Si no fuera porque la sociedad está atravesando un momento angustiante, algunas acrobacias verbales del kirchnerismo con la economía provocarían carcajadas. Desde que se instaló, la interpretación canónica de la crisis en la que está sumergido el país es la siguiente: "Nos endeudamos con el Fondo Monetario Internacional para que los dólares se los lleven los amigos de Macri". La tensión creciente en la negociación de la deuda y una brecha cambiaria que casi alcanza el 100% aconsejaron ofrecer una demostración práctica de aquella perversidad: publicar la lista de los que "fugaron" divisas bajo el neoliberalismo de Cambiemos.

Kissinger siempre recomendó que, en política, nunca hay que hacer una pregunta si no se sabe de antemano la respuesta. Los voceros oficiales ignoraron el consejo. Y el truco salió mal. Entre los principales especuladores que "se llevaron los dólares" figuraban los expertos en mercados regulados Enrique, Sebastián, Matías, Esteban y Valeria Eskenazi, a quienes Néstor Kirchner convirtió en dueños del 25% de YPF; Ricardo Benedicto, Héctor Cruz y Federico de Achával, socios de Cristóbal López en el negocio del juego; Mauricio Filiberti, feliz dueño de Transclor desde que la titular de AySA, Malena Galmarini, agrega al agua un poco más de cloro "por las dudas", y Adrián Werthein, a través de quien el expresidente fallecido intentó ingresar a Telecom (una curiosidad: ¿qué pasa con Adrián Werthein que dejó de frecuentar los lugares habituales?). Conclusión: cuando se iba a desenmascarar a los amigos de Macri, aparecieron los amigos de Néstor. "Puede fallar", decía Tu Sam.

Lo relevante no es el papelón, sino lo que se pretendía reprochar. Porque la intención con la que se publicó la lista pone en evidencia una riesgosa deficiencia del kirchnerismo para interpretar los problemas económicos. No hace falta aclarar que las compras de divisas que se denuncian no fueron realizadas al margen de la ley. Gente que tenía pesos declarados y por los cuales, se supone, había pagado sus impuestos decidió comprar un bien. En este caso, dólares. Para depositarlos en el exterior o para comprar una casa en el país. Da lo mismo. Cuestión suya. Aun así, muchos dirigentes del kirchnerismo están llevando esta discusión al campo institucional. Los pedidos de informes parlamentarios darán lugar, casi seguro, a las presentaciones judiciales. Es llamativo. Porque se trata de un homenaje póstumo a Claudio Bonadio, quien decidió procesar a Cristina Kirchner y, entre otros, a Miguel Pesce por la política cambiaria. Estas observaciones jurídicas son intrascendentes frente a la pregunta central: ¿por qué la gente quiere dólares o cosas que están "hechas de dólares"? Porque huye del peso, una moneda cuyo valor se deteriora cada día un poco más.

El derrumbe de la actividad económica provoca una caída dramática en la recaudación fiscal. Justo cuando el Estado debe gastar más para asistir a empresas y particulares castigados por la cuarentena. Esa presión sobre el Tesoro se resuelve con emisión monetaria. Aquí está la raíz de la pérdida de valor del peso. Y el motivo por el cual el público busca refugio en el dólar. Así se explica que, en un período del año en el que el Banco Central suele comprar divisas, estén cayendo las reservas. Al interpretar que esta dinámica se debe a la perfidia ideológica y no a un sistema de incentivos fijados por la propia política económica, el Gobierno agrava el problema que intenta corregir. La lectura equivocada provoca más incertidumbre.

Las autoridades suponen que esa incertidumbre se agota en las dificultades para reestructurar la deuda e intentan apurar el paso. El trámite también exhibe peculiaridades que arrancan una sonrisa. La más notoria es la siguiente: el Ministerio de Economía esgrime que solo puede moverse unos milímetros de su última oferta porque el Fondo Monetario Internacional le puso un límite. Es una coartada inesperada. Hace apenas siete meses el mismo grupo político prometía que las decisiones económicas se tomarían en Buenos Aires y no en Washington. El Fondo, que era el verdugo, ahora es un aliado. Es razonable: se trata del principal acreedor de la Argentina y, por lo tanto, un socio provisorio del Gobierno en el objetivo de doblegar las pretensiones de los bonistas privados. El Fondo y los tenedores de bonos compiten por la misma caja. Esa es la razón por la cual fijó un límite tácito a lo que Martín Guzmán puede ofrecer: bonos cuyo valor presente neto promedio, calculado a una tasa de descuento del 10%, no superen los 50 centavos de dólar. El 22 de abril, Guzmán había ofrecido, según el mismo criterio, 40 centavos, y el 26 de mayo, 47. Sigue siendo un misterio por qué eligió negociar en público, de tal manera que todo el mundo advierta las concesiones del movimiento nacional y popular al sistema financiero. Otra vez Kissinger: nunca hagas una pregunta...

La última oferta se aproximó un poco más al paladar de los acreedores. Promete pagar los intereses devengados hasta que se firme el acuerdo con un bono cuyo vencimiento se fijó en 2032. Ese papel aumenta el capital comprometido. La quita, que el 22 de abril era de unos 3200 millones de dólares, se redujo a unos 130. Casi desapareció. El bono 2032 tiene un efecto inmediato: permite a los bonistas seguir negociando sin perder tanto dinero. Todo lo que vaya venciendo en el camino se acumula en el precio de ese título.

También en el plazo hubo una atención a los bonistas: la duración promedio de la oferta original, de 13,4 años, pasó a ser de 13 años. El ahorro que piensa Guzmán se basa, entonces, en la tasa de interés. El promedio de la deuda vigente es de alrededor de 6,30%; la oferta de abril la contrajo hasta 2,39%. El 26 de mayo aumentó a 2,69%.

Guzmán no se puede estirar mucho más. No solo porque el Fondo le fijó, tal vez a pedido suyo, un límite. También porque debe ajustarse a que la ley de administración financiera establece que la reestructuración debe derivar en un beneficio de dos de estas tres condiciones: capital, plazo y tasa de interés. ¿Alberto Fernández intentará modificar esa ley? El ministro podría tomar una diagonal: ofrecer un pago en efectivo. Sería coherente con sus antecedentes: empezó la negociación después de haber pagado unos 4000 millones de dólares que, por un motivo enigmático, decidió no reestructurar.

Guzmán cuenta con una ventaja: los bonistas también quieren un acuerdo. Esa ventaja se la debe al "entreguista" Macri. El fallo de Thomas Griesa en el arreglo con los holdouts estableció como resarcimiento el monto original de la deuda con un interés equivalente al de la Reserva Federal, que hoy rondaría el 0%. Es un parámetro para quienes quieran recurrir al juzgado. Además, el acuerdo que alcanzó Alfonso Prat-Gay en 2016 se cifró en bonos con cláusulas muy beneficiosas para el Estado: el que quiera ir a juicio debe conseguir la adhesión del 25% de los tenedores del papel impago; si gana el juicio, debe repartir lo que consiguió entre los demás bonistas; para forzar un acuerdo alcanza conseguir la aceptación del 50% de los bonistas, y no del 75 u 85% de las reestructuraciones anteriores.

El discurso para inocular fervor patriótico en una oferta de 50 centavos de valor presente neto ya comenzó a esbozarse: el Gobierno dirá que hubo una quita del 50% en el precio de los bonos. Será, como todas las quitas del kirchnerismo, "la más grande de la historia". El ardid salta a la vista. Se compara el valor nominal del bono con su cotización en el mercado. La realidad es otra. El oficialismo se obligaría a seguir pagando 1 dólar por el papel cuyo valor nominal es 1 dólar. El precio de 50 centavos es el valor de mercado de ese bono. Compara con los 40 o 41 centavos que ayer cotizaban, promedio, esos papeles. Y con los 25 centavos que llegaron a valer hace semanas. En otras palabras: la quita que lleva el precio de 1 dólar a 40 centavos ya la hizo el mercado. No Guzmán. El ahorro que consiga el ministro habrá que calibrarlo por el recorte de los intereses. Pero, en términos de monto total de la deuda, el ministro saldrá de la negociación con la cifra que figuraba cuando entró.

Hay expertos que plantean una incógnita. En términos de Guzmán: ¿es sustentable ese número? ¿O supone desembolsos del FMI? ¿El Gobierno está dispuesto a aceptar las condiciones de un programa? Consultar en el Instituto Patria.

El ministro pretende lanzar su propuesta definitiva antes del viernes de la semana que viene. El oficialismo cobija la expectativa de que un acuerdo iniciará la recuperación de la economía. Es posible que mejore un poco el clima. Pero el problema central seguirá vigente. Cómo recuperar el valor del peso. Sin resolver esa cuestión, seguirán las tensiones cambiarias. Las reiteradas intervenciones del Banco Central demuestran la gran preocupación. Desde la semana pasada, las empresas que tengan fondos en dólares tienen prohibido el acceso a ese mercado. Tanta inquietud abre entre los profesionales un interrogante sobre el monto de las reservas netas del Banco Central. Aunque hay evaluaciones más dramáticas, el mercado confía en que sean 19.000 millones de dólares, incluido el 50% del swap con China.

La presión sobre esas reservas está impulsada por la caída de la actividad económica, que hace prever una mayor pulverización del peso por la emisión monetaria. La cuarentena está en el núcleo de esta cuestión. El Gobierno crea 300.000 millones de pesos nuevos por mes. Aun así, la asistencia a los castigados por la recesión es insuficiente. El propio Alberto Fernández explicó que los negocios que reabrían en la Capital Federal registraban la mitad de las ventas anteriores al aislamiento. Lo justificó en que faltan recursos para comprar. Ayer Gustavo Beliz lo reunió con un grupo de empresarios de distintos sectores, con la expectativa de establecer una rutina de contactos. Y, de paso, desalentar otros circuitos. Por ejemplo: algunos interesados en problemas del transporte visitan a Sergio Massa y, desde allí, al ministro Mario Meoni. Una poderosísima figura del sector se habría extrañado de que lo hicieron acompañar por el gestor Adrián Kochen. Habladurías.

Los hombres de negocios que visitaron a Fernández expusieron el problema: si no se fortalece el peso, no hay inversión posible. La ayuda que reciben los necesitados es insuficiente: de 18 millones prestaciones que corresponden al Ingreso Familiar Extraordinario de dos meses se pagaron solo 7 millones. Los bancos ofrecieron créditos a pymes que necesitan pagar sueldos por 27.000 millones de pesos. La demanda se detuvo en 10.000 millones. En la reunión de ayer el empresariado planteó la necesidad de mantener el régimen que permite suspensiones con un recorte del 25% del salario. Un desafío para Fernández delante de su vicepresidenta. Para que la continuidad del diálogo ideado por Beliz no se frustre, nadie se animó a pedir el final de la cuarentena. Dejaron esa demanda para Horacio Rodríguez Larreta, que seguía en la lista de visitas. Larreta pretende flexibilizar las medidas, mientras Axel Kicillof tiene pesadillas con asentamientos y villas de emergencia. El aislamiento obligatorio tiene, además de un límite económico, un límite social. Es el dilema de Fernández. Kicillof le dice que el 70% de los vecinos del Gran Buenos Aires aprueban la cuarentena. Y Larreta le dice que el 80% de los mismos vecinos quieren volver a la normalidad. Es la misma encuesta. Los dos tienen razón.

Ningún empresario habló con todas las letras del atraso cambiario. Pero en las compañías circula un dato: se desplomaron los despachos mayoristas de cemento, pero aumentaron los minoristas. Las familias que tienen alguna capacidad de ahorro huyen del peso y atesoran bolsas de cemento (Diario La Nación).