascender que la estrategia de la Provincia ha sido acordada con la Nación, el gobierno nacional solo se adecúa a las circunstancias en que Axel Kicillof no hace más que implementar en esta emergencia las teorías en las que sinceramente cree. Y que en rigor contrastan con el plan original de Nación.

No hay manera de saber la realidad. Es impensable que Martín Guzmán salga a despegarse de la postura bonaerense, y no podría decir que la Nación está dispuesta a auxiliar a la Provincia, pues se caería la estrategia de Kicillof, al que a estas alturas solo le cabe redoblar la apuesta.

Mientras tanto Alberto Fernández intenta hacer buena letra en el exterior, cuestión de seducir a Donald Trump y los países europeos que puedan influir en el FMI. Por eso fue a Israel, para tomar parte del Foro Internacional del Holocausto, con el objeto de dar señales sobre todo a Estados Unidos, cuyo vicepresidente estuvo en Auschwitz. Ahora bien: si el gobierno de Fernández está tan atado a la suerte que tenga con la deuda, más efectivo hubiera sido viajar a Davos en lugar de Jerusalén. En Suiza podría haberse cruzado con Angela Merkel, Boris Johnson, hubiera hablado más con Emmanuel Macron y hasta se hubiera cruzado con Trump. En Jerusalén en cambio lo suyo fue más simbólico y ni siquiera pudo tener el encuentro que habían acordado con Putin.

Pero hay que entender los márgenes dentro de los cuales puede y debe moverse AF. Sería impensable verlo en Davos, adonde por otra parte jamás fue Néstor Kirchner, quien es el espejo en el que Fernández desea reflejarse. Surgirían las voces cuestionadoras dentro del Frente de Todos, más atentas a los gestos que a las medidas concretas: no hubo cuestionamientos a la letra chica de la Ley de Solidaridad Social. Y Alberto Fernández está muy preocupado por mantener el plano interno sosegado, ya sea recibiendo por más de dos horas a Hebe de Bonafini en la Rosada luego de la carta intimidatoria que la líder de Madres le mandó, o incorporando a dos dirigentes de Juan Grabois a su gobierno, tras las críticas del referente social cercano a Cristina.

También recibió a Baltasar Garzón, un referente muy ponderado por el kirchnerismo, pero en ese caso la charla habría girado en torno al cuestionable tribunal ético del lawfare que impulsa el abogado Eduardo Barcesat. Tras ello, el exjuez español negó integrar dicho organismo.

Alberto Fernández volverá a Europa esta semana, ahora para mantener reuniones concretas con líderes mundiales con los que podrá hablar de sus preocupaciones y pedir colaboración en el tema que lo desvela. El primer encuentro será con Francisco y todos estarán atentos al semblante del pontífice, que como se recordará dedicó a Mauricio Macri un rostro extremadamente serio en la primera de las dos reuniones entre ambos durante la presidencia del líder del PRO. Pero ya se sabe de la afinidad del Papa con esta administración, más allá los chispazos que haya generado la designación del primer elegido para la embajada en el Vaticano y, sobre todo, la disposición de Fernández en habilitar la despenalización del aborto.

El Santo Padre comparte con el presidente peronista la preocupación por la deuda y está dispuesto a brindar sus buenos oficios para auspiciar un diálogo con el FMI, e interceder en favor de su país en la emergencia.