En los últimos días hubo una fuerte controversia sobre la situación carcelaria y la salida de presos en todo el país. En el medio de la pandemia por el coronavirus, diversos tribunales -principalmente de la Provincia de Buenos Aires- dispusieron el arresto domiciliario de detenidos con el objetivo de reducir la sobrepoblación carcelaria y evitar la propagación del virus dentro de los penales, como se explicó en esta nota. Esto también sucedió en otros países, incluso en mayor medida que en la Argentina.

Según informó la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, por fallos de distintos tribunales nacionales y federales se le concedió la prisión domiciliaria a 320 internos de los 12.600 alojados en unidades del Servicio Penitenciario Federal (un 2,5% del total). También se produjeron liberaciones en servicios penitenciarios provinciales, sobre todo en el bonaerense, el más grande del país: el procurador general de la Provincia, Julio Conte Grand, informó que la Justicia bonaerense dispuso la prisión domiciliaria de 800 detenidos en penales provinciales (menos de un 2% del total de 44 mil presos).

Los sistemas federal y bonaerense alojan a más de la mitad de los presos del país (casi 57 mil sobre casi 95 mil, según datos de 2018 del Ministerio de Justicia nacional, los últimos disponibles).

La Argentina no es el único país donde hubo salida de presos de las cárceles como consecuencia de las medidas sanitarias recomendadas para evitar la propagación de la pandemia, sino que también sucedió en otros países. Este es el caso de Brasil, los Estados Unidos, España, Italia, Irán, Indonesia y Turquía, como se explicó en esta nota de Chequeado. E incluso, en la mayoría de estos países con un mayor porcentaje, como se ve en este artículo de la Iniciativa de Política Penitenciaria (Prison Policy Iniciative, en inglés), una organización sin fines de lucro que investiga sobre políticas en el sistema carcelario.

Países que redujeron sus poblaciones encarceladas durante la face de la pandemia.

Esto va en línea con lo que recomendaron organizaciones internacionales, como el Subcomité de Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidieron reducir las poblaciones penitenciarias siempre que sea posible, mediante esquemas de liberación temprana, provisional o temporal para casos en los que sea seguro hacerlo.

Esto justamente es lo que recomendó la Justicia nacional en la Argentina. La Cámara Federal de Casación, que es el máximo intérprete de la ley penal del país después de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, emitió una acordada en la que recomendó a los tribunales que adopten medidas alternativas a la prisión para personas en prisión preventiva por delitos no violentos (como robos o estafas), así como otros presos, como los que están próximos a cumplir su pena, los que tienen condenas de menos de 3 años, los que ya están habilitados para acceder a salidas transitorias o a la libertad condicional y personas en grupos de riesgo (con enfermedades respiratorias preexistentes, por ejemplo).

Sobre los delitos graves (como homicidios o delitos sexuales), la Cámara de Casación ordenó evaluar “con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo” la aplicación de estas recomendaciones.

Parte de la discusión en el país se centró sobre este punto de los delitos graves. En los últimos días trascendieron casos de algunos jueces que liberaron a personas acusadas por delitos de violación, abuso sexual y homicidio (ver acá y acá). Como se dijo antes, las fuentes oficiales muestran que en el Sistema Penitenciario Federal y el Bonaerense se le concedió prisión domiciliaria a un total de 1.120 presos, un porcentaje bajo respecto del total, aunque estas fuentes no aclaran por qué tipo de delitos se acusa a los liberados.

*Con la colaboración de Manuel Tarricone 

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