Durante las últimas semanas comenzó a instalarse en muchos sectores de la sociedad el temor a que haya un giro hacia el autoritarismo en el gobierno de Alberto Fernández. Hay diversos elementos que alimentan dicha sospecha. El primero es la concentración de poder que facilita la pandemia del COVID-19, lo cual quedó evidenciado con el DNU 457, por el que el presidente habilitó a Santiago Cafiero a manejar el presupuesto sin control del Congreso.

El jefe de Gabinete se defendió de las críticas de la oposición asegurando que no se trata de “superpoderes” y justificando estas nuevas facultades por el hecho de que vivimos un “momento extraordinario”.

De manera adicional, recordemos el tiempo que el Congreso estuvo prácticamente paralizado, hasta que las sesiones de los plenarios de Senadores y Diputados se reestablecieron por videoconferencia este miércoles. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo gobernó por decreto.

La influencia que Cristina Kirchner está ganando al interior del Gobierno también alimenta el temor a un giro autoritario en un marco de radicalización ideológica.

Este renovado poder de la expresidenta se manifiesta principalmente en el ámbito de la Justicia, una esfera sobre la cual está, cómo es evidente, particularmente interesada. De a poco, parecería ser que los jueces involucrados en maniobras de protección de funcionarios o personajes ligados al kirchnerismo logran esquivar a la Justicia.

Es el caso del Dr. Canicoba Corral, ya que el pasado jueves el Consejo de la Magistratura (con el apoyo de los consejeros kirchneristas) comenzó a avanzar en la desestimación de las denuncias que existen en su contra. Este juez federal acumula cuatro acusaciones por supuesto enriquecimiento ilícito, viajes en aviones privados de empresarios amigos, presuntos sobornos y un pedido de coimas al ex jefe del SOMU, Omar "Caballo" Suárez.

El Consejo de la Magistratura desestimó también las denuncias contra el juez Luis Rodríguez, acusado de cobrar una coima millonaria para favorecer a Daniel Muñoz, el fallecido secretario de Néstor Kirchner que invirtió sumas millonarias en el sector inmobiliario en los Estados Unidos.

Asimismo, las medidas intervencionistas sobre la economía en general y sobre el mercado cambiario en particular son un tercer factor que contribuye a la desconfianza respecto de una potencial radicalización ideológica.

El Banco Central ha emitido una serie de resoluciones que buscan obstaculizar seriamente la dolarización de activos de las empresas y exponer a quienes realicen estas maniobras. Además, la intervención sobre el mercado cambiario intenta reducir la brecha que existe entre el dólar oficial y los tipos de cambio paralelos, por supuesto sin éxito alguno.

Todas estas acciones no hacen más que aumentar el miedo tanto entre las empresas como entre los ciudadanos de a pie, que hace tiempo vienen retirando de los bancos sus depósitos en dólares. Solamente desde el lunes 20 de abril, cuando se flexibilizó la cuarentena para la atención al público en los bancos, salieron del sistema financiero más de 1.000 millones de dólares. Justificado por una historia reciente llena de antecedentes preocupantes, los argentinos temen por una nueva violación a los derechos de propiedad que se manifieste a través de una pesificación, “corralito” a los dólares o algún otro mecanismo que les impida acceder a sus ahorros.

También hay quienes piensan que puede haber una ola de estatizaciones. Hace unos días comenzó a difundirse un sondeo de una empresa ligada a La Cámpora la que se preguntaba a los encuestados el nivel de acuerdo ante una potencial estatización de las empresas de energía. Según dicho sondeo, un 64% de los consultados estaría de acuerdo con estatizar las distribuidoras de energía y gas. Por último, vemos con cierta frecuencia algunas expresiones por parte del propio Alberto Fernández o funcionarios del gobierno en contra del empresariado, acusándolos de especular con los precios, acumular stocks o cuestiones similares.

Hay entonces razones plausibles para comprender de dónde proviene el temor que existe a un giro hacia el autoritarismo y la radicalización, tomando en conjunto las manifestaciones que hemos enumerado. Sin embargo, ¿existe un consenso social suficientemente amplio para una salida autoritaria en la Argentina? Es cierto que pueden existir actores específicos que coquetean con la idea. Sin embargo, para que esto ocurra debe haber un cierto grado de aprobación por parte de la ciudadanía. Una profundización de los rasgos más radicalizados del gobierno requeriría de una coalición que avale la implementación de dichas políticas. ¿El populismo más radicalizado, algunos de cuyos exponentes son parte del gobierno, tiene acaso una coalición amplia y versátil que lo respalde y le brinde sostenibilidad?

Una de las maneras para intentar dar respuesta a estos interrogantes es a través de la historia. Antes de la vuelta a la democracia, en 1983, nuestro país tuvo una larga trayectoria de autoritarismos, entre 1930 y 1983 hubo 5 gobiernos de facto que establecieron dictaduras militares. Entre 1916 y 1930, tuvimos una transición a la democracia muy interesante, pero no hubo alternancia en el poder de distintos partidos ni una consolidación plena. También, hubo múltiples denuncias de fraude y abundaron las intervenciones federales por decreto a muchas provincias para favorecer al partido del gobierno. A partir de 1930, los golpes militares y los gobiernos de facto se intercalaron con democracias acotadas. Por ejemplo, eso ocurrió con las administraciones de Illia o Frondizi, con partidos proscriptos y otros instrumentos de censura política. Las experiencias autoritarias y las democracias limitadas incluyeron episodios de enorme violencia producto de la radicalización tanto de izquierda como de derecha. Esto no sólo se manifiesta en los enfrentamientos y el terrorismo de Estado durante las décadas del 70 y del 80, sino también mucho antes con persecuciones y matanzas como la Semana Trágica en 1919 o la Patagonia rebelde unos años después. Más el uso de la tortura, apremios ilegales y represiones excesivas por parte de prácticamente todos los gobiernos de la época.

En síntesis, Argentina tuvo a lo largo de su historia coaliciones políticas y sociales lo suficientemente amplias y versátiles como para que lleguen al poder gobiernos autoritarios. Los autoritarismos y los episodios de extrema radicalización durante todo el siglo XX no pueden explicarse con la llegada al poder de un puñado de actores minoritarios, sino que existió un nivel mínimo de consenso entre la dirigencia política y la sociedad civil de aquel entonces para que estos se manifiesten.

Por lo tanto, la historia confirmaría la posibilidad de que en la Argentina exista un giro hacia el autoritarismo, sobre todo cuando, como hemos visto, el sector del kirchnerismo más radicalizado lo promociona públicamente. Sin embargo, no debe perderse de vista que la historia pegó un giro a partir de 1983 y el país que tenemos desde el retorno a la democracia ya no es el mismo: la ciudadanía y la clase política se han transformado mucho, generando umbrales de cultura y prácticas democráticas relativamente altos.

En las últimas décadas el votante medio se ha corrido hacia el centro del espectro ideológico favoreciendo la moderación política. Este corrimiento del electorado y la consolidación de las instituciones democráticas ahuyentan la radicalización y las salidas autoritarias. En consecuencia, el propio sistema político termina por aislar a los candidatos que se corren del centro ideológico. Una profundización del autoritarismo y la radicalización parece posible al analizar la historia, pero resulta improbable desde el punto de vista electoral, sobre todo si el gobierno aspira a seguir siendo competitivo de cara a 2021.