El desconcierto oficial generado en el gobierno por los efectos colaterales de la pandemia, está alcanzando ribetes disparatados. El oficialismo no sólo no sabe que decisiones tomar sino que las señales que envía a la sociedad son cada vez más confusas y cuanto menos poco prácticas.
Todos los anuncios e iniciativas que plantea el gobierno se parecen a un show cómico propio del teatro del absurdo. Desde la provincia de Buenos Aires, se insiste en culpar a la ciudad de Buenos Aires como la gran responsable del aumento de casos de Covid-19, planteando una disputa política en medio de la crisis sanitaria, pisoteando la vida de los difuntos por la enfermedad.
Pero dicho en términos crudos, en el núcleo de infecciones se encuentra en las villas que rodean a la Capital Federal, debido a las paupérrimas condiciones de vida de la gente que subsiste allí pero que no se refleja aún porque no se hacen los test necesarios porque faltan insumos. En otras palabras, se esconde debajo de la alfombra los casos de coronavirus porque no hay plata para hacer los testeos.
Si hay que agregar disparates, el gobernador bonaerense le puso la frutilla al postre cuando dijo que “la normalidad no existe más. Es un sueño o una fantasía o un suicidio colectivo”. Esto es lo mismo que decir, “yo soy el garante de la anormalidad, el resto es un suicidio colectivo. Sigamos en la anormalidad. Aquí estamos más seguros”. Una sentencia propia de alguna novela de ficción al estilo Bradbury en su locura ardiente del Farenheit o de la felicidad del Mundo de Huxley.
Algo similar se puede leer en las declaraciones de un vocero oficial al señalar que ya no importan los plazos en la negociación de la deuda, ya “nos preparamos para un default controlado”, dando rienda suelta a una nueva categoría de incumplimientos.
También en la misma categoría de disparates puede anotarse la iniciativa lanzada por la diputada Fernanda Vallejos para quedarse con parte del paquete accionario, de aquellas empresas que recibieron préstamos para pagar sueldos durante la pandemia, justificado en que si el Estado tiene que pagar los sueldos, se puede quedar con parte de las acciones de esas compañías privadas.
En tren de delirantes y con el mismo criterio, a un grupo de trasnochados se le puede ocurrir tomar el poder porque con sus impuestos les paga el sueldo a los funcionarios de turno. Y siguen los absurdos.
El mismo grupo político que votó en contra de la ley de movilidad jubilatoria y que dijo que le iba a dar medicamentos gratis a los jubilados con los intereses que se pagan de las LELIQ, termina metiéndole la mano en el bolsillo a los pasivos, al otorgarle la mitad del ajuste previsional que le correspondía legalmente, dando rienda suelta al inicio de miles de demandas contra el Estado.
Demasiado por hoy…