Desde hace unos años, podemos leer en los medios que ciertas compañías,
que en su momento encontraron un excelente negocio en la red mediante el
intercambio de archivos de música, fueron desapareciendo al tiempo que
debieron enfrentar millonarias demandas. Más tarde, algunas de estas
empresas volvieron al ruedo pero con un servicio pago.
Años más tarde, lo que las compañías denominan como
"piratería" fue evolucionando y hoy vuelven a estar en peligro de
extinción los programas de intercambio de archivos o "P2P", los
cuales son desde hace más de dos años controlados por una compañía
americana del estado de California BAY TSP Digital Tracking + Security +
Protection. La compañía se fundó en 1999 por Marcar Ishikawa un
experto con una amplia trayectoria en diferentes compañías de renombre y
que actualmente es el CEO de BAY TSP.
Básicamente, la firma hace un seguimiento de las obras
registradas de sus clientes, analiza en forma automática las redes y, una
vez detectado el archivo protegido o una actividad que ponga en riesgo los
derechos del mismo, procede a la disuasión o persecución penal del
infractor. Para esto, se utiliza un método llamado “spidering”, que
rastrea los archivos existentes en la red para localizar al primer usuario
en ponerlos en la red a disposición de otros usuarios. Una vez detectado,
el programa se descarga y comprueba la veracidad del archivo puesto a
disposición, ya que puede tratarse de un "facke" o de una versión
incompleta. Hecho esto, la compañía se vale de la dirección IP del
usuario y una vez identificado el proveedor de servicios ISP notifica a este
sobre la utilización ilegal del archivo protegido.
El siguiente paso es conocido: el proveedor del servicio
de Internet notificará a su cliente de la denuncia y le pedirá que chequee
la utilización de algún programa no permitido. En realidad esto no es más
que una simple chicana del proveedor que sólo intenta desviar su posible
responsabilidad ante una demanda concreta.
Al leer algunos de estos mails de aviso cuesta creer
tanta ingenuidad por parte de una empresa que sabe perfectamente qué hace y
qué recursos utiliza cada cliente. De hecho, existen varios proveedores en
el mundo que han bloqueado el acceso a determinados sitios o programas de
intercambio.
Al respecto de haber recibido algunos mail de clientes de
la firma Arnet, del grupo Telecom, con una vaga y genérica
advertencia, es que intenté ponerme en contacto con alguien de la firma,
pero luego de casi una hora de intentos, de no encontrar en los portales un
número de teléfono (ironías de una compañía dedicada a los medios de
comunicación), de hablar con operadores/as que no sabían de qué les
hablaba y la última recomendación de concurrir personalmente a una
sucursal de la calle Ecuador -de la que ni siquiera conocían el número de
teléfono para acordar una cita- caí en la plena seguridad de que a la
firma no le interesan los clientes en cuanto a soluciones.
Con esto no digo que Telecom sea la única empresa
en priorizar las ventas, pero no hay interés a las consultas importantes. Son
muchas las empresas que actúan así porque el Estado no controla los
servicios. Existen números de venta, gratuitos y bien destacados, pero
ninguno de atención a la prensa o el público en general. Y esto no es un
dato menor, ya que las demandas judiciales por estos “delitos” son
onerosas como para no ser claros con el cliente. En esto las compañías
juegan a la inocencia, ya que saben muy bien que la mayoría de los usuarios
de Internet online 24 horas hacen uso de los programas de intercambio de
archivos, sino difícilmente se justifique el pago de la misma, salvo en el
caso de profesionales y empresas.
Repito, para los que creen que esto aún no llegó a la
Argentina ya han sido multadas empresas por empleados que bajaban música de
Internet y varios particulares con diferentes valores.
En otros países han surgido casos similares y las multas
en euros han superado los 100 mil, pero también han surgido sitios
destinados a brindar información a los usuarios de los P2P, en ellos es
posible encontrar direcciones IP consideradas peligrosas para ser bloqueadas
por los usuarios o bien instalar un Firewall, que impida que la máquina se
contamine con algún archivo corrupto. Incluso algunos programas de
intercambio poseen accesorios que avisan sobre archivos peligrosos. Esto
consiste en que algunos archivos son fackes, otros son una especie de virus
o troyano que infectan el programa P2P o bien terminan actuando sobre la
conexión o el SO (sistema operativo).
En concreto y para concluir, la piratería es un delito,
de eso no cabe duda, pero también es cierto que a pesar de las sentencias
en contra, algunos tribunales europeos han considerado que el bajar
simplemente archivos no constituiría delito, sí el ofrecer material, como
también algunos han apuntado a las responsabilidades de los ISP.
Por lo que lo más prudente es no hacer uso de los
programas si no se tiene un profundo conocimiento de los riesgos. Como en
todos los ordenes de la vida, la decisión final es del usuario en asumir el
riesgo.
Queda pendiente que las autoridades además se ocupen del
control de calidad de los servicios, que no sólo está bien que recauden,
sino también que inviertan en los que les brindamos sus ganancias.
Si alguien de Arnet o Telecom lee esta
nota, tome el consejo de capacitar a sus operadores. Al menos que sean más
creativos a la hora de poner excusas, mi deber es informar y chequear la
información, no concurrir a ver si alguien sabe algo por las sucursales. Eso
es una canallada y una vergüenza institucional.
Marcelo Ricardo
Hawrylciw
Editor Diario El Sindical
FELAP N° 496