“Que se construya un expediente con las denuncias presentadas y que mediante una resolución se cree una Comisión de investigación para esclarecer las violaciones perpetradas por el Gobierno de facto”, reclamó Segundina Flores, de la Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, en el Examen Periódico Universal (EPU) de ese país, la revisión entre pares al que deben comparecer los 193 Estados de Naciones Unidas cada cinco años.

“Distintas organizaciones nacionales e internacionales han documentado detenciones arbitrarias, asesinatos a dirigentes políticos y sociales, persecución, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, discriminación racial hacia los pueblos indígenas, ademas de censura y amedrentamiento a defensores de Derechos Humanos, por parte de las Fuerzas Armadas y la policía nacional”, enumeró Segundina Flores, que tuvo el apoyo del CELS argentino.

“En noviembre de 2019, luego de la forzada renuncia del Presidente Evo Morales, un gobierno interino encabezado por Jeanine Añez, apoyado por las Fuerzas Armadas, tomó el poder en el país”, con un saldo “de 27 personas asesinadas por armas de fuego”, infligiendo “disparos en órganos vitales”, precisó la abogada boliviana Nadesda Guevara, bajo mandato de la oenege de Ginebra, Centro Europa Tercer Mundo, para intervenir en el EPU de Bolivia.

La letrada denunció “la promulgación del Decreto Supremo 4078 que eximió de responsabilidades a las Fuerzas Armadas para el uso de la fuerza”, que además de los 27 muertos, ocasionó “833 personas heridas”, ejemplos de “situaciones de violencia y de ejecuciones extrajudiciales que violan el derecho a la libertad de reunión y asociación pacifica, así como el derecho a la integridad física y a la vida”, subrayó Nadesda Guevara.

Añadió que “el derecho a la libertad de expresión fue igualmente violado”, constituyéndose “un cerco mediático que censuró toda crítica o desacuerdo como actos de sedición y terrorismo”. Agregó “periodistas nacionales e internacionales” agredidos, y el cierre “de 54 radios comunitarias, quitándoles antenas de transmisión e inclusive permitiendo un asalto de por grupos armados para militares”.

La Defensora del Pueblo en Bolivia, Nadia Alejandra Cruz Tarifa, informó que su organismo “es objeto de amedrentamiento, violencia psicológica y persecución judicial, por el actual gobierno”. Instó al Consejo de Derechos Humanos de la ONUa mantener “especial vigilancia sobre Bolivia con la urgente visita de Relatores Especiales, y restituir la Oficina de la Alta Comisionada Michelle Bachelet en el país, para que se pronuncie sobre los atropellos en el conflicto post electoral”.

“Las masacres en contexto de represión policial y militar deben ser investigadas por la justicia ordinaria, sin exención de responsabilidad penal ni cláusula de confidencialidad y reserva”, se pronunció la Defensora del Pueblo, quien lamentó que el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura está afectado por la falta de independencia y actual desinstitucionalización”, sin olvidar “1504 arrestos y/o aprehensiones”.

Acusó a las actuales autoridades de manejar “arbitrariamente criterios para la emisión y protección de solicitantes de salvoconducto, transgrediendo el derecho internacional público así como la vida, integridad y seguridad jurídica de los beneficiarios”, de perpetrar “masacres”, y del “uso abusivo de los tipos penales de sedición, terrorismo e incumplimiento de los deberes por un Ministerio Público dependiente del Ejecutivo”, registrándose “la muerte no esclarecida de un periodista argentino”