Dentro del predio de la reciente inaugurada "estación de trasbordo" de Moreno se encuentra una casa cuya construcción data del año 1890. La misma se encuentra habitada por Marcelo Maggi, su esposa y Franco, el pequeño hijo de ambos.
    Marcelo conoce muy bien esta propiedad ya que su padre -por entonces jefe de Telecomandos del departamento Eléctrico- la ocupó desde 1979. Es que, por ser empleado de F.F.C.C. en la ex línea Sarmiento, le fue asignada la vivienda. Este puesto lo ocupó hasta 1992, año en que se jubiló.
    Entre el '92 y el '94, FEMESA ubicó en el cargo a su hijo, Marcelo Maggi, quien es técnico electrónico y a través de un acta le hizo entrega de la vivienda.
    A partir de 1994, en pleno auge de las privatizaciones menemistas, el Ferrocarril del Oeste fue concesionado por Trenes de Buenos Aires (TBA). Al mismo tiempo, Maggi comenzó a debilitarse producto de una enfermedad que culminó con un trasplante renal el 3 de mayo de 1995, situación que lo llevó a que la empresa lo jubile por invalidez. 
    Esto, que parecía ser lo peor que podía pasarle a este hombre, no lo fue.


Demagogia en Moreno

    Un viejo anhelo de los morenenses siempre fue tener una estación acorde a la cantidad de usuarios de tren, ya que estaban cansados de cruzar por unos terrenos que por entonces parecían tierra de nadie. A su vez, para los dirigentes políticos de Moreno lograr esa obra era una manera de perpetuarse en el poder un tiempo más.
    Hace dos años el gobierno nacional anunció dentro del plan de obras de infraestructura la construcción de la “Nueva estación de Moreno”. A partir de allí, comenzó la pesadilla de la familia Maggi, quien está a punto de perder su casa por la desidia de la política.
    Cronológicamente, así se han dado las cosas: 
    1) Para comenzar la obra, la empresa Benito Roggio e hijos S.A., le exigió a TBA que le permitiera vallar la vivienda en cuestión para evitar probables accidentes en la excavación para las playas subterráneas.
    2) El escribano Zanotto -empleado municipal- intima a la familia Maggi para que desaloje el bien inmueble en 10 días, argumentando que lo habita ilegalmente.
    3) El Juzgado de Faltas de Moreno –fuera de toda jurisdicción- sostiene que la familia se debe ir “por que habita un espacio público” (la Ley 24.146 dice que “se debe ofrecer una solución habitacional adecuada”).
    4) A otro vecino del predio de F.F.C.C. lo aprietan: le ofrecen $ 20.000 “o la topadora de Roggio”. Este acepta el dinero para radicarse en Los Toldos.
    5) El ONABE (Organismo Nacional de Administración de Bienes), único titular del predio donde está situada la vivienda, envía a una dirección inexistente una orden de desalojo que tramita ante el Juzgado Federal Nº 2 de San Martín, sustentándose legalmente en una ley emanada del gobierno dictatorial de Juan Carlos Onganía, la Nº 17091. Dicha Ley sostiene “que se debe dejar el bien y posteriormente reclamar por los daños”.
    6) Maggi, por intermedio de su abogado, presenta un “recurso extraordinario” sobre el que la Cámara Judicial de San Martín tendrá que expedirse.
    7) El Dr. Marcelo Gradín –Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Moreno- relata ante las cámaras del canal local Telered que “nos presentamos como interesados políticos”, para logar el vallado.
    8) El diputado nacional (y ex intendente) Mariano West, declara en el canal de cable Señal Oeste, que "este hombre está deteniendo el progreso de todos los habitantes de Moreno”.
    Hasta aquí un pequeño resumen de los hechos. En un último intento de solucionar sus problemas, ante la inminente inauguración de la obra que costó 40 millones de pesos, Marcelo Maggi colgó dos carteles para que la gente, los medios y las autoridades se enteraran de su problema (Ver fotos).
    Fueron 48 horas de casi no dormir, por un lado principios de negociación: “bajar los carteles para arreglar”. Por el otro, aprietes de mercenarios pagos por el municipio para que no se vean los carteles en disputa.
    La única oferta concreta hasta ahora es el préstamo de una casa sobre la calle Pringles en el porteño barrio de Caballito, propiedad del ONABE, con opción a compra. Pero lógicamente sin especificar las condiciones de compra.
    Maggi cuenta con el apoyo solidario de ONGs, periodistas independientes y un pequeño y reducido grupo de amigos. También con una regresión de su enfermedad renal producto de la incertidumbre de no saber a quién recurrir.
    Ministros, diputados, funcionarios provinciales y nacionales se enteraron del problema cuando llegaban el jueves pasado a una acto post Rovira del presidente Kirchner.
    Más de 15.000 personas aplaudieron a Néstor Kirchner y al intendente Andrés Arregui, convocados por la hermosa y flamante estación de trasbordo que anhelaban los morenenses, a 50 metros del palco oficial se leían los carteles cuyo texto dice “el gobierno de los derechos humanos usa las leyes de Onganía para desalojar discapacitados”.
    Hoy a una semana del último acto, Maggi y su familia esperan una respuesta y todavía resisten no bajando los carteles.

Pablo Caruso