En las últimas 72 horas, el gobierno parece haber empezado a transitar un terreno muy peligroso en el cual son sus propias decisiones las que lo tornan un camino temerario. Las disputas entre el Ministerio de Economía y el Banco Central están llevando a la economía a un desastre de incalculables consecuencias.

La negativa del ministro Guzmán a abrir la emisión monetaria en la escalada de la crisis monetaria, está llevando a miles de empresas y negocios a una muerte lenta. El aplazamiento de algunos vencimientos impositivos son insuficientes como para permitir que los negocios sigan vivos.

Por estas horas miles de empresas se enfrentan a la disyuntiva de pagar salarios parcialmente, para poder atender los vencimientos previsionales.

Es una decisión fulminante, salarios o aportes jubilatorios. Si se opta por los salarios, se ingresa a una moratoria con el Fisco de la cual nadie sabe como se va a poder salir en medio de una economía que en el mejor de los casos caería este año un 5%.

Si se opta por los aportes, corren riesgo de subsistencia miles de familias que recurrirán a la ayuda estatal, agravando aun más el problema. y dejando al mismo tiempo a otros miles de proveedores sin poder cobrar sus cuentas.

Sólo con una medida, el gobierno podría haber subsanado este problema: suspendiendo el pago de los aportes previsionales hasta el 30 de junio y permitiendo que, una vez superada la emergencia sanitaria, los contribuyentes pudieran regularizar su situación dentro de un plan a bajo interés.

Lo mismo pasa con los vencimientos de servicios y tarjetas. Se debiera permitir que se paguen sin recargos, hasta tanto se supere la emergencia. Ambas medidas se financiarían con el Banco Central actuando como prestamista del Tesoro, en el caso de los recursos de la seguridad social y con una baja de los encajes bancarios que las entidades tiene congelados en el BCRA. Eso tendría un efecto monetario muy restringido y solo hasta que se supere la contingencia de salud pública, pero permitiría conservar miles de puestos de trabajo.

El revés de la trama es una lucha de palacio. El presidente del BCRA quiere que sean los bancos con su propio patrimonio y el aporte de sus accionistas quienes financien los pasivos, mediante una capitalización de las entidades. Guzmán teme con esas medidas se dispare el déficit y complique un eventual acuerdo con el FMI, su principal aliado en el mundo, para refinanciar la deuda.

En el caso de la deuda, el gobierno tiene un doble discurso. Uno hacia adentro, sacando pecho y demostrando que son los acreedores los que tienen que esperar. Y otro hacia afuera, cumpliendo con las obligaciones a rajatabla como el caso de los vencimientos del bono PAR y las LECAP.

Por caso, el default está a la vuelta de la esquina. Hoy, el costo del seguro por un default argentino a 5 años trepó a casi 150%. Esto es lo mismo que decir que nadie quiere deuda argentina y que todo va camino a resolverse en los tribunales.

Así como nadie coordina acciones y el Presidente Alberto Fernández se muestra más ocupado en pelearse con los empresarios y en alabar al líder camionero Hugo Moyano, todo queda librado a una lucha de palacio, en la que están en juego miles de puestos de trabajo y los costos de un nuevo default.