Detrás de la aparente ineficiencia de algunos funcionarios y de la desenfrenada avaricia de empresarios que compran y venden todo, se esconde la corrupción asesina, esa misma que mata en temas de seguridad, también condena a los que no tienen, al parecer, derecho a defender sus vidas y su manera de vivir.
    Cuando el jueves 19 de octubre concurrí a la sede de la Defensoría del Pueblo de la Nación, pensé que se trataría de una muestra más de esas en las que se reclama algo ya conocido por todos, el control de la contaminación de nuestras aguas. Si bien concurrí interesado por el tema, mi instinto me decía que había algo más detrás de la conocida contaminación de las empresas que tienen descargas a las aguas del río Reconquista. Al llegar a la estación histórica de Tigre con la gente de la defensoría y los demás colegas, ya se podían apreciar las pancartas, carteles y copias de los miembros de la Asamblea Delta y Río de La Plata. Al acercarnos, nos fueron entregando material sobre el origen de los reclamos detallando los estudios y los daños que esto provoca en la población afectada. Además de escuchar las explicaciones de miembros y vecinos que participan activamente, pregunté a otros miembros de la comunidad sobre el tema y todos coincidieron en que algo se debía hacer respecto de la contaminación, dado el peligro que ello representaba.
    Corría el año 2000, y por agosto, el ente autárquico de la Provincia de Buenos Aires, encargado del saneamiento y control de las inundaciones del río Reconquista, UNIREC, decidió desviar el cauce natural del río con la construcción de un dique, afectando el Canal del Aviador donde se encuentra la pista nacional de remo. La obra costó algo más de 400 millones de dólares y el resultado final fue el esparcimiento de la contaminación. A pesar de los innumerables reclamos a las autoridades de la provincia de Buenos Aires que gobernaba Ruckauff, de convocar a los medios para dar a conocer la situación y de iniciar una demanda en la la Justicia, nada cambió. Poco importaron estudios realizados por al UBA sobre el impacto ecológico, la falta de previsión del ente UNIREC y la violación a la ley 11723 y su anexo 2.
    Esta gente no solo reclamaba, sino que también proponía medidas, medidas coherentes, basadas en estudios independientes y realizados por prestigiosos profesionales. Pero todos hicieron oídos sordos. Los intendentes y los concejales priorizaron el beneficio propio, sea este económico o político, y dejaron de lado a la gente.
    Cuando uno llega a Tigre, lo primero que ve son los nuevos edificios, imponentes muestras del progreso. Entonces, cree, ingenuamente, que eso es progreso. Yo mismo solía pensar: “Qué lindo que está Tigre”, hoy pude ver que eso solo la primera impresión, que ese aparente progreso tiene un elevado costo. Una de las preguntas que deberíamos hacernos al ver esos edificios es: ¿a dónde va, por ejemplo, la materia fecal? Y no es una pregunta sarcástica, muchos de estos nuevos edificios carecen de cloacas y no se ve planta de procesamiento alguna, por lo menos en la mayoría. Entonces, ¿a dónde van los desechos? Si solo fuera materia fecal, las cosas no tendrían la gravedad que hoy presentan Un informe solicitado por el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, a la Prefectura Naval Argentina, reveló que en algunos sectores la contaminación de las aguas supera el 1000% de la máxima tolerada de nitritos, es decir, esas aguas son veneno.
    En la recorrida quedó ampliamente probado el riesgo a la salud por el estado del agua, esta cuenca afecta a más de 4.000.000 de personas. Sobre dichas aguas tienen responsabilidad distintos gobiernos, incluido el país vecino Uruguay. Si bien las causas de contaminación hasta ahora se le adjudicaban a las empresas que se ubican cerca de las riberas, lo cierto es que existen otros contaminantes. Los grandes emprendimientos edilicios son otro factor a tener en cuenta, de hecho, Tigre ha crecido de una forma vertiginosa, pero sin contar con una actualización de su infraestructura en materia de hidroingeniería.
    Otro factor contaminante que parece menor, pero que al ser sistemático en el tiempo termina siendo un contaminante más, es el lavado de las embarcaciones. Según se pudo averiguar, y ante las investigaciones al respecto, nadie supo explicar de qué manera se evita que los residuos de esos lavados lleguen al río. Desde particulares, guarderías navales hasta la propia Prefectura parecen minimizar el hecho y ser proclives a hacer lo que no se debe.
    Ahondemos un poco más en cómo no se cumple la ley y de qué manera nadie controla esto; existe en nuestra legislación, lo que se denomina como "Camino de Sirga" Art. 2639 del Código Civil. ¿Qué es esto?, ni más ni menos que la obligación que emana de un Decreto del 2 de febrero de 1933, en donde figura que en los partidos que limitan con el Río de la Plata, los propietarios ribereños deben dejar expedito el camino de sirga, en un ancho de treinta y cinco metros, tomando como línea de ribera la fijada por los mojones de la Dirección de Navegación y Puertos del ministerio de Obras Públicas.
    No existe camino alguno que no esté sujeto a restricciones y límites, son inherentes al derecho de propiedad. Lo que parece comprender la esencia del dominio se justifica en aras de intereses superiores a los de la sociedad. El dominio no existe, sino en los límites y bajo las condiciones determinadas por la ley. Ahora bien, en el recorrido por los ríos y los canales del partido de Tigre, esto parece no cumplirse, incluso, existe un conocido club náutico y una dependencia policial que no respetan la norma. En el colmo de la hipocresía, uno de los miembros históricos de la Asamblea fue notificado de la instrucción de una causa penal en su contra. La imputación: el corte de un río. Curiosamente, la denuncia es alentada por un medio radial local Eco Delta, quien tiene entre sus anunciantes a la intendencia de Tigre, la misma intendencia que se encuentra enfrentada con los asambleístas desde hace años y que llegó, incluso, a impulsar en el año 2000 una contramarcha y agresiones contra estos. Pero, esto no queda acá. Por si fuera poco, el señor Ricardo Ubieto, intendente del partido desde hace casi 30 años, a pesar de contar con una estadística de cloacas del 6,5%, una de las más bajas de la provincia, y no haber podido superar los problemas de contaminación, es nombrado por el gobierno nacional, como uno de los directivos de la flamante AYSA S.A. por el Decreto 388 (1).
    Para ir concluyendo, quiero felicitar sinceramente a todos los deportistas de la Asociación Argentina de Remo, son un ejemplo a seguir, ya que continúan con sus actividades a pesar de que el lugar en donde deben entrenar no es digno de su tarea. Nahuel Orellana, sos un ejemplo de entrega y valor al acercarte a los medios. Usted, señor Eduardo Mondino ahora tiene una responsabilidad, continuar con las investigaciones y dar a conocer el informe final.
    Señor Defensor de la provincia de Buenos Aires, realmente no recuerdo haber escuchado algo de su gestión.
    Estimados colegas, escriban con responsabilidad y veracidad, hay una frase de Marco Tulio Cicerón que lo resume todo "la verdad se corrompe tanto con la mentira, como con el silencio”.
    A quienes quieran conocer más, pueden concurrir el primer domingo de cada mes, a las 10:30 hs. a la estación fluvial donde sesiona la Asamblea.

Marcelo Ricardo Hawrylciw
FELAP N° 496
Editor Diario El Sindical

(1) Ubieto es un político bipolar, no hace mucho en declaraciones a los medios de prensa justificó la creación de plazas asegurando que: "a los vecinos les gustan las plazas, aunque sé que de noche son pocos los que las pueden disfrutar por la inseguridad, y en eso es poco lo que el municipio pude hacer." (SIC).  En el mismo sentido, nadie duda de que los emprendimientos sean atractivos a la vista del turista o del visitante, pero seguramente con un costo permanente para muchos vecinos.